El presidente Andrés Manuel López Obrador y los congresistas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no han dudado en usar su mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar lo más rápido posible una serie de iniciativas y reformas que dicen concretarán la Cuarta Transformación del país, pero que académicos y expertos aseguran son una amenaza.
Este paquete de cambios legislativos está integrado por la nueva Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (aprobadas en lo general), así como por la creación del padrón de telefonía móvil que obliga a los usuarios a entregar sus datos biométricos en caso de querer contratar una línea.
La falta de análisis y discusión respecto a estos temas e iniciativas que atañen cuestiones fundamentales como el Estado de Derecho, la economía, los tratados internacionales y el medio ambiente, pasó a segundo término debido al momento electoral por el que atraviesa la nación, la cual el próximo 6 de junio celebrará los comicios más grandes de su historia.
Creo que este conjunto de iniciativas se dan en un momento ya de por sí complicado porque estamos en medio de un proceso electoral, entonces pareciera que existe una urgencia desde el Poder Ejecutivo por aprobarlas
“Y a pesar de ser reformas que impactan en cuestiones fundamentales como los derechos humanos, la libre competencia o la democracia, se ha dado prioridad a que salgan adelante rápido sin la discusión necesaria que se tendría que dar en este tipo de temas”, dice Fernando Ojesto Martínez Manzur, analista político y catedrático de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM.
Resistencia al cambio en iniciativas
Más allá de ideologías, estas modificaciones e iniciativas hechas ‘al vapor’ y secundadas por los congresistas guindas y sus aliados: PVEM y PT, han resultado endebles e impugnables ante instancias judiciales, pues contravienen diversos contenidos de la Carta Magna dañando derechos de la ciudadanía, lo que ha impedido que algunas de ellas entren en vigor.
Tal es el caso de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual a pesar de encontrarse publicada en el Diario Oficial de la Federación, no se ha podido implementar por la cantidad de amparos que se emitieron en su contra y los cuales fueron respaldados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Algo similar está ocurriendo con la aprobación para crear el registro de datos biométricos, reforma a la cual el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa con especialización en competencia económica y telecomunicaciones, ya otorgó la primera suspensión provisional.
La Ley de Hidrocarburos recorre el mismo camino, ya que se enfrenta a una tormenta de amparos promovidos especialmente por las empresas particulares, por lo que no se sabe cuándo o si algún día estas modificaciones se harán una realidad.
En cuanto a la abrogación y sustitución de la Actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, una iniciativa promovida por el propio Alejandro Gertz Manero, y la cual fue aprobada en lo general después de un largo debate en el que se acusó a los morenistas de afectar los derechos de las víctimas de desaparición forzada, de no escuchar a la sociedad civil y de buscar eliminar una ley que originalmente fue aprobada con un amplio consenso, se devolvió al Senado para que se analicen las reservas emitidas.
Extensión de mandato proponen diputados de Morena
Posiblemente en este momento la reforma más polémica impulsada desde el Poder Ejecutivo sea la que se busca hacer al Poder Judicial para extender el mandato de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La justificación por parte del presidente de la República y los legisladores que votaron a favor de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es que se requiere de quien encabeza el Consejo de la Judicatura Federal para lograr el cambio que tanto han buscado.
Sin embargo, la oposición y especialistas en la materia acusan que esta medida viola gravemente la Constitución y resta credibilidad e independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El cambio que pretenden implementar en el cual el ministro presidente de la Corte extendería su mandato por dos años, es decir, hasta 2024, atenta contra la independencia del Poder Judicial, y si se debilitan los pesos y contrapesos que se han construido, podríamos sufrir de un grave retroceso en nuestro Estado de Derecho”, advierte Ojesto Martínez Manzur.
La minuta aprobada el jueves 22 de abril obtuvo 260 votos a favor de Morena, PT y Verde, dos abstenciones y 167 votos en contra del PAN, PRI, PRD, MC y PES. Además se presentaron 553 reservas.
En medio de la polémica decisión legislativa, Arturo Zaldívar, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en donde asegura que no tuvo ninguna participación en la elaboración de la iniciativa y esperará la resolución de la SCJN respecto a su ampliación de mandato.
“Ejerceré el cargo de presidente de la SCJN y del CJF por el periodo por el cual fui electo por mis pares y estaré atento a la determinación de la SCJN respecto al precepto en cuestión”.
