La aplicación sistemática del veto por parte del Gobierno estatal a iniciativas legislativas no sólo afecta los derechos humanos de los neoleoneses, sino de las mujeres que son frecuentemente víctimas de violencia.
Esta tendencia, incluso, debilita las instituciones democráticas de esta entidad.
Los vetos del Gobierno central, que en lo que va del año suman 46, tienen su origen en el desacuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el cual pareciera no tener remedio, por lo menos durante este 2023.
El veto de una reforma al Código Penal del Estado de Nuevo León, que establece una adecuada interpretación del delito de feminicidio por parte de la Fiscalía General de Justicia, es una afectación directa a las mujeres.
Hoy, el gobernador del Estado de Nuevo León realizó su veto no.70 en su periodo de gobierno, argumentando que no existe presupuesto. Entre los vetos, se encuentra una modificación a la Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar…
— sofía (@Anasofiagzz96) February 22, 2021
“Todas las muertes violentas de una mujer, incluidas aquellas que en principio parecieran haber sido causadas por motivos criminales, suicidio o accidente, deben de investigarse como probable feminicidio y con perspectiva de género, de conformidad con el protocolo especializado aplicable”, dice la modificación.
La violencia de género situó a Nuevo León en el segundo lugar a nivel nacional en feminicidios, durante el año pasado, después de que se contabilizaron 102 casos de este delito.
La modificación del Código Penal incluye sanciones de prisión de cinco a diez años para el funcionario público que encubra este delito, entorpezca o retarde una investigación o la procuración de justicia.
“A la persona servidora pública que, tratándose de la muerte violenta de una mujer, omita iniciar la investigación como probable feminicidio, filtre información, fotos, videos o evidencias de la investigación,
“Retarde, obstaculice o entorpezca dolosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a mil quinientas cuotas”, dice la reforma.
Se reformaron siete fracciones del artículo 331 bis del Código Penal, así como los artículos 331, 6 bis y 410. Y aunque esta reforma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, existen muchas dudas de que entre en vigor, pues aún no se ha dado a conocer en el Periódico Oficial, por lo que no genera certeza jurídica.
La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC) lamentó el veto a la reforma al Código Penal, pues considera que impide que las autoridades cuenten con una interpretación adecuada del delito de feminicidio.
“Además, al no haberse aprobado esta reforma, no se han incluido sanciones a encubridores y servidores públicos que retarden la procuración de justicia en casos de feminicidio, lo que promueve la impunidad y propicia que estos delitos se sigan cometiendo”, dice este organismo.
#ÍndigoMTY | El gobernador de #NuevoLeón, @samuel_garcias, vetó un total de 13 reformas de leyes y códigos realizadas por diputados locales; iniciativas son turnadas a las diferentes comisiones del @CongresoNL para su estudio.https://t.co/Y0ObieM7xc
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) May 31, 2023
Víctimas vetadas
Una reforma a la Ley de Víctimas, por la que dotarían a las mujeres víctimas de violencia de un carnet para contar con acceso a programas sociales, también fue vetada por el Gobierno estatal.
Este apoyo era para las víctimas directas e indirectas de violencia que se padece en Nuevo León. A esto se suma un veto a una reforma de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, lo que perjudica a madres solteras.
La decisión afecta, también, a las personas en situación de vulnerabilidad o que hayan sido víctimas de violencia de género, pues este veto obstaculiza la creación de programas que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso a vivienda.
Estos vetos a reformas constitucionales, que el mandatario no tiene la facultad de bloquear los decretos, solo desgastan las instituciones, y violenta el adecuado funcionamiento solo en beneficio de un conflicto político.
Más vetos a movilidad
El gobierno encabezado por Samuel Garcìa continúa aplicando vetos a iniciativas que aprueba el Congreso local, sin importar que sean para mejorar la movilidad en la Zona Metropolitana de Monterrey.
Se trata de 13 vetos que llegaron al Poder Legislativo que tiene ajustes a la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir, y dos dictámenes distintos a la Ley de Movilidad Sostenible, que se turnó a la Comisión de Movilidad.
La movilidad en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) ha sido un problema que se ha agudizado en los últimos años, incluso, el mantenimiento de la línea 2 del Metro ha ocasionado retraso del traslado de los ciudadanos.
