Ley General de Aguas, la legislación pendiente

México debe tomar acciones de forma urgente para evitar una crisis hídrica en los próximos años. Por ello, es urgente que se apruebe una nueva Ley General de Aguas.

Así lo revela el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su más reciente estudio titulado: “México necesita modernizar su legislación de aguas”, publicado el 21 de marzo de este año.

“El primer eslabón es modernizar la legislación para adaptarla a la nueva realidad, donde se modernicen las concesiones, su monitoreo y vigilancia, así como las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento para la infraestructura hídrica”, explica.

La falta de una normativa que regule las aguas del país es un problema con el que México carga desde hace más de una década a pesar de las necesidades hídricas de la población, al creciente número de sequías y al cambio climático.

Fue en febrero de 2012 cuando se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4° constitucional.

Sin embargo, después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y del plazo concedido de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas que sustituiría a la Ley de Aguas Nacionales de 1992, su aprobación aún está pendiente en el Congreso de la Unión.

Desde entonces, se han presentado 14 iniciativas para la nueva Ley General de Aguas, sin que ninguna logre salir adelante debido a la falta de capacidad de los legisladores de las distintas bancadas para generar acuerdos.

La Corte pone ‘deadline’

En enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas y ordenó tanto a los diputados como a los senadores a expedirla antes de agosto de 2024, cuando termina la actual legislatura.

“En sesión del Tribunal Pleno se determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio, al no haber emitido la Ley General de Aguas a que se refiere el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución general, en relación con el tercer transitorio del decreto que dio origen a dicha disposición, publicado el 8 de febrero de 2012.

“Dicha omisión vulnera las atribuciones constitucionales en materia de aguas, pues afecta la participación en el acceso y uso sustentable de los recursos hídricos y la facultad de proveer a la población los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales”, informó el Máximo Tribunal en su comunicado número No. 024/2022.

Más allá de la ley

Un marco legal y regulatorio más moderno no resolverá por sí solo los retos de la gestión del agua, pero es una condición indispensable para encaminar al país hacia sistemas hídricos más eficientes que garanticen el acceso al líquido para todos los mexicanos, explica el Instituto Mexicano para la Competitividad.

“Para garantizar la demanda futura, el Estado mexicano requiere actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua, pero también así modernizar la infraestructura hidráulica del país.

“Es necesario tomar en consideración las distintas características técnicas -en particular las geofísicas- y desafíos que presenta actualmente el país en materia hídrica, tales como el aumento poblacional, el crecimiento de la mancha urbana, la evolución de las sequías, así como la variación en las precipitaciones”.

Panorama mexicano

En México, actualmente 12 millones de mexicanos carecen de acceso al agua potable. Al mismo tiempo, las sequías se han intensificado durante la última década y la sobreexplotación de los acuíferos se ha incrementado en 15 por ciento.

Además, el 20 por ciento del agua renovable ya no se encuentra en condiciones de uso humano.

De los 653 acuíferos en los que está distribuida, 157 se encuentran sobreexplotados, 32 presentan suelos salinos y agua salobre y otros 18 se ven afectados por intrusión marina, revelan datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Por su parte, el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), durante el periodo 2006-2020, revela que la demanda de agua para satisfacer las necesidades de la población y sus actividades económicas se incrementó a un ritmo promedio de poco más del 1 por ciento anual.

Aunado a esto, datos del Banco Mundial revelan que en el país la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 4 mil en 2012, por lo que se estima que para 2030, descienda debajo de los 3 mil m3 por habitante al año.

Reto millonario

De acuerdo con el estudio “Perspectivas del Agua en México, Propuestas hacia la Seguridad Hídrica”, la concentración poblacional que ha acelerado los procesos de metropolización, a la par de las necesidades de acceso al agua y al saneamiento básico de las localidades rurales, presentan retos técnicos, institucionales y financieros significativos para el país.

Según la CONAGUA, en 2011, el balance nacional entre la oferta y la demanda sustentable de agua arrojaba un déficit estimado en 11.5 millones de m3 para todos los usos, mismo que se prevé alcanzaría los 23 millones de m3 hacia el año 2030; más del doble.

