El equipo jurídico de Andrés Manuel López Obrador centrará sus baterías en buscar que se invalide la elección presidencial por violaciones al artículo 41 de la constitución
"No estamos promoviendo la nulidad de acuerdo con el 295 Constitucional, estamos promoviendo la invalidez por violación a principios constitucionales, como en el caso de la alcaldía de Morelia”
La invalidez de la elección presidencial sí es factible y tiene una ruta legal. Y es que existe un marco jurídico que faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a aplicar la nulidad abstracta.
Y para ello no es necesario demostrar que el PRI compró millones de votos; basta con acreditar que se ofrecieron dádivas a cambio.
Así lo considera John Ackerman, especialista en materia electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en entrevista con Reporte Indigo.
Explica que a pesar de las intenciones de los partidos políticos por limitar las facultades de los magistrados para anular elecciones por violaciones constitucionales, hay criterios claros.
“Las reformas constitucionales del 2008, al articulo 99 especifican que el TEPJF sólo pueden anular elecciones por las cuestiones señaladas expresamente en la ley. Y dieron muerte a la nulidad abstracta.
“Pero el Tribunal ha respondido, a través de una corriente, que ha construido unanueva causal. El criterio se llama: Invalidez por principios constitucionales”.
La figura ya se implementó en tanto en la elección de Acapulco como en la de Morelia y con fallos distintos.
La visión no es tan nueva y Ackerman la explica en su más reciente publicación: “Nulidad y Autenticidad por un Derecho Electoral al Servicio de la Democracia”, donde detalla quienes son los impulsores de la corriente.
“El argumento central lo generó el magistrado Salvador Nava Gomar.
Él, junto con Manuel González Oropeza considera que ante violaciones constitucionales y lagunas jurídicas que permitan desarrollar causales de nulidad el TEPJF deben tutelar los principios constitucionales”.
Aunque será esta tarde cuando el político tabasqueño dije su postura oficial, hay señales de que trataran de echar a bajo la elección por ambas rutas.
La nulidad está sustentada en que el Tribunal Electoral anule por lo menos el 25% de las casillas para que el triunfo de Enrique Peña Nieto quede sin efectos. Por la vía cuantitativa.
Y la segunda (la invalidez) se enfoca en aspectos cualitativos. Con un análisis profundo de la elección en su conjunto, considerando el rebase de tope de gastos de campaña, compra de votos, el sesgo mediático y las encuestas tendenciosas.
Por esa razón pide al Tribunal Electoral no ser tibio.
“No se tiene que demostrar que se compraron votos, basta con que se acredite que se ofrecieron dádivas en el ámbito penal y en el electoral”.
Mientras que la tarde de ayer el Movimiento Progresista explicó, a través de RicardoMonreal, que la violación al artículo 41 de la Constitución se da por cinco agravios.
Uno, el rebase de topes de gastos de campaña; dos, la compra masiva del voto; tres, la omisión de las autoridades electorales; cuatro, la injerencia de gobernadores del PRI y cinco, el impacto de las encuestas.
“Hubo graves omisiones. Desde hace más de tres meses documentamos que se excedió el gasto de campaña, pero el IFE no quiso actuar. No se puede resolver el juicio de inconformidad que estamos planteando, si no están resueltas las quejas de fiscalización”, indicó Monreal.
