Tirar a matar

Ante la creciente ola de delincuencia que se vive en todo el país, cada vez son más las voces que se alzan en demanda de ampliar la legítima defensa.

Y no sólo en cuanto a la portación de armas de fuego, sino a la decisión de los elementos de los cuerpos policiacos para abatir a un presunto delincuente.

Tirar a matar parece ser el nuevo reclamo que se ha comenzado a generalizar entre la sociedad civil, en donde se observa la imposición del crimen organizado sobre la sociedad y a veces sobre los propios cuerpos de seguridad local, todos limitados en su defensa por el marco jurídico vigente.

“Estamos indefensos ante un Estado que no puede garantizar la seguridad de toda la ciudadanía”, asegura Luis Antonio Merino González.

El presidente de la Asociación Mexicana del Rifle (AMR) considera que ante los elevados índices de criminalidad que se registran en México, la única opción que le queda a la sociedad, para su defensa, son las armas.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre de abril del 2017, en todo el país se han registrado 8 mil 705 asesinatos por ejecución, 455 secuestros y mil 941 actos de extorsión.

A esas mismas cifras se atribuye el hecho de que en Nuevo León, el Congreso local decidió modificar el Código Penal del Estado en su artículo 17, a fin de ampliar el concepto de Legítima Defensa. Ahora la ley –con algunas precisiones– favorece a quien lesione o mate en defensa propia.

Esta reforma de ley, presentada por el diputado Marcos Mendoza, fue aprobada por los 42 legisladores que conforman el Congreso de Nuevo León.

Así, el estado se convirtió en la primera entidad que extiende el concepto de Legítima Defensa para dar mayores alcances de protección a miembros de la sociedad civil para que lesionen o maten a un agresor.

Y aunque esta decisión ha confrontado opiniones a nivel nacional, es bien vista por Merino González, quien considera que es una medida legislativa que se debe trasladar a todos los códigos penales del país.

“Que la sociedad cuente con mayores garantías jurídicas cuando se trata de encarar a los delincuentes”, detalla.

Y es que, desde el punto de vista del líder de la AMR, ante las condiciones de violencia que vive el país no se puede tener un marco jurídico como el actual, en donde la víctima de algún delito termina siendo procesada y acusada como criminal, y en donde el agresor termina siendo la víctima.

Esta misma premisa hizo que el Fiscal General del Estado de Sonora, Rodolfo Montes de Oca, decidiera que todos los policías de la entidad cuenten con la autorización ejecutiva para disparar a matar a cualquier agresor que ponga en riesgo la vida de los uniformados.

Bajo esa orden, autorizada por la gobernadora Claudia Pavlovich, en Sonora ya se han presentado cuatro casos de homicidio, en donde los uniformados estatales han actuado en forma letal contra quienes fueron considerados delincuentes al amenazar con machetes a los estatales.

‘Es un tema polémico’

El presidente de la AMR reconoce que el control de uso de armas es un tema polémico porque van implícitos los derechos humanos, además de que se puede prestar a abusos.

“Pero debemos tomar en cuenta que cuando los delincuentes atentan contra la sociedad, no respetan nada, mucho menos los derechos humanos de las víctimas”, refiere.

Por esa razón, las asociaciones Mexicana del Rifle y Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego reclaman mayor flexibilidad del marco legislativo para que los ciudadanos puedan portar armas de fuego de grueso calibre, a fin de estar en condiciones de defender su vida, sus familias, su honor y/o sus cosas, agrega Merino González.

Licencias a discreción

En México, pese a que en la legislación vigente se encuentra estipulado el otorgamiento de permisos para la portación de arma a civiles, en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el otorgamiento de licencias recae en una decisión personal del titular de la dependencia, asegura Luis Antonio Merino González, presidente de la AMR.

Se estima que de todas las solicitudes que miembros de la sociedad civil presentan ante la Sedena para lograr un permiso de portación de armas, más del 90 por ciento son rechazadas sin explicar el argumento.

Un 3 por ciento de los rechazados interponen amparos y otro 6 por ciento insiste a través de relaciones personales cercanas a los mandos militares.

Actualmente, de acuerdo a los datos de la AMR y de la AMUAF, solamente están vigentes menos de 4 mil licencias para la portación de armas de fuego a civiles.

“Es menos del 0.03 por ciento de la población mexicana la que cuenta con el permiso oficial para la portación de armas; es decir, la mayoría de los mexicanos se encuentran indefensos ante el poder de fuego de los criminales, pero no sólo eso, sino que esa cifra revela la indolencia del Gobierno federal para permitir que sus ciudadanos se defiendan de la delincuencia”, señala Merino González.

La mayoría de los permisos otorgados por la Sedena sólo amparan la portación de armas de bajo calibre, principalmente del tipo .22 y .380, por lo que la AMR estima que se debe legislar para que se autorice la portación de armas de fuego de mayor calibre.

“Los ciudadanos estamos totalmente indefensos ante los embates de la delincuencia, pues mientras la ley establece que sólo podemos utilizar armas de bajo calibre, la delincuencia cuenta con un alto poder de fuego, al utilizar armas automáticas, lanzagranadas y hasta lanzacohetes, lo que evidentemente revela que la legislación está mal”, dice Merino González.

