Con una confrontación entre legisladores y magistrados se llevó a cabo el foro sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, propuesta por el presidente de Andrés Manuel López Obrador, que se realizó en el estado de Veracruz.
La confrontación se desató luego de que el presidente de la Junta de coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, denunció redes de corrupción y nepotismo en circuitos, por lo que la respuesta de dos magistradas no se hizo esperar quienes le dijeron que también hay corrupción en los poderes Legislativo y Ejecutivo; incluso una de ellas mencionó el caso de los hijos de López Obrador.
Monreal criticó que el Consejo de la Judicatura Federal, pese a sus atribuciones, solo ha investigado o sancionado a 106 servidores públicos, de ellos el 0.6 por ciento corresponde a sanciones económicas y el 99.4 administrativas, y más del 30 por ciento amonestaciones.
Manifestó que de 2010 a la fecha se han entregado 45 mil millones de pesos al poder judicial sin que haya mejoras significativas en la impartición de justicia
“Con la red corrupción y nepotismo que se ha generado en los circuitos, es enorme la opacidad, la complicidad, el tráfico de influencias, la rendición de cuentas. Esta creación de redes de intereses clientelares entre servidores públicos y despachos, se genera una discrecionalidad en la toma de decisiones, se minan los cimientos de un estado constitucional democrático y los juzgadores no inspiran confianza al ciudadano”, dijo.
Al inaugurar el foro, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acusó a los jueces de liberar a delincuentes.
“Que la corrupción se solapa desde el Poder Judicial federal y que es precisamente desde ese poder donde se está liberando a delincuentes, sí, esos precisamente que asesinan, secuestran y matan, esos que hoy tienen un manto de impunidad de la justicia federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación liberó a 33”, indicó el mandatario.
La magistrada Hortensia Molina pidió no utilizar la tribuna para argumentar falazmente de presuntos actos de corrupción y rechazó que liberen delincuentes y primero pidió revisar la actuación de las fiscalías.
“No es verdad que los jueces liberen delincuentes, primero porque en este país todas las personas tenemos presunción de inocencia, y segundo, porque quien no cumple con sus obligaciones legales son las fiscalías y es a los jueces federales, a quienes por mandato constitucional corresponde revisar la actuación también de esas autoridades. No cabe duda que se requiere una reforma, no de los poderes judiciales del sistema de justicia en general, pero una estructural, seria, responsable, sin prisas ni sesgos”.
Por su parte, la magistrada Nadia Villanueva rechazó que todos los integrantes del Poder Judicial sean corruptos y destacó que, en todo caso, esas situaciones también se presentan en los otros poderes de la Unión.
“Quiero iniciar mi intervención diciendo que los integrantes del Poder judicial de la Federación no somos corruptos. Si bien es cierto que han existido fallas en el desarrollo de nuestra institución, esos actos de corrupción, nepotismo o algunos abusos han sido materia de investigación y sanción correspondiente por parte del Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo, también quiero mencionar que dentro de los tres poderes también existe corrupción, actos de nepotismo, tanto en el Ejecutivo como en el legislativo”.
Y mencionó el caso de los hijos del presidente López Obrador, a quienes se les señala de incurrir en actos de corrupción.
Esto ocasionó que de inmediato el petista Gerardo Fernández Noroña saliera en su defensa. Dijo a la magistrada que se trata de una acusación muy grave y sin sustento.
Por su parte, Luis Tapia, profesor de la Escuela Judicial, resaltó que en México se denuncian 8 de cada 100 delitos y sólo la mitad llegan al Poder Judicial.
Criticó que se proponga una reforma incompleta y despedir a jueces federales y locales, mientras, dijo, las fiscalías corruptas e ineficientes “están riéndose” y hacen esperar a las víctimas de delitos o a familiares de personas desaparecidas.
Más adelante, Enrique Galicia, que acudió en representación de los trabajadores, señaló que esta iniciativa se ve como una enorme oportunidad para obtener mejores condiciones laborales, pero pidió garantizar los derechos laborales entre ellos la carrera judicial, de lo contrario habrá movilizaciones.
Advertencia que el morenista, Ramiro Robledo, calificó de impropia porque, dijo, no se tocarán los derechos laborales.
A su vez, María Gabriela Rolón Montaño, secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura federal, señaló que los recursos contra juzgadores se desechan porque contienen argumentos genéricos, no evidencias, conductas reprochables, ni aportan pruebas.
El doctor en derecho e investigador, Jacobo Mérida Cañaveral, comentó que la propuesta del Ejecutivo federal no es reforma judicial, ni de justicia, porque no integran a fiscalías o policías, solo tiene que ver con el poder judicial.
Se trata, comentó de una reforma política y preguntó si ya se conoce el impacto que se tendrá en todo el sistema de justicia.
Marco Barrera Vázquez, activista de derechos humanos, coincidió en que se trata de una reforma política y hay que entender que va a cambiar al Poder Judicial.
Los especialistas indicaron que la propuesta de crear un nuevo órgano de disciplina podría resultar riesgosa porque podría fragmentar al poder judicial y generar causales ambiguas para investigar y sancionar.
Por último, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, informó que pronto se tendrá listo un dictamen que la actual legislatura dejará para que los próximos integrantes del Congreso de la Unión la avalen.
