El proyecto de la Ley de Egresos 2023 del Gobierno de Samuel García establece aumentos de impuestos y en el rubro de servicios, lo que representará un incremento de 21 mil millones de pesos en el gasto.
La Secretaría de Finanzas y Tesorería de Nuevo León, a cargo de Carlos Garza, plantea un gasto estimado de 140 mil millones de pesos, equivalente a un aumento de 18 por ciento en comparación con el aprobado para este año, que fue de 118 mil millones de pesos.
A este presupuesto se suman alrededor de 12 mil millones de pesos del gasto federalizado de los ramos 23 y 33, así como otros recursos de los convenios descentralizados, por lo que esta cantidad podría crecer hasta llegar a los 15 mil millones de pesos.
Para poder gastar 140 mil millones de pesos, el Gobierno que encabeza Samuel García planea aumentos en el rubro de servicios, así como un incremento a los impuestos a centros de apuestas, buscando así acrecentar la recaudación en un 92 por ciento.
El incremento además de aplicarse a los casinos, de donde se obtendrían recursos por 140 millones de pesos, también se hará efectivo para empresas de transporte, rubro en el que se prevé un aumento de 164 por ciento. Con la recaudación de estos impuestos la Tesorería podría obtener 132 millones más.
Por otra parte, 7 millones 414 mil pesos se obtendrían a través del cobro a estudiantes y sus familias por el concepto de certificación escolar.
Además, buscan recaudar más dinero de los servicios que otorga el Tribunal Superior de Justicia, donde se estiman aumentos de 132 por ciento, de los de la rectoría de la Academia Estatal de Seguridad Pública, que costarán un 12 por ciento más.
Reporte Índigo adelantó que el Ejercicio Fiscal 2022 del Gobierno de Samuel García propone endeudar aún más a Nuevo León.
En noviembre pasado, fue aprobada una deuda de 4 mil 240 millones de pesos para el financiamiento de largo plazo, el cual será destinado a Inversión Pública Productiva en proyectos como la carretera Interserrana, la de La Gloria-Colombia, las Líneas 4 y 5 de Metro, el SINTRAM, entre otros. En este nuevo documento también se plantea más deuda.
Dentro del Paquete Fiscal del 2022 se reforman la Ley de Hacienda del estado de Nuevo León, el Código Fiscal del Estado de Nuevo León y la Ley que crea el Instituto de Control Vehicular. Fue a través de uno de estos ordenamientos que se aumentó el impuesto a casinos.
“En el caso concreto del Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas, en el artículo 11, de la Ley de Hacienda del estado de Nuevo León, se plantea incrementar la tasa actual del impuesto de 10 por ciento a 15 por ciento, a fin de fortalecer la recaudación en beneficio de la obtención de ingresos para destinarlos al gasto público del Estado”, se destaca la iniciativa.
Así el mandatario logró tener un mayor control en las máquinas en los centros de apuestas y contar con una base de datos para determinar cuántas de estas están operando en los casinos de Nuevo León.
Siguen en desacuerdo con Ley de Egresos
En la presentación de la Ley de Egresos del 2023, en la que se estableció el gasto, no se llegó a un acuerdo entre el Gobierno estatal y el Congreso local. El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, aseguró que se trata de “un presupuesto unilateral”.
“No se llegó a un acuerdo, fue una primera presentación y tristemente vemos que es un presupuesto unilateral, donde todos los proyectos de nuestros alcaldes no están contemplados, los proyectos contemplados son para municipios de Movimiento Ciudadano”, dijo el diputado.
Esta es una muestra más de que el desacuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, el cuál se ha manifestado de diversas formas, continúa, al igual que la confrontación.
De la Fuente señaló que para llegar a una buena negociación, se tiene que hablar con la verdad, a la vez que mencionó que los alcaldes se sienten abandonados y que los municipios requieren de más apoyo para que no sigan siendo extorsionados.
“Hay una pérdida de confianza por culpa del gobernador en este tema político, porque el año pasado le dimos toda la confianza y presupuesto histórico, y prácticamente nos están presentando una copia del año pasado.
Por su parte, el tesorero del estado señaló que no corre prisa para definir el presupuesto, y que el plazo para aprobarlo vence hasta el 31 de diciembre.
“Lo más importante es que ya estamos sentados en una mesa, hay cosas en las que nos estamos poniendo de acuerdo”, dijo el funcionario.
Por su parte, el diputado de Morena, Waldo Fernández, confirmó que existió una reunión ríspida con el Ejecutivo, aunque el primer tema que se va a tocar es la viabilidad jurídica que tiene esta Ley de Egresos, pues no se presentó el pasado 20 de noviembre como lo marca la Constitución local.
“Estamos acordando una ruta crítica, primero con un dictamen jurídico entre los dos poderes para entender las consecuencias legales del presupuesto por presentarse de manera tardía. Podría haber terceros que afecten el balance presupuestal por alguna maniobra jurídica”, explicó Fernández.
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