“Los apremios fiscales y las profundas reformas económicas (...) erosionaron las fuentes tradicionales de patronazgo y clientelismo”
Sedesol sólo ha instalado 5 de 13 comités preventivos de blindaje electoral en los estados en que habrá elecciones
El blindaje electoral de los programas sociales avanza a paso lento.
Sedesol sólo ha instalado 5 de 13 comités preventivos de blindaje electoral en los estados en que habrá elecciones y sólo en tres hay organizaciones civiles.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encargada de entregar la ayuda social, instaló el 7 de enero pasado los comités de Tlaxcala y Puebla. El 28 de enero el de Hidalgo, el 8 de febrero el de Oaxaca y este 19 de febrero se dio a conocer la instalación del comité en Sinaloa.
Los órganos ya avalados para el resguardo de la ayuda social están presididos por los comisionados para la transparencia y el titular del órgano de control, lo tiene como “integrantes operativos” al miembros de la FEPADE y como testigos de honor hay integrantes de organizaciones sociales, funcionarios de gobierno estatal, legisladores y personal del Cisen.
Sólo en tres comités participan organizaciones civiles. En Tlaxcala habrá representación de la fundación de Ayuda Social Los Caminos de la Vida. En Hidalgo integrará el comité la fundación de Apoyo Infantil Funain Hidalgo y el Centro de Rehabilitación Nueva Vida, y en Oaxaca la fundación Visión del Alma Comunitaria, AC. La mayoría de los integrantes de los comités son funcionarios federales, estatales y legisladores.
En Puebla y Sinaloa no hay datos de asociaciones civiles que vigilen la operación de los programas sociales en estos comités.
De acuerdo con el calendario electoral, faltan por instalar los comités de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y Baja California.
En este año se realizarán elecciones en 13 estados, en 12 se elegirá un gobernador y habrá una elección local en Baja California.
En esas entidades, según cifras de Sedesol, hay cuatro de cada 10 de los beneficiarios de los programas de asistencia social.
Todos los comités estarán copresididos por Emilio Suárez Licona, abogado general y comisionado para la Transparencia de la Sedesol, y Paulo Arturo Tellez Yurén, titular del Órgano Interno de Control (OIC).
Suárez Licona fue consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en 2012 titular de la Unidad de Apoyo Técnico de la Oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y también cuenta coon experiencia como asesor jurídico en organos legislativos y de gobierno y como coordinador de asesores de la Secretaría General y secretario de Servicios Parlamentarios en la Cámara de Diputados.
El OIC que encabeza Paulo Arturo Téllez Yurén se encarga de las quejas por incumplimiento de los servidores públicos federales, así como su investigación para fincar las responsabilidades e imponer sanciones.
El convenio para instrumentar el blindaje electoral establece que los programas sociales que cuenten con padrón y calendario fijo de entrega se mantendrán en el periodo electoral, y el resto será suspendido 45 días antes de cada elección.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública ha alertado que los programas de ayuda social se muestran especialmente susceptibles a la manipulación política, ya que admiten un grado de discrecionalidad burocrática que puede dar lugar al uso de criterios políticos tanto para la asignación de recursos como para el otorgamiento de apoyos sociales y cuando el beneficio involucra una transferencia monetaria el riesgo de manipulación es aun mayor.
“Es el hecho de que sus destinatarios están tan circunscritos por las necesidades materiales que los aquejan que, en ocasiones, no tienen más remedio que renunciar al ejercicio de ciertos derechos políticos con tal de acceder a bienes y servicios de los que podrían ser fácilmente excluidos”, se lee en un texto que resume un foro realizado en 2007 editado por el CESOP de la Cámara de Diputados con el título “Blindaje electoral y derechos sociales”.
“Evitar la clientelización de la política social es fundamental por dos razones. Sin una política social que esté basada en una concepción de derechos, en vez de orientarse al mantenimiento de clientelas políticas, será muy difícil desarrollar estrategias eficaces para reducir la pobreza y la desigualdad de manera sostenida.
La perpetuación del vínculo clientelar en la gestión de políticas públicas, señala el documento de la Cámara de Diputados, atenta contra la construcción de una democracia con ciudadanía de alta intensidad, dispuesta a reclamar de los gobernantes no sólo determinadas prestaciones sino, sobre todo, que rindan cuentas por sus actos y decisiones.
El uso de la población pobre sigue siendo una forma de control para obtener votantes, asevera el estudio.
“En democracias no consolidadas, con un sistema de partidos todavía débil y poco institucionalizado, la competencia política puede generar incentivos para que, en lugar de disminuir, se acentúe la tentación de manipular los recursos y programas públicos con fines electorales. Sumado a ello, los apremios fiscales y las profundas reformas económicas de los últimos años erosionaron las fuentes tradicionales de patronazgo y clientelismo en la región, de forma tal que aquéllas comenzaron a coexistir con los nuevos programas sociales dirigidos a la población pobre”.