Tras recibir presiones de todos los sectores de la sociedad –incluida una parte del PRI–, el presidente Enrique Peña Nieto canceló el evento de promulgación de las leyes anticorrupción previsto para hoy.
La oposición de empresarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil y de los propios adversarios políticos fue provocada por el nuevo componente introducido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que las personas físicas y morales presenten sus tres declaraciones.
Ayer por la noche, empresarios de la Coparmex —una organización impulsora de la Ley 3de3— se mantenían reunidos en Los Pinos con el Presidente de la República.
La promulgación en manos del presidente Enrique Peña Nieto estaba programada para hoy miércoles en Palacio Nacional.
Al evento habían sido invitados todos los gobernadores, legisladores de ambas Cámaras y miembros de la sociedad civil que impulsaron la iniciativa ciudadana de la Ley 3de3.
Ayer a mediodía, la Secretaría de la Función Pública envió un aviso a los invitados para informarles que el evento sería pospuesto “hasta nuevo aviso”.
La disyuntiva
El presidente Enrique Peña Nieto enfrentó en estos días la disyuntiva sobre promulgar o no las leyes anticorrupción.
Para el Ejecutivo hay dos escenarios posibles. El primero es asumir el costo político de la decisión de su bancada en el Congreso de la Unión y promulgar las leyes anticorrupción.
Esto, sin embargo, provocaría otra crisis a su Administración, que se sumaría a los otros frentes que ya tiene abiertos el gobierno federal, como el conflicto con el magisterio en Oaxaca o hasta la crisis interna en el PRI; y haría más profundo el abismo que se abrió con la clase empresarial del país.
El segundo escenario es vetar o frenar la aprobación de esta legislación, lo que tampoco sería fácil porque eso significaría poner en evidencia el error del PRI, su partido, y sus aliados, en la construcción del andamiaje anticorrupción.
Es, en cierta manera, una afrenta contra los legisladores priistas que aprobaron una Ley 3de3 “descafeinada” que tenía una falla estructural mayor. Y aunque evidenciar a sus legisladores y puede resultarle también contraproducente a su partido de cara a los siguientes procesos electorales, para el presidente Enrique Peña Nieto esa circunstancia podría ser más manejable.
“El Presidente no quiso dar la imagen de que es insensible a las peticiones de la sociedad, si no se hubiera ganado el encono de todo mundo”, afirmó una fuente cercana a Los Pinos.
Apenas horas después de que se aprobó esta adición, ciudadanos promovieron en internet una petición en la plataforma Change.org para pedir al presidente Enrique Peña Nieto que vetara la legislación.
Al llamado se unieron diferentes sectores de la política y el mundo empresarial; incluso algunos priistas anunciaron que pedirían al Ejecutivo que se cancelara esta legislación.
Una de las priistas que pidió al primer mandatario vetar esa ley es Lorena Martínez, excandidata del PRI a la gubernatura de Aguascalientes, quien ha dicho que mientras las autoridades resuelven la impugnación de la elección en esa entidad, abanderará a todos los inconformes por lo aprobado en el Congreso.
“Es el momento que el PRI y el presidente den un salto y demostremos a la sociedad que somos un partido dispuesto a abanderar la preocupación más importante de los mexicanos y de demostrar que seguimos siendo agentes de cambio que cimienten la justicia en nuestro país”, declaró Martínez esta semana.
De ser promulgada tal como fue aprobada, la Ley podría resultar inoperante y derivar en que sean presentados miles de amparos para evitar ser tocados por esta disposición.
Con observaciones
Para Max Káiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) y uno de los redactores de la iniciativa ciudadana de la Ley 3 de 3, la mejor y más expedita opción sería que el Ejecutivo hiciera observaciones a los dos artículos cuestionados y que el resto de las leyes fueran publicadas a la brevedad.
“Yo creo que el veto es la salida jurídica y política más correcta de parte del titular del Ejecutivo, porque lo que estaría diciendo es: ‘Soy sensible a la queja de los ciudadanos de no haber atendido en estos dos artículos su exigencia y le pido al Congreso que la vuelva a considerar’.
“Eso, políticamente, lo pondría en un plano muy importante. Y jurídicamente además sería un triunfo porque si hace observaciones con argumentos y además propone una alternativa que sea adecuada, el Congreso necesita dos terceras partes para aprobarla o rechazarla. Entonces, jurídica y políticamente es lo más expedito”, sostuvo.
Para el investigador del IMCO, la decisión que tome el presidente Peña Nieto tendrá relevancia en todos los aspectos del tema, por lo que el debate que se está llevando a cabo en Los Pinos conducirá a muchas definiciones.
“Lo que decida (Peña Nieto) será un mensaje. Si promulga completo, sin hacer observaciones ni enviar ninguna iniciativa ni hacer un pronunciamiento sobre esos dos artículos, es un mensaje; si promulga y publica, pero hace observaciones a estos artículos, es otro mensaje.
“Y así, cualquier cosa que haga a partir de ahorita será un mensaje para la sociedad”, consideró Káiser.
Los tres caminos
Aunque ayer se dio a conocer sólo la cancelación del evento público donde serían promulgadas las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, la Presidencia no aclaró cuál será su siguiente paso. Estas son las opciones:
1.- Promulgar el contenido de las leyes, excepto los artículos 29 y 32 que son los que han levantado ámpula en varios sectores sociales. Sería un veto parcial a una ley. El Ejecutivo podría promulgar toda la legislación secundaria y enviar al Congreso de la Unión sus observaciones sobre esos dos artículos con miras a que los congresistas los “enderecen”.
2.- Promulgar las leyes tal y como están, completas, y presentar al mismo tiempo una iniciativa para reformar estos dos artículos.
Y, aunque no lo hiciera inmediatamente, el Ejecutivo tendría que hacerlo en unas semanas para que la propuesta se discutiera en un nuevo periodo extraordinario o, quizá, hacer uso de su facultad para enviar una iniciativa preferente al Congreso para que el asunto sea discutido en septiembre, el primer mes del próximo periodo ordinario de sesiones.
3.- El presidente Peña Nieto podría promulgar las leyes del SNA tal y como están, sin hacer observación alguna, y será entonces la sociedad civil quien impulse los cambios buscando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine la inconstitucionalidad de los artículos en cuestión.
Sin embargo, la sociedad civil no puede hacerlo directamente, pues sólo pueden promoverla algunos órganos del Estado, como son una tercera parte de la Cámara de Diputados, del Senado o la CNDH si se vulneran derechos de los ciudadanos.
