El acuerdo celebrado el martes 23 de julio por los integrantes del Congreso de Baja California para ratificar la decisión de la prolongación de mandato del gobernador electo (conocida como Ley Bonilla), Jaime Bonilla Valdez –el cual pasará de dos a cinco años de duración– tuvo efectos colaterales para los partidos que componen la oposición, no sólo en la región sino a nivel nacional.
La maniobra orquestada por los diputados locales en la franja norte del país, significó la pérdida de credibilidad en el discurso del PAN, PRI y cualquiera de las fracciones que desde el Senado de la República y la Cámara de Diputados se han manifestado en contra de la nueva reforma constitucional en la entidad.
Un rechazo generalizado que está chocando contra las acciones de los 21 legisladores que aprobaron el proyecto este martes; funcionarios pertenecientes a cada una de las fuerzas políticas del país.
En su conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo referencia a la extensión del mandato, destacando precisamente el acuerdo multipartidista y acusando de “hipócritas” las manifestaciones de los sectores inconformes desde el Legislativo. “Ahora quienes votaron por esta medida están en contra”, sentenció.
Declaraciones que para el titular del Comité Directivo Estatal del PAN en Baja California José Luis Ovando Patrón, resultan lamentables en consideración de que el titular del poder Ejecutivo debería entender que su principal responsabilidad es velar por las instituciones, así como por el cuidado y el cumplimiento de las leyes en nuestro país.
En entrevista para Reporte Índigo, el dirigente regional dijo que AMLO hace mal en minimizar las acciones de los 21 diputados “traidores y corruptos, de todos los partidos políticos incluido Morena”, en un intento por desviar la atención y endilgar la responsabilidad a los organismos políticos.
“Pareciera que (el presidente) está administrando una suerte de jugada política muy bizarra en donde pretende culpar a los partidos políticos de lo que hizo su partido. Recordemos que el inicialista es un diputado de Morena (Víctor Manuel Morán Hernandez) y el gran beneficiario del tema es su gobernador electo (Jaime Bonilla)”, mencionó.
Daños a la 4T por la Ley Bonilla
Sin embargo, el daño paralelo que la llamada “Ley Bonilla” está generando a los partidos políticos de oposición, también está afectando al régimen de la Cuarta Transformación. Una estrategia promovida por las fuerzas morenistas en la entidad, que mantiene divididos a cuadros importantes dentro del organismo a nivel nacional.
La funcionaria, quien pertenece a la bancada del PT pero que milita en las filas de Morena, comentó que en la actualidad se están emprendiendo las debidas acciones jurídicas para apoyar a los bajacalifornianos en este tema, el cual representa “una total falta de ética política y moralidad” por parte de los integrantes de la XXII Legislatura local.
León Gastélum, quien en 2018 hizo campaña y ganó en fórmula con Bonilla Valdez para el Senado de la República, comentó que durante la sesión permanente de este miércoles 24 de julio el tema de todo el día fue la acción del Congreso local y la postura del gobernador electo, quien abiertamente defendió las acciones de los legisladores bajacalifornianos. Una postura que, en consideración de la funcionaria, Jaime Bonilla no va a modificar por intensa que sea la presión política o social a nivel nacional.
“Conozco muy bien al señor Jaime Bonilla desde hace más de seis años. No solamente desde la contienda electoral pasada, sino desde que conformamos y fundamos Morena. Creo que es una persona terca, lo ha demostrado con las impugnaciones que ha estado presentando (…) sin embargo yo creo que tiene intereses y ahí es donde está el fondo del asunto. El trasfondo de por qué no quiere o le conviene una gubernatura de dos años y pretende hacer hasta lo imposible para quedarse cinco años”, afirmó.
Recursos legales
De las tres vías que se exploran en la actualidad para la restitución del periodo de gestión a su duración original, una falló debido a los tiempos en que fue presentada y la otra apenas se discute en las comisiones permanentes del Legislativo.
La primera ruta, a través de las controversias constitucionales presentadas por los alcaldes de Mexicali y Tijuana, fue desechada el día de ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerarlas improcedentes debido a que no han sido publicadas aún en el Periódico Oficial del estado.
La otra, promovida por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, consta de una acción de desaparición de poderes aplicable al estado de Baja California. Una medida que está siendo ampliamente discutida, pero que en consideración de Ovando Patrón, ya no está en tiempos de proceder.
“Yo no descarto absolutamente ninguna ruta o ninguna vía. Lo que yo no entiendo es la aplicación de la desaparición de poderes porque, para efectos prácticos, esta legislatura ya se acabó. Le queda poco más de una semana e incluso creo que el proceso mismo de la desaparición de poderes duraría mucho más”, argumentó.
Sobre las otras medidas, el titular del órgano blanquiazul en la región comentó que esperarán hasta que se promulgue la reforma para volver a presentar las controversias constitucionales. Acciones a las cuales se piensa sumar el aún gobernador, Francisco Vega de Lamadrid con las que piensan ponerle freno a las aspiraciones del exdelegado regional.