“Es una ley que va en retroceso ante toda la lucha que ha habido respecto a la participación de las mujeres, respecto a reducir el recurso público a los partidos políticos, respecto a la participación de los ciudadanos”
La Ley Electoral del Estado, aprobada por los legisladores del PRI y PAN del Congreso local, está diseñada para que los actuales alcaldes que busquen la reelección, lo hagan desviando recursos, equipo y personal de seguridad para las campañas.
Este decreto, publicado el pasado lunes y que los diputados aseguran que estará vigente para el próximo año electoral, descarta que sea un desvío de recursos el uso de personal, vehículos, equipo y elementos de seguridad pública por parte de los ediles en campaña.
Los alcaldes en campaña llegarán con todo su anillo de seguridad y vehículos blindados a pedir el voto a los ciudadanos de bajos recursos en colonias populares, y sin duda sería una aberración para la población.
Esto jamás se ha visto en una campaña electoral en la vida política de Nuevo León.
En la lógica de los legisladores, los alcaldes podrán despilfarrar miles de pesos obtenidos de los impuestos de los contribuyentes para sus campañas.
El artículo 10 Bis de la nueva Ley Estatal Electoral aprueba a los ediles realizar campaña utilizando el equipo, camionetas y personal de seguridad con el que cuentan como presidentes municipales.
“No se considera desvío de recursos públicos para el beneficio electoral de su candidatura el uso del personal, vehículos, equipo y demás elementos de seguridad necesarios que estén asignados para la protección de funcionarios públicos que se encuentren previstos en los casos del artículo 124 de la Constitución”, señala este nuevo artículo incluido en la disposición.
Por ejemplo, si el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, busca reelegirse podrá cargar con todo su equipo de escoltas y vehículos blindados que actualmente utiliza, anillo de seguridad que lo tiene desde que fue procurador de Justicia en la administración pasada.
De la Garza, dice que hasta diciembre tomará la decisión.
Otro alcalde que cuenta con un grupo de escoltas bastante amplio es el de San Pedro, Mauricio Fernández, pero hasta el momento no ha dicho si buscaría reelegirse.
Sin compromiso de campaña
Aunque la votación en primera vuelta de la Ley Estatal Electoral contemplaba la obligación de 10 promesas de campaña para los candidatos en su registro en una reelección, esto desapareció en el dictamen final.
Según los diputados, para que el candidato ganador cumpla con sus compromisos de campaña, el aspirante tendría que entregar ante la Comisión Estatal Electoral (CEE) un escrito con las 10 promesas.
“Consideramos oportuno que a la solicitud de registro de candidaturas deba acompañársele un escrito que contenga al menos 10 compromisos mínimos de campaña”, dice el dictamen votado en mayo pasado.
Esto tendría que estar estipulado en el artículo 144 de la Ley Estatal Electoral.
Pero fue retirado de última hora del dictamen electoral publicado en el Periódico Oficial el pasado lunes por el Gobierno del Estado.
“La solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la credencial de elector con fotografía, así como la constancia de propietarios y suplentes.
“(Además) la solicitud de registro de candidaturas deberán señalar el partido político, coalición o candidatura común que las postulen, y datos como carta que especifique los periodos que han sido electos y manifestar que cumple los límites establecidos en materia de reelección”, dice la Ley recién publicada.
Ley beneficia a partidos
Integrantes del Congreso Estatal Independiente se plantaron ayer en el Congreso local para reclamar las reformas a la Ley Estatal Electoral. Con un equipo de sonido señalaron a Marco “El Pollo” González, del PRI, y Arturo “La Manzanita” Salinas, del PAN, como los actores intelectuales de este dictamen.
Alberto Adame, integrante de este Consejo, aseguró que la población se siente agraviada por esta Ley, que solo privilegia a los partidos y no a los ciudadanos independientes.
Por su parte, el gobernador Jaime Rodríguez consideró que la Ley Estatal Electoral sería un retroceso en la democracia de Nuevo León.
Ayer aseguró que independientemente de la vigencia, el Estado combatirá por la vía legal esta Ley, pues su intención, dijo, es que no se aplique para el siguiente proceso electoral del 2018.
Calificó a los partidos como grupúsculos, por lo que los dueños de estas organizaciones políticas serán los únicos beneficiados, y adelantó que aún cuando una autoridad determine que sí entra en vigor el próximo año, como quiera la combatirá.
“Es una ley que va en retroceso ante toda la lucha que ha habido respecto a la participación de las mujeres, respecto a reducir el recurso público a los partidos políticos”, dijo el mandatario.
Aseguró que lucharán para que los ciudadanos tengan mejores circunstancias de competencia en una elección, por lo que se bucará en los tribunales tumbar la Ley Estatal Electoral.