Ley impostergable

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La presión de las Fuerzas Armadas rindió frutos: hoy los diputados discutirán la Ley de Seguridad Interior a pesar de que el PRI va sin los consensos con las principales fuerzas de Oposición, el PAN y el PRD.

La discusión sobre el ordenamiento que daría un marco legal a las operaciones del Ejército y la Marina se dará en un clima de descontento por parte de organizaciones sociales, que se han pronunciado en contra de regularizar las actividades militares en la seguridad pública sin profesionalizar a los cuerpos de policía.

En el Congreso, el ambiente electoral ha empantanado la discusión de este tema que ha valido a los legisladores el repetido reclamo del Ejército y la Marina.

El PRI trató de buscar consensos durante todo el año; el PAN y el PRD condicionaron la aprobación de esta legislación a la del Mando Mixto policial, que ya fue aprobada por el Senado pero ayer fue rechazado en comisiones.

Ante la presión de las Fuerzas Armadas para aprobar esta ley antes del proceso electoral, el último recurso de los priistas es someterlo a discusión en la Comisión de Gobernación, donde cada partido deberá expresar públicamente su postura.

El PRI aplicará la mayoría que mantiene con quienes han sido sus aliados legislativos, el PVEM, Nueva Alianza y el PES.

El tema será discutido esta mañana en la Comisión de Gobernación; de aprobarse, podría pasar de forma inmediata al Pleno de la Cámara de Diputados para que sea aprobada hoy o la próxima semana.

Sin embargo, los partidos de Oposición han dicho que no permitirán que se apruebe esta legislación sin que antes se obligue a los estados a mejorar a sus policías.

Sea a favor o en contra, la posición de los partidos será usada por sus oponentes como un recurso electoral.

Por un lado, el PAN ha acusado que no está a favor de la militarización de la seguridad, a pesar de que fue en el sexenio del panista Felipe Calderón cuando las Fuerzas Armadas salieron a las calles.

El PRI ha señalado a sus detractores de no querer dar solución al problema de inseguridad. Ambas posturas serán utilizadas electoralmente para atacar a sus adversarios.

En un predictamen que circula entre los integrantes de la Comisión de Gobernación, se establece la facultad que tendrá el Ejecutivo de enviar a las Fuerzas Armadas a actuar en tareas de seguridad interior y la forma en que los gobernadores pueden solicitar su apoyo.

Después de varios llamados de las Fuerzas Armadas y en un momento en que los niveles de inseguridad han aumentado, a la Ley de Seguridad Interior le llegó su hora.

¿Contención o rienda suelta?

La Ley de Seguridad Interior es un instrumento jurídico que busca reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior –no de seguridad pública- y su intervención en situaciones que puedan poner en riesgo a las instituciones o a las personas.

¿Qué es la seguridad interior? La propia Ley la define como: “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

Aunque en el borrador del dictamen que se discutirá este jueves, del que Reporte Indigo tiene copia, se establece que las facultades de las Fuerzas Armadas no se extienden a las tareas de seguridad pública porque sólo auxilian a las autoridades civiles más no las sustituyen, también se dice que ante el tamaño del reto es necesario “establecer medidas extraordinarias”.

“Tenemos que reconocer que los constantes crecimientos de las amenazas internas han puesto en vulnerabilidad a algunas instituciones del Estado, situación que no puede enfrentarse en algunos casos con las fuerzas civiles con que se cuenta y, aceptar ese hecho es tener la responsabilidad de emprender acciones que sean lo suficientemente aptas para controlar la situación.

“Para decirlo claro, el problema de la seguridad interior en áreas geográficas determinadas, ha rebasado a la autoridad civil, lo que justifica la necesidad de establecer medidas extraordinarias en tanto haya condiciones para retornar a la normalidad”, argumentan los congresistas.

Los diputados decidieron incluir como situaciones que afectan la seguridad interior todas las que se incluyen como amenazas en la Ley de Seguridad Nacional, como el espionaje, el terrorismo, la rebelión, los actos que impiden a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada y otros.

En el caso de la seguridad interior, los legisladores añadieron que las Fuerzas Armadas pueden actuar ante circunstancias que atenten contra la infraestructura o el funcionamiento de las instituciones; o que dañen gravemente a la población, como las emergencias, los desastres naturales y hasta las epidemias o las contingencias de salubridad.

Para realizar su tarea, sostiene el proyecto de Ley, las Fuerzas Armadas se apoyarán en labores de inteligencia, en las que “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, se lee en el artículo 30.

De acuerdo con el predictamen, el presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas en los casos en que haya amenazas que representen un “grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, dice en su artículo 16.

Eso sí, la Ley acota que si esto ocurre, deberá hacerse la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior a la brevedad.

Esta Declaratoria es el mecanismo mediante el cual el Ejecutivo federal o los gobiernos locales pueden solicitar la intervención del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea ante las amenazas a la seguridad interior.

Los gobernadores o los congresos locales deberán pedir al Ejecutivo federal la intervención de las Fuerzas Armadas, entregando una solicitud donde se justifique la petición y todo un estudio del problema.

La expedición de esta Declaratoria quedará en manos del presidente de la República, considerado comandante supremo de las Fuerzas Armadas y para lo que sólo se pide que haya una consideración previa del Consejo de Seguridad Nacional.

El tiempo máximo que puede durar la Declaratoria y, por ende, la intervención de las Fuerzas Armadas en ciertos territorios es de un año; sin embargo, se deja abierta la puerta a que esto sea indefinido, pues la petición de los gobiernos locales puede repetirse las veces que sean necesarias.

Si al aprobarse esta Ley hay contingentes de Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad interna, el predictamen establece que se debe tramitar la Declaratoria en un plazo no mayor a 90 días.

A lo largo de todo el documento se repite que la acción de las Fuerzas Armadas debe garantizar el respeto a los derechos humanos y que la protesta social y política no violenta no está considerada una amenaza a la seguridad interior –aunque no se establecen los parámetros para decidir si una manifestación es o no violenta-.

¿Albazo legislativo?

Mientras el PRI argumenta que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es la máxima prioridad para su bancada, la Oposición y las organizaciones de la sociedad civil han acusado que se trata de un albazo legislativo para imponer esta legislación.

Paloma Guillén, diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Gobernación, aseguró que la Ley no militariza al país y afirmó que tienen ya amarrada una alianza legislativa con el PVEM, Nueva Alianza y el PES.

“No hay ninguna represión, hay un artículo específico en donde se prohíbe que las fuerzas armadas tengan algo que ver con la represión de movimientos sociales, o de cualquier tipo (…) No tiene nada que ver con la militarización del país, porque no se suspende ninguna garantía individual, no estamos hablando de estados de excepción”, afirmó.

“No solamente reglamentar la tarea del Ejército porque entonces en los hechos lo que estaríamos haciendo –y no compartimos—es militarizar la seguridad en nuestro país, eso sería un paso incorrecto”, sentenció Cortés.

Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, anunció que votarán en contra porque consideran que las amenazas que se citan en el texto son ambiguas; se permite la discrecionalidad en el manejo de la Ley; hay una ausencia de controles y contrapesos; criminaliza la protesta social; e incentiva que los estados no mejoren a sus cuerpos policiales.

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