Senadores de oposición y miembros de la sociedad civil unificaron sus propuestas anticorrupción en un solo documento.
A ese nuevo texto lo denominaron la Ley 3 de 3 plus, y en él buscaron endurecer su postura contra actos de corrupción que ocurren en el país.
Como parte de la construcción de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), senadores del PAN, el PRD, la senadora sin partido Martha Tagle y los miembros de la sociedad civil que impulsan la Ley 3 de 3, acordaron que este nuevo documento sea rector en la revisión de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, uno de los componentes del SNA.
El acuerdo se tomó en una reunión técnica donde se discutiría artículo por artículo la nueva propuesta de leyes reglamentarias.
A esa runión realizada faltaron todos los senadores del PRI y el Partido Verde Ecologista de México.
Entre otros lineamientos, es de destacar que la nueva propuesta endurece las medidas para evitar el cobro de moches o para que se pueda obviar el secreto financiero en casos de corrupción.
Con la ausencia del PRI y el PVEM, senadores de oposición tomaron la decisión de que la Ley 3 de 3 plus sea el nuevo documento de discusión que servirá para la construcción del dictamen en el tema de responsabilidad de los servidores públicos.
A partir de hoy y hasta el jueves se llevarán a cabo otras reuniones técnicas para desahogar los demás temas de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción.
El cronograma que acordaron indica que la próxima semana ya se deberá tener un dictamen en comisiones para votarlo en el pleno a más tardar el jueves 28 de abril, cuando se tiene programada la última sesión de este periodo ordinario.
El análisis de estas leyes recayó en las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, presidida por Pablo Escudero (PVEM); Justicia, liderada por Fernando Yunes (PAN); y Estudios Legislativos Segunda, bajo la batuta de Alejandro Encinas (PRD).
Ninguno de los tres presidentes acudió tampoco a la reunión.
Dicen No al ‘moche’
Senadores de oposición presentaron un documento final que cuenta con el consenso del PAN, el PRD, la senadora sin partido Martha Tagle y los miembros de la sociedad civil que impulsaron la Ley 3 de 3 para hacer frente a la posición del PRI y el PVEM en materia anticorrupción.
En la “Ley 3 de 3 plus”, los senadores tomaron la iniciativa ciudadana y la enriquecieron con algunos puntos para endurecer el combate a la corrupción.
Los legisladores de oposición aportaron siete modificaciones a la iniciativa de Ley de Responsabilidades.
Entre las modificaciones, explicó el senador perredista Zoe Robledo, se acordó incluir textualmente que los legisladores no podrán recibir algún beneficio o “moche” a cambio de realizar gestión alguna.
Se propone también que la aplicación de la ley no tenga ningún vacío en su aplicación, y se pueda sancionar también a los consejeros independientes de Petróleos Mexicanos.
Quedará establecido que los funcionarios que dan un servicio directo al público tengan expresamente prohibido incitar a actos de corrupción.
También quedará establecido que los servidores públicos no puedan incitar a sus subordinados a cometer actos corruptos.
Se quitará, además, la prohibición de acceder a información que esté protegida por el secreto bursátil y financiero.
Se estipula que, como medida cautelar y hasta que concluya el juicio, se puede suspender el pago a los particulares que estén involucrados en un hecho de corrupción, mientras el tribunal desahoga un proceso de responsabilidades administrativas.
“Es un momento histórico, porque la sociedad mexicana pasa de ser pasiva y quejosa, a ser una sociedad proponente, a ser una sociedad que presenta una ley y junta 600 mil firmas, y partidos políticos aquí presentes: PRD, senadores independientes y PAN, que toman esa propuesta ciudadana, la hacen suya y la hacen todavía crecer con este plus.
“Entonces, es un momento histórico para México y no lo podemos desperdiciar, estamos discutiendo estas leyes secundarias, que tienen que garantizar que México pase a la historia ya como un país que juega limpio”, expuso Marcela Torres, senadora del PAN.
Además de la Ley 3 de 3 plus, la oposición impulsa el tema de la Fiscalía Anticorrupción y que haya penas de cárcel para quienes realicen actos de corrupción.
“Si no hay sanciones ejemplares con pérdidas de libertad esto no manda el mensaje apropiado; a este momento a algunos de nosotros nos preocupa que no hay una posición, hay un mutis del gobierno, del Ejecutivo federal y del Grupo Parlamentario del PRI y del Verde en el tema de la Fiscalía Anticorrupción. Si esto no ocurre, se va a detener”, sentenció Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN.
PRI y PVEM dan espalda a discusión
Los senadores del PRI y el PVEM decidieron no asistir a los trabajos.
En su lugar, enviaron a los secretarios técnicos y sus asesores para participar con voz, pero sin voto ni poder para cambiar la redacción de los documentos.
Para los senadores del PAN y el PRD, la ausencia del PRI significó que no quieren afrontar su aversión a las leyes que endurecen las penas por actos de corrupción.
“El PRI hizo un hueco, no quiso venir, le valió gorro y no podemos avanzar, hay que decirlo con todas sus letras (…) la verdad es una tomada de pelo que el PRI no haya venido.
“Alguna razón táctica dilatoria tendrá el PRI, pero ya tendrá que salir a dar la cara de por qué no vino el día de hoy aquí”, lanzó Armando Ríos Piter, senador por el PRD.
Solo acudieron algunos legisladores del PAN y el PRD; ellos tomaron la determinación de que las conclusiones del grupo técnico servirían como base para un predictamen que se discutirá en comisiones unidas.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana y representante de la sociedad civil, sostuvo que la ausencia del PRI y el PVEM no permitió contrastar los puntos de vista de ambas partes.
“Estamos extrañados, por supuesto, de que haya habido ausencias en esta mesa de trabajo del PRI y el PVEM, que no tuvo salvo la presencia de un asesor (…) estamos en la mejor disposición de participar bajo el esquema de Parlamento Abierto y respetando las reglas que hemos convenido, y el día de hoy esas reglas no se cumplieron.
“No entendemos cuál es la posición del PRI y del Verde en este tema, no pudimos escucharla, nos es imposible determinar cuáles fueron las razones que los llevaron a este asunto”, dijo Bohórquez.
Este martes continuarán las mesas técnicas de discusión y se espera que el próximo jueves comience el proceso final de dictaminación.
Aunque se había acordado que el trabajo se haría bajo el esquema de Parlamento Abierto, con sesiones y documentos públicos al 100 por ciento, la disposición no se cumplió.
Los participantes en la mesa técnica fueron convocados a la reunión, no así los medios de comunicación; los trabajos se programaron en un salón donde no se tenían las condiciones para el acceso de los medios; no había pantallas para dar seguimiento y la sesión no se transmitió por el Canal del Congreso.