Justo en el arranque de la campaña electoral, el PRI en la Cámara de Diputados pretende aprobar en fast track la Ley General de Comunicación Social que regula la relación de los medios de comunicación con las instancias de gobierno.
Según el dictamen de la Ley, del que Reporte Índigo tiene copia, se establecen entre otras cosas, la creación de un registro de medios de comunicación, la obligación de las entidades gubernamentales de reportar la contratación de cada campaña en medios y el lanzamiento de un Sistema Público de comunicación controlado por la Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, desde la sociedad civil la propuesta que circula entre diputados de la Comisión de Gobernación ya ha sido puesta en duda y es considerada como una oportunidad perdida para regular efectivamente el gasto de los gobiernos en comunicación.
Los legisladores trabajan en esta Ley por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó al Congreso de la Unión a aprobar esta legislación a más tardar el 30 de abril próximo
La SCJN llegó a esa conclusión luego de que resolvió un amparo promovido por la organización Artículo 19, en el que se argumentaba que al no haber un marco normativo en materia de comunicación social, se puede permitir un uso arbitrario y discrecional del reparto de publicidad oficial, lo que puede traer censura a los medios de comunicación y a periodistas críticos.
Nueva regulación
El borrador de la nueva Ley propone que la Secretaría Administradora —Gobernación, en el caso federal—, será la encargada de evaluar las estrategias y programas de comunicación y de crear un padrón de medios de comunicación.
Cada año, las dependencias deben elaborar una Estrategia de Comunicación Social y, de tener recursos presupuestados para esta labor, deben tener un Programa Anual en el que indiquen los temas a posicionar, su importancia y el presupuesto que se destinará, indica el documento.
La Secretaría Administradora debe autorizar la Estrategia y el Programa, y entonces la dependencia deberá hacer una solicitud donde se diga los recursos a erogar y los medios de comunicación que se utilizarán.
La Secretaría de la Función Pública creará y administrará un Sistema Público en el que se llevará un control sobre el gasto de cada dependencia en campañas de comunicación, dice el predictamen, en el que se incluirán los nombres de las personas físicas o morales contratadas, así como el monto pagado.
La propuesta señala que cada uno de los estados deberá crear un Sistema Público local de gastos en Comunicación Social.
Los medios de comunicación que quieran ser contratados por los entes públicos deberán estar inscritos en un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación.
La propuesta señala que el solo hecho de pertenecer a ese Padrón implicará obligación de los entes públicos a contratarlos.
En el documento de la propuesta se asienta que las dependencias gubernamentales no podrán destacar “de manera personalizada”, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, excepto cuando se trate de sus informes de labores, cuando tendrán 7 días antes y 5 días después para promocionarlos.
Como ya ocurre ahora, se establece que será la Secretaría de Gobernación la que administre los tiempos oficiales, a menos de que se trate de los periodos electorales, donde es el INE quien lleva la batuta.
El dictamen señala que los “Entes Públicos Federales” deben realizar un Programa Anual de Comunicación Social y podrán destinar dinero público para la compra de “tiempos comerciales” siempre y cuando no haya tiempos oficiales disponibles.
“Los Entes Públicos Federales no podrán convenir el pago de créditos fiscales ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la autoridad a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación”, señala.
Las contrataciones de tiempos comerciales para la difusión de campañas de comunicación social, dice la propuesta, deben apegarse a la legislación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios aplicables.
Durante las campañas electorales, se apunta, deben suspenderse las campañas de comunicación social.
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El predictamen prevé que, en caso de que alguna autoridad cometa alguna infracción a esta Ley, se dé vista al superior jerárquico, se presentará una queja a la autoridad competente o se denunciará ante el Ministerio Público.
Procedimiento cuestionado
La propuesta de dictamen de la Ley General de Comunicación Social que se pondrá en la mesa de la Comisión de Gobernación siguió el mismo patrón de la Ley de Seguridad Interior: el PRI redactó la propuesta y una vez terminado, se cita a los integrantes de este órgano legislativo para su votación, tal como consta en la convocatoria ya publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Diputados consultados coincidieron en que no fueron convocados a ninguna reunión de trabajo para armar un documento de dictamen, pues las iniciativas apenas les fueron entregadas el 20 de marzo pasado y se citó a una reunión el 3 de abril para conformar mesas de trabajo.
Sin embargo, ya entre los legisladores fue circulado un documento de dictamen con fecha del 24 de marzo que, prevén, podría ser sometido a votación ese 3 de abril por la presidenta de la Comisión, la diputada priista Mercedes del Carmen Guillén.
Desde la sociedad civil ya se cuestiona no solo el procedimiento, sino el contenido de la propuesta.
Justine Dupuy, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar Centro de Análisis e Investigación, sostuvo que el predictamen que se busca aprobar la próxima semana no solo es una copia de la iniciativa que presentó el PRI sobre el tema, sino que no toma en cuenta las recomendaciones de los expertos.
“Yo me atrevería a decir que es como un espejismo, es legislar para no cambiar nada. Muchas de las cosas que están establecidas en este dictamen ya existen (…) retoman los lineamientos implementados desde hace más de 10 años, que son publicados año tras año por la Secretaría General, que se refieren a la comunicación social”
“Y estos parámetros han permitido que haya un gasto desmedido; hemos demostrado la concentración del gasto en solo 10 proveedores de más de mil que hay”, criticó Dupuy en entrevista.
La especialista reprobó que en la propuesta de dictamen no haya un solo mecanismo en el que se pongan límites al gasto en comunicación; que no se especifique cómo se van a designar los contratos de comunicación social; ni qué controles externos habrá para revisar el gasto sino que, al contrario, se da más poder a la Secretaría de Gobernación para controlar a quiénes sí y a quiénes no se darán estos contratos.
“Se está desperdiciando una oportunidad que ha sido muy difícil crear, porque no solo es un llamado de la sociedad civil, de la Oposición desde hace años, sino que se tuvo que recurrir al Poder Judicial, a la Suprema Corte, para que se pudiera abrir esta oportunidad de caminar hacia una mayor libertad de expresión.
“Parece que es un intento de institucionalizar malas prácticas. Así que estamos ante un escenario muy preocupante”, lamentó.
Dupuy llamó a los diputados de Oposición a tratar de frenar esta aprobación y más bien buscar que se abran los espacios para construir una Ley que sirva al propósito de avanzar en la libertad de expresión en el país.
Entre los legisladores fue circulado un documento de dictamen, prevén, podría ser sometido a votación el 3 de abril
