Los entornos de pobreza y los productos de la crisis económica han llevado a cientos de mujeres a realizar actividades de comercio sexual. Aunque los números son difíciles de recopilar debido al estigma y la persecución, se estima que en México hay alrededor de 600 mil trabajadoras sexuales.
Sin embargo su trabajo se ha visto imposibilitado por el tradicionalismo de la sociedad y la actuación de las autoridades que, bajo el pretexto de la aplicación de la Ley General de Trata de Personas, intimidan y abusan de los derechos humanos de esta población económica.
De acuerdo con el Informe México México 2018, realizador por Francisco Javier Lagunes Gaitán, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C., y la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por sus sigas en inglés), en Guadalajara el ambiente del trabajo sexual se circunscribe en la utilización de la ley de trata para iniciar redadas y enjuiciamientos del trabajo sexual consentido.
Se señala que la policía municipal y la fiscalía muestran pruebas irregulares en estos casos, tomando los condones de las trabajadoras sexuales como evidencia de que hay casos de trata en los espacios dedicados al comercio sexual.
“Aquí las mujeres caminan libremente, sin tener todos sus movimientos controlados. Hace dos años, la policía vino a mi casa y, como no pudieron encontrar nada irregular, cerraron temporalmente tres habitaciones porque dijeron que ‘tenían que mostrarle a su jefe que habían hecho el allanamiento’ (…).
“Me encantaría poder proporcionar condones a nuestros clientes, pero el riesgo es demasiado alto ya que han cerrado y presentado cargos de trata de personas en al menos tres lugares en función de la presencia de condones”, señala en el informe un hombre identificado como Carlos, dueño de un hotel utilizado para trabajo sexual en Guadalajara.
Este entorno prohibicionista, contrario a lo que se espera de la aplicación de la ley de trata, señala la investigación, que se presenta este lunes por la tarde en el Centro Social Ruptura, que expone a las mujeres a decantarse por entornos más inseguros bajo el cuidado de cárteles de la droga.
“En un entorno prohibicionista, los cárteles podrían representar la única oportunidad de las trabajadoras sexuales para ganarse la vida, exponiéndolos así a las peores condiciones posibles de explotación, abuso y peligro para sus vidas e integridad, incluso sometiéndoles a la trata de personas”, se lee en el informe.
Patricia Campos López, jefa de la Oficina Latinoamericana de la AIDS Healthcare Foundation en Guadalajara, advierte que este entorno compromete el trabajo y la integridad de las mujeres trabajadoras por el hecho de quedar en medio de las disputas de plaza de los grupos del crimen.
“Cuando hay peles por el control de la plaza, las trabajadoras sexuales se quedan frecuentemente atrapadas en medio. Las trabajadoras sexuales necesitan el respeto más básico de sus derechos y su autonomía”, expresó Campos López.