Originalmente, la intención era que las Fuerzas Armadas combatirían la criminalidad de manera temporal, pero su regreso a los cuarteles luce lejano
El impasse en el que se encuentra la Ley de Seguridad interior en el Congreso de la Unión ha provocado que los mandos militares y hasta el presidente hayan alzado la voz para exigir a los legisladores la aprobación de esta iniciativa que lleva casi un año congelada.
Pese al creciente descontento de las fuerzas armadas y un evidente desprestigio institucional, los legisladores federales no han tenido voluntad política para sacar adelante uno de los grandes pendientes legislativos en el país.
En el papel, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es una prioridad en el Congreso de la Unión, pero en la práctica ha quedado rezagada al lado de otros grandes pendientes de discusión urgente.
Es por ello que el propio presidente Enrique Peña Nieto, en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, ya se sumó a las voces que demandan una pronta aprobación de la legislación.
El pasado jueves, desde el Campo Militar número uno hizo un llamado al Poder Legislativo a trabajar para dar seguridad jurídica a los cuerpos castrenses para desempeñar las tareas de seguridad interior.
“Mientras sea necesaria su intervención, también es deber del Estado proveer a las fuerzas armadas un marco legal que dé certeza a su actuación. Seguiremos trabajando junto con el Poder Legislativo para dar seguridad jurídica a quienes desempeñan estas funciones”, dijo Peña Nieto.
Un día antes, el miércoles 26 de julio, el secretario de Marina, Vidal Soberón, pidió una vez más que se legisle lo antes posible la Ley de Seguridad interior para que los efectivos de la Marina se puedan sentir respaldados para que puedan llevar a cabo de manera más eficiente sus tareas.
“Una responsabilidad que sea respaldada lo antes posibles, mediante la creación de una Ley de Seguridad Interior, marco jurídico que establezca los niveles de competencia de las policías municipales, estatales y federales, así como el procedimiento a seguir para solicitar el apoyo de las fuerzas armadas en caso de que las autoridades policiacas sean rebasadas”, dijo Soberón.
Ante la ineficacia e incapacidad de los tres niveles de gobierno para preparar y capacitar a los cuerpos policiacos civiles, ha sido el Ejército y en menor medida la Marina quienes han asumido la responsabilidad para combatir la criminalidad, sin embargo, a más de 10 años de que salieron de sus cuarteles, no ha habido un avance en la conformación de cuerpos de seguridad confiables.
Durante todo este tiempo, han venido realizando estas tareas sin certidumbre legal.
Originalmente, la intención era que las Fuerzas Armadas asumirían estas tareas de manera temporal, sin embargo, ante la situación que vive el país en cuanto a seguridad y la poca confiabilidad de los cuerpos policiacos, el regreso a los cuarteles luce lejano.
Precisamente una de las intenciones de los mandos militares con la aprobación de la Ley, más allá de legitimar su actuación, es establecer plazos legales y mecanismos para un eventual regreso a los cuarteles y sobre todo, que existan lineamientos claros para determinar las circunstancias en las que las fuerzas armadas deban intervenir.
El primero en hablar públicamente sobre el tema fue el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien en diciembre pasado expresó alto y claro que los militares no se encontraban a gusto con el papel que estaban desempeñando en la lucha contra la delincuencia.
No solo se sentían incómodos, sino que perciben que su labor se ha desnaturalizado.
“No estudiamos para perseguir a delincuentes”, afirmó Cienfuegos.
En esa ocasión también criticó fuertemente a las autoridades civiles a nivel estatal y municipal por su falta de compromiso para enfrentar la criminalidad y, sobre todo, hizo un nuevo llamado a los legisladores para que le dieran un marco legal que brinde certeza a la actuación de las fuerzas armadas.
Parálisis legislativa
Siete meses después, las fuerzas armadas continúan en la misma situación. La Ley de Seguridad Interior continúa sin avance, a la par de que las voces que exigen un marco legal para la actuación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia cada vez se escuchan más fuertes.
Aunque durante este año se han presentado al menos tres diferentes propuestas de Ley de Seguridad Interior y ya existía una anterior, el tema se ha politizado a tal modo que han sido los desacuerdos entre las diferentes facciones lo que ha frenado la discusión y aprobación del dictamen.
Una de las principales diferencias que han salido a flote ha sido que los panistas habrían condicionado su voto si se aprobaba primero una Ley de Mando Mixto, mientras que los legisladores priistas insisten en que continúe el mando único.
Dado el carácter urgente y los llamados enérgicos por parte de las fuerzas armadas, se esperaba que antes del arranque del periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de septiembre, la Ley ya se hubiera aprobado, sin embargo, la falta de condiciones políticas es lo único que la ha frenado.
A pesar de que el tema está catalogado como urgente dentro de la agenda del Congreso de la Unión, que ya suma un gran número de pendientes legislativos, los diputados y senadores no lograron llegar a un consenso para llamar a un periodo extraordinario y poder desahogar temas tan relevantes como la propia Ley de Seguridad Interior o los nombramientos faltantes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Mientras los legisladores federales están lejos de llegar a algún acuerdo y la Ley continúa congelada, las fuerzas armadas siguen al frente de la lucha contra la delincuencia en el país, en primera línea, con poca certeza jurídica y esperando que sus voces sean escuchadas.
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