Nadia ya distinguía los castigos que sus abuelos le podían dar, todo dependía de lo mal que se portara. Si no se terminaba su comida eran pellizcos en los brazos, pero si no entendía su tarea, sabía que le podían quemar las piernas con cigarros. Por casi dos años, la niña había normalizado la violencia física como parte de su cuidado familiar.
La menor, una pequeña de diez años a quien cambiamos el nombre por seguridad, fue víctima de maltrato infantil por parte de sus abuelos maternos, con quienes su madre la dejaba para ir a trabajar.
“Soñaba que un día estaría muy lejos de ellos, lo suficiente para que no me encontraran ni me volvieran a lastimar”, cuenta en entrevista.
Durante 2020 han ingresado a hospitales nueve mil 962 niñas y niños víctimas de lesiones resultado de violencia
De ellos dos mil 971 tratan sobre violencia sexual, donde el 92 por ciento son contra niñas y adolescentes según informa el SIPINNA mientras que el 10 por ciento de jóvenes de 14 a 17 años reporta haber sufrido alguna forma de violencia sexual (INE-MX 2018).
Ante dicho escenario y tras la exigencia de organizaciones de la sociedad civil, el Senado de la República anunció el 23 de septiembre la aprobación de las reformas que prohíben explícitamente el uso de violencia física como método correctivo para niñas, niños y adolescentes.
El senador de Morena Martí Batres, precisó que estos cambios no buscan criminalizar a padres, madres o tutores, pues no busca castigos penales.
“Es una reforma en el terreno del derecho familiar y civil, el dictamen constituye una condena a la violencia contra niñas, niños y adolescentes y también es una forma de educar para la paz”.
En entrevista, Batres señala que es momento de señalar y sobre todo erradicar la violencia contra los menores que muchas veces es erróneamente calificada como algo “natural”.
“La Convención Internacional de los Derechos de Niñas y Niños prohíbe el castigo corporal y los tratos humillantes, pero en la legislación mexicana apenas se discutió. Es importante poder mostrar a padres o tutores que hay otras formas de poner límites o sanciones a los menores a su cargo”, explica.
Con 92 votos a favor, los legisladores proponen modificar los artículos 323 y 423 bis para contemplar la violencia psíquica y emocional y establecer expresamente su prohibición para madres, padres y quienes tengan la tutela de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta legislativa, promovida por la organización Save the Children, menciona que el problema que se pretende resolver es que todos los días en todo el país niñas, niños y adolescentes sufren las causas y efectos nocivos del castigo corporal y humillante en su desarrollo y vida en las dimensiones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales en su desarrollo.
De acuerdo con el senador, el dictamen orienta no solo a padres sino también al personal de salud de instituciones deportivas y penales, entre otras, con el fin de inculcar una cultura de crianza diferente y así lograr concientizar y difundir desde todas las vertientes posibles que la violencia no se ejerce contra los menores.
Queremos que quede claro que esta propuesta no quita el derecho de los padres a corregir a los hijos, el énfasis es en que lo hagan con métodos diferentes, sin violencia, que se acerquen a los menores desde un lado humanista, sin golpes que dañen o afecten su dignidad y desarrollo
Los daños físicos directos e indirectos pueden ser dolores de cabeza y estómago, principios de colitis, incontinencia urinaria, somatización, pesadillas y problemas de sueño. En el ámbito cognitivo pueden presentar problemas de atención y retención, alteraciones de la memoria y afectación en sus posibilidades de desempeño escolar.
En el aspecto emocional, los menores llegan a padecer de hiperactividad, miedo, hostilidad, ansiedad, angustia, retraimiento, trastornos depresivos o estrés post-traumático, mientras que conductualmente corren el riesgo de tener un aumento de la aceptación del uso de la violencia en las relaciones con sus pares, baja autoestima, impacto negativo sobre sus objetivos educativos como ausentismo, falta de interés, incapacidad para relacionarse, propensión a decir mentiras y hacer trampa, alcoholismo, consumo de drogas, sexualización, daño auto infligido e incluso tendencias suicidas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres de la Unicef citada por el dictamen, 63 por ciento de niñas, niños y adolescentes en México sufren agresiones psicológicas y/o castigo corporal en su hogar, 6 por ciento son objeto de castigo corporal severo y solo el 31 por ciento experimenta formas de disciplina no violenta.
Además del nocivo y amplio impacto en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, el dictamen menciona que el castigo corporal y humillante tiene un costo alto para las personas, comunidades y economía, pues se estima que el impacto global de la violencia física y psicológica pueden alcanzar los siete trillones de dólares, es decir, un ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global.