Consecuentemente, el faltante para cubrir la demanda de agua en forma sostenible, pasaría de 17 por ciento al 34 por ciento.

“Cerrar la brecha existente requeriría de ampliar la infraestructura hidráulica, llevar a cabo una serie de medidas no estructurales para incrementar las eficiencias de uso y la circularidad en su aprovechamiento.

“Para lograrlo, se estima que se requerirían 79 mil millones de pesos (precios de 2021) para implementar las acciones y estrategias de la Agenda del Agua al 2030”.

No obstante, las acciones del gobierno no muestran señal de querer destinar los recursos necesarios para solucionar esta situación, advierte el documento  “Perspectivas del Agua en México, Propuestas hacia la Seguridad Hídrica”.

“Las necesidades contrastan con una participación decreciente por parte del Gobierno federal, el debilitamiento financiero de los organismos operadores de agua potable y saneamiento, así como con la restringida participación financiera de los gobiernos estatales y municipales.

“Igualmente, se ha limitado el acceso a la banca de desarrollo y a la participación del sector privado. Todo lo anterior apunta a limitaciones financieras importantes para garantizar la sostenibilidad financiera del sector, no solo para alcanzar las metas planteadas para el 2030, también para operar, mantener y reponer la infraestructura existente”.

Estrategia compleja

Algunas de las características que hacen única y compleja la tarea de diseñar estrategias para la gestión de los recursos hídricos en México incluyen, por un lado, la existencia de desiertos y zonas tropicales, cuencas internacionales y cuencas interestatales; y, por otro lado, la ocurrencia de inundaciones y sequías en buena parte del territorio, explica la investigación  “Perspectivas del Agua en México, Propuestas hacia la Seguridad Hídrica”.

A lo anterior, dice el documento, se suman los efectos de la dinámica poblacional y del comportamiento de las actividades económicas, entre otros: mayores dificultades en la provisión de servicios de agua y saneamiento en grandes ciudades y comunidades rurales; creciente competencia por un recurso escaso; incremento de los niveles de contaminación, de acuíferos sobreexplotados y de sistemas acuáticos alterados; e inequidad en el acceso al recurso y a los servicios que afecta especialmente a regiones en condición de pobreza y marginadas.

Sequías, alerta roja

Si bien las sequías son fenómenos recurrentes, la tendencia de la última década en el país muestra que estas se han recrudecido en duración, intensidad y cobertura geográfica, revela el Banco de México en su informe “Sequía en México y su Potencial Impacto en la Actividad Económica”.

El documento explica que, además, la escasez de agua en las reservas hídricas del país tiene efectos acumulativos.

“Si bien la sequía que actualmente experimenta el país parecería menos severa que la de 2021, en promedio, la acumulación de agua en presas no solo no ha recuperado los niveles de inicios de 2020, sino que muestra una clara tendencia a la baja”.

Ante esta realidad, el Banco de México advierte que la falta de agua puede tener efectos muy negativos sobre la calidad de vida de las personas, los cuales ya se han podido observar en algunas entidades federativas.

“Si bien las afectaciones tanto al sector primario como a la industria manufacturera aún no han sido tales como para afectar de forma importante al producto nacional, podría esperarse que, de seguir la intensificación de este fenómeno, se perciban afectaciones más evidentes a la producción con cierta regularidad”.

Aumento de precios

Uno de los principales problemas que pueden traer consigo las sequías es el encarecimiento de productos y servicios.

“Ante una crisis hídrica y el desabasto público en los hogares, uno de los primeros bienes cuyo precio tiende a ajustarse al alza es precisamente al agua embotellada. Lo mismo sucede con los productos del campo.

“En ese contexto, es prioritario encaminar esfuerzos, tanto desde el ámbito público como privado, para buscar soluciones y aplicar políticas de mitigación para evitar las afectaciones asociadas a las sequías, la escasez del agua y, de manera más general, al cambio climático”, recomienda el estudio “Sequía en México y su Potencial Impacto en la Actividad Económica”.