Índices avalan la portación

De acuerdo a las cifras del SESNSP, hasta el 20 de mayo pasado, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas registraron las cifras más altas de ejecutados en lo que va del 2017.

Y para Luis Antonio Merino González, presidente de la Asociación Mexicana del Rifle (AMR), esa es la mejor muestra de que el Gobierno federal no ha podido brindar la seguridad que reclama la sociedad.

“La única alternativa que tenemos como sociedad es la portación de armas, para inhibir a la delincuencia; no es lo mismo que el delincuente sepa que su víctima está desarmada a que por lo menos considere una reacción de fuego por parte de la víctima”, recalca.

Merino González asegura que si las víctimas portaran armas, los índices de secuestro no serían de la dimensión que actualmente se reportan en los balances de inseguridad del país que presenta mensualmente la Secretaría de Gobernación, los que se mantienen en tasas constantes al alza desde el 2006.

Solo en el 2016, según los datos oficiales del Gobierno federal, en todo el país se registraron 22 mil 967 homicidios del tipo doloso, mientras que el número de secuestros llegó al récord histórico de mil 383 eventos denunciados ante las agencias del Ministerio Público, y se registraron 5 mil 384 extorsiones.

Las cifras negras revelan que, a causa de la desbordada delincuencia, el año pasado en por lo menos la mitad de las entidades federativas del país se rebasó la cifra de los mil muertos; pero hubo entidades que registraron más de 2 mil ejecutados.

Nuevo León, pionero en autodefensa

Con la modificación del Código Penal del Estado, en donde ahora se protege más ampliamente al ciudadano “que causare cualquier daño, lesiones u homicidio aun extraño a quien encontrare dentro de su hogar”, la legislación de Nuevo León se apunta como pionera en materia de Legítima Defensa para todo el país.

El padre de esta reforma que ha dividido opiniones a nivel nacional es el diputado panista Marcos Mendoza, quien estima que esta acción legislativa es resultado de los tiempos difíciles que en materia de seguridad se viven en Nuevo León, en donde los secuestros y robos son el día a día.

“Los vecinos viven con el temor de sufrir alguna agresión o de ser víctimas de la delincuencia, pero lo más preocupante para los vecinos es que alguien irrumpa en su domicilio o negocio para cometer un delito, y puedan sufrir lesiones, perder la libertad o, aún peor, su vida o la de sus familiares y seres queridos”, explica en la exposición de motivos que dio origen a la modificación del entendido de Legítima Defensa.

Bajo ese entendido, para proteger a la ciudadanía, a fin de que la víctima no termine siendo considerado agresor cuando sólo intentó defender su vida, su honor, su familia o sus bienes, fue que se optó por la modificación del código penal, refiere el funcionario.

Hasta antes de la reforma la legislación solo refería la Legítima Defensa como “el que causare cualquier daño”, sin mencionar “lesiones u homicidio” dejando expuestos a los ciudadanos que mataran a sus agresores.

Esto quiere decir, explica el legislador, que hasta antes de la reforma al Código Penal, si alguien irrumpía en una casa ajena y ejercía violencia, y al defenderse la víctima ocasionaba algún tipo de lesión grave o incluso la muerte del agresor, ésta no estaba jurídicamente protegida por el Código Penal, lo que ahora ha quedado subsanado en la modificación del artículo 17.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, ha sido cuestionado por su postura ante esta reforma.

Organismos defensores de derechos humanos recriminan que en la modificación legislativa se atenta contra el principio de presunción de inocencia.

Las armas de la razón

El presidente de la Asociación Mexicana del Rifle, Luis Antonio Merino González, asegura que continuará buscando el apoyo de los legisladores federales a fin de que se reforme la ley para permitir la libre portación de armas a los ciudadanos.

Detalla que a la fecha esa organización, en donde se encuentran agrupados miles de ciudadanos, buscan el diálogo con senadores y diputados, para crear una iniciativa que reforme las leyes vigentes.

“Para que todo aquel que considere que necesita un arma para la defensa de su vida, su honor, su familia o sus bienes, pueda tenerla, sin necesidad de que el otorgamiento de ese permiso quede a consideración de un criterio personal”, indica.

Merino González recuerda que en octubre del 2016, la AMR avaló la propuesta del senador panista por Colima, Jorge Luis Preciado, quien presentó una propuesta de reforma a la Constitución Política del país, en su artículo 10, para permitir que los ciudadanos pudieran portar armas de fuego en todo momento, no sólo en su casa, sino en sus negocios y vehículos.

Aun cuando la iniciativa no prosperó fue una ocasión para despertar conciencia entre la población sobre la necesidad de que la ciudadanía se arme frente a la delincuencia, asegura Merino González.

Por eso, dice, ahora son cada vez más ciudadanos que están reclamando ese derecho.

Por esa razón, el presidente de la AMR insiste en que no se descarta la posibilidad, en caso de no contar con el apoyo de legisladores, de presenta una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Unión.