La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una complicada resolución que pone en marcha la ciudadanización del código militar.
Básicamente se intenta buscar la forma de juzgar a los elementos militares que hayan cometido un crimen en el que se encuentre involucrado un civil.
Se trata del primer fallo judicial en la historia de México que pretende restringir el fuero militar mediante la implementación de controles civiles.
Esto, en términos jurídicos y militares, no es una acción menor.
El debate sobre el ejercicio de control civil sobre las fuerzas armadas ha cobrado importancia durante el sexenio presidencial de Felipe Calderón.
Resulta claro que con la participación de las fuerzas armadas en una operación de seguridad interior de semejante magnitud –es decir tener a los soldados en las calles– el desempeño del Ejército y la Marina estará bajo un estricto escrutinio publico.
El recuento del número de quejas por violaciones a los derechos humanos realizadas por personal del Ejército y Marina pone en evidencia las debilidades del aparato de seguridad nacional.
Y es que desplegar a más de 45 mil efectivos militares para restablecer el orden y la preservación del Estado mexicano podría haber sido una medida necesaria.
Sin embargo, el despliegue masivo de las tropas sin una serie de protocolos o marcos diseñados estratégicamente para la misión que el presidente Calderón puso en marcha, culminó en espasmos de malestar social.
Y es aquí donde la resolución aprobada en la SCJN cobra importancia y ahora deberá traducirse en una ley general que sea acatada por jueces y magistrados en todo el país.
Aún por resolver
También se deberán diseñar nuevas figuras jurídicas que contemplen distintos supuestos en donde los crímenes cometidos por militares involucren a personas civiles.
Con la resolución aprobada, la procuración de justicia de los elementos militares estará a cargo de las instancias civiles. Pero deberá definirse si la sentencia o castigo lo llevará acabo la jurisdicción militar.
Y en este punto es donde se generan algunas críticas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CNDH y Human Rights Watch enfatizan que el proceso de jurisdicción militar no es transparente, imparcial o independiente.
Por ello la instancia que juzgue el delito debería ser una corte civil.
Y ese es el paso siguiente en la ciudadanización de la justicia militar; un órgano civil realizará la investigación y determinará su castigo.
Aún falta por determinar qué instancia aplicará el castigo y bajo qué condiciones.
Es ahí donde la SCJN deberá revocar la fracción II del Art.57 del Código de Justicia Militar en otros cuatro casos más.
Esta acción servirá para que siente jurisprudencia y pueda ser aplicado por todos los jueces del país.
Sin embargo, aunque la resolución recientemente aprobada es histórica y aplaudida, de ninguna forma garantiza que el número de quejas o delitos disminuya.
Este apartado compete a las instancias técnicas, al aparato de seguridad nacional que comanda el presidente de la República.
Y que tiene como obligación diseñar la estrategia para combatir a la delincuencia organizada que mejor le convenga al país.
