El predictamen para crear la nueva Ley de Movilidad tendría que contemplar criterios de transparencia sobre el aumento en la tarifa del transporte público, pero las propuestas de las bancadas de Morena y el PAN dejan de lado la rendición de cuentas.
Por un lado, los panistas proponen conformar una Junta de Gobierno, mientras que el partido guinda busca la creación de un Consejo Directivo que, dentro de sus atribuciones, no establece realizar sesiones públicas sobre el alza de las tarifas.
“Autorizar las tarifas del servicio de transporte público que proponga el Comité Técnico y que haya emitido opinión el Consejo Consultivo”, cita el artículo 30 del documento panista en poder de Reporte Índigo.
Mientras el documento de Morena refiere autorizar a solicitud del director general del Instituto Estatal de Movilidad y Accesibilidad las tarifas aplicables al transporte en sus diversas modalidades.
“Previo análisis que realice el Consejo Técnico del Transporte y tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo Consultivo, con excepción de las que le corresponde autorizar a Metrorrey”, dice el artículo 43 de la propuesta.
Según el proyecto panista, tanto la Junta de Gobierno como en el Consejo Directivo estarían integrados por el gobernador, los secretario de Finanzas y Tesorería y de Desarrollo Sustentable, tres presidentes municipales, un diputado y el director del Instituto de Transporte. También formarían parte de este órgano representantes de las cámaras intermedias de la Iniciativa Privada, tres de organizaciones civiles, que serían designados por el Congreso local, y uno del observatorio seguridad.
La diputada de Morena y presidenta de la Comisión del Transporte, Julia Espinosa de los Monteros, también contempla a la iniciativa privada en el proyecto de su partido.
“En la conformación de la junta de Gobierno, podemos ver que la IP cuenta con seis votos, con los que podrá decidir el aumento a la tarifa del transporte y designar al director del comité técnico, entre otras facultades”, señala.
Esta semana los presidentes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano, de Desarrollo Urbano, y de Transporte, los panistas Jesús Nava y Nancy Olguín, y la morenista Julia Espinosa de los Monteros, respectivamente, tendrían que unificar los dos proyectos para crear un solo dictamen.
Uber no se salva
La bancada del PAN perfila establecer un impuesto de 1.5 por ciento de la tarifa a pagar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado por cada viaje en plataformas tecnológicas como Uber y Didi, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
“La Empresa de Redes de Transporte deberá emitir una carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que el monto pagado efectivamente corresponde al pago requerido conforme a la presente Ley. El costo no podrá trasladarse al usuario”, señala la propuesta.
Morena busca que este cobro sea de tres por ciento, aunque podría ajustarse a dos. El recurso será destinado para los Municipios y, en algunos casos, a la Junta de Gobierno o Instituto Estatal de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, que será el órgano al que le corresponderían los asuntos en la materia.
“El destino de estas aportaciones será para efecto de adaptar infraestructura peatonal o de medios no motorizados mediante recursos destinados a los municipios; y en casos excepcionales determinados por la Junta de Gobierno para subsidio del transporte público”, dice la propuesta.
Acusan intereses políticos en Ley de Movilidad
David Pulido, integrante de la organización Pueblo Bicicletero, señala que existe choque entre el PAN y el PRI para negociar el dictamen, lo que ha llevado a tener varada la Ley de Movilidad.
“Sabemos que lo más complicado va ser el choque de los dos dictámenes, es el tema de la gobernanza ¿Qué tipo de instituciones van a quedar? ¿Va a seguir siendo una secretaría o un órgano con más autonomía? Creo que ahí sería el debate”, menciona el activista.
Pulido reclama que existen intereses partidistas, por lo que la discusión quedó olvidada por varios meses.
“Ha habido movimientos en las Comisiones, quitaron a una presidenta que estaba en Desarrollo Urbano, Mariela Saldívar, y pusieron a Nancy Olguín, del PAN. Lo que vimos es que se murió el tema por meses. Con estos cambios por interés partidista para tener control de las Comisiones aquí en el Congreso, se mató el proceso legislativo”, dice.
El miembro de Pueblo Bicicletero lamenta que la prioridad no sea la Ley de Movilidad y pide transparencia en las discusiones.
“Vemos convergencia en ciertas cosas, pero evidentemente va a haber temas más difíciles. Justo por eso necesitamos que las mesas de trabajo sean más abiertas para que se discuta con argumentos claros”, dice Pulido.
