El Gobierno independiente utilizó la fuerza letal para sofocar los disturbios del Penal de Cadereyta, que arrojó la muerte de 16 reos y 31 heridos, acción que fue condenada y calificada como inaceptable por organizaciones civiles y diputados.
Además manifestaron una preocupación por utilizar esta medida en un momento de crisis, ante la falta de control en los tres centros penitenciarios en la entidad.
Sin embargo, el Estado defendió el uso de la fuerza letal, pues sostiene que con eso se logró salvar la vida de tres celadores.
El Consejo Cívico de las Instituciones en Nuevo León (CCINLAC) lamentó los fallecimientos por el motín en el Penal de Cadereyta, y detalló que la primera obligación del Estado es garantizar la integridad física y dignidad de las personas internas en los penales.
“Lo sucedido este martes, 10 de octubre, en Cadereyta, hace evidente la crisis penitenciaria y el problema estructural que enfrenta Nuevo León, y se suma a cuatro sucesos más registrados en los tres penales de la entidad durante los últimos dos años.
“Es preocupante el uso de la fuerza para intervenir en momentos críticos, la tardía intervención en una jornada violenta que se prolongó durante más de 17 horas y un deficiente protocolo para atender a los familiares de los internos, quienes exigían información”, señaló esta organización.
Agregó que en los dos años de la actual administración se han registrado 73 decesos de internos por hechos violentos en los penales de Nuevo León, frente a las 67 muertes en seis años de la pasada gestión estatal.
“La crisis penitenciaria ha sido un tema reiterado por instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.
“Nuevo León enfrenta retos importantes como éste que requieren de la total atención del gobernador Jaime Rodríguez y su gabinete”, difundió el Consejo Cívico.
Por su parte, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) manifestó su preocupación por el uso de la fuerza letal en los disturbios del Penal del Cadereyta.
Agregó que debe recurrirse al uso de la fuerza letal únicamente en situación excepcional de legítima defensa y bajo un análisis de proporcionalidad ante la circunstancia, pues así lo establece el artículo 21 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“Esta debe ser proporcionada, regulada humana y estrictamente necesaria, siempre como último recurso, como lo dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El vocero de Seguridad hizo mención al artículo 17 del Código Penal, éste establece las causas de justificación de cuando no eres sujeto a una pena, no obstante en este momento estamos atendiendo una situación diversa”, señaló la organización.
La hermana Consuelo Morales, presidenta de CADHAC, reprobó las actitudes de amenazas y hostigamiento por parte de autoridades hacia los familiares de reos.
“Es preocupante el uso de la fuerza para intervenir en momentos críticos, la tardía intervención en una jornada violenta (…) y un deficiente protocolo para atender a los familiares de los internos”
Urgen orden, aquí y ahora
El diputado panista en el Congreso local, Marcelo Martínez, cuestionó el uso de la fuerza letal para controlar el motín ocurrido en el Penal de Cadereyta, y aseguró que se necesita construir un nuevo centro penitenciario.
“Aquí y ahora se necesita un plan integral para tener control de los penales. Aquí y ahora urge construir un nuevo penal y no aspirinas de hacer más celdas. Aquí y ahora se necesita la presencia del gobernador para atender a Nuevo León y no dejarlo como plato de segunda mesa.
“Porque allá en la campaña presidencial y mañana en el 2018 no se tendrá sustento, si aquí y ahora el gobernador Jaime Rodríguez no ha podido resolver los problemas que aquejan a Nuevo León”, aseguró el legislador panista.
Por su parte, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Samuel García, dijo que el tema de los penales se le está saliendo totalmente de las manos al gobernador.
“Parte del discurso (en el informe) era hacerle ver que los penales siguen siendo una bomba de tiempo, sin embargo no nos escucha, prefiere no escuchar críticas que eran constructivas y ya pareciera una especie de tradición que cada vez que da el informe hay un grave y lamentable suceso en las cárceles”, expresó García.
“Esta (fuerza letal) debe ser proporcionada, regulada humana y estrictamente necesaria, siempre como último recurso, como lo dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
Niega Estado violar Derechos Humanos
El Gobierno del Estado negó ayer que el uso de la fuerza letal haya violado los Derechos Humanos.
Aldo Fasci, vocero de Seguridad estatal, aseguró que utilizar esta fuerza evitó que en el disturbio fueran asesinados tres custodios utilizados como rehenes por los reclusos.
“Primero se inició con un diálogo para poder rescatar a los rehenes, se estableció una hora para poder acceder a entregar los celadores, pero estamos ciertos que no hubo violación de Derechos Humanos, por el contrario, se salvaron vidas”, dijo Fasci.
Aclaró que 11 reos fallecidos estaban procesados por secuestro, homicidio y eran integrantes de grupos delictivos, y los cinco restantes estaban por delitos graves.
Por su parte, el procurador Bernardo González informó que se está trabajando para identificar a tres reclusos, dos de ellos calcinados.
