Las rentas en la Zona Metropolitana de Guadalajara llegan hasta 100 mil pesos

Sin medidas de las autoridades ni acuerdos de los legisladores, los precios de las rentas de las viviendas en la capital jalisciense y su zona conurbada, se han disparado hasta alcanzar un nivel lejano al salario promedio
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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Aunque los altos costos que están alcanzando las rentas para viviendas en la metrópoli de Guadalajara se han posicionado ya como una problemática relevante en la agenda pública de Jalisco, hasta ahora ninguna fuerza política ha propuesto alguna modificación para reducir los topes máximos de precios que en esta materia establece el Código Civil del Estado.

El 30 de mayo de 2023 el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco emitió un reporte en el que advirtió que el costo promedio de las rentas de viviendas en la metrópoli de Guadalajara ronda los 25 mil pesos.

“En las plataformas consultadas se encontró una oferta de vivienda en renta de 3,615 propiedades, volumen inferior a las 5,990 que se obtuvieron en la actualización anterior. La renta mensual promedio de las viviendas en el AMG es de 24,974, aunque el rango de precios es muy amplio con un mínimo de 3,000 y un máximo de 100,000″, informó el Instituto.

El Código Civil del Estado de Jalisco contiene una regulación sobre los precios máximos permitidos para rentar un espacio de vivienda, de acuerdo con las disposiciones que establece en su “Capítulo IV. Del arrendamiento de bienes inmuebles”, en su “Sección Segunda. Del arrendamiento de inmuebles destinados a habitación”.

Ahí señala en el artículo 2041: “Cuando el valor comercial del inmueble sea el equivalente hasta 10 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se seguirán las siguientes reglas:”

“I. En cuanto al importe de las rentas: a) No podrá exceder del doce por ciento anual sobre el valor fiscal que reporte el inmueble; b) Cuando no exista valor fiscal o éste no se hubiese actualizado durante los últimos tres años, el importe de la renta no podrá exceder del diez por ciento anual del valor comercial del inmueble”.

En los siguientes dos artículos del Código Civil se aborda la obligatoriedad de estas disposiciones para la renta de inmuebles. Así se constata en el artículo 2042, que indica: “Las disposiciones contenidas en el artículo anterior son de orden público. Por lo tanto, son irrenunciables y en consecuencia, cualquiera estipulación en contrario se tendrá por no puesta“.

Así como en el artículo 2043 en el que se señala: “En el caso a que se refiere el Artículo 2041, cuando se celebren convenios que generen obligaciones más gravosas para el arrendatario, estos serán nulos de pleno derecho, no importando si se hacen constar bajo la forma de recibos, vales, cartas o cualquier otro documento, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra“.

Una causa en voz de un diputado

Uno de los actores políticos que ha incluido en su agenda de trabajo la problemática de los altos costos de las rentas de viviendas en Guadalajara, es el diputado y jefe de la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco, José María Martínez Martínez.

El legislador ha contribuido a que este asunto haya cobrado notoriedad en las últimas semanas en Jalisco; sin embargo, el planteamiento de solución que presentó el 8 de junio pasado dividió opiniones. Algunas voces lo consideraron viable, pero otras lo calificaron como poco factible y de bajo impacto, dadas las dimensiones del problema.

Martínez Martínez planteó que los ayuntamientos de Jalisco edifiquen vivienda en sus propias reservas territoriales, con el objetivo de rentar sus espacios en precios bajos de 2 mil 500 pesos para los sectores con menores ingresos. El diputado presentó el caso de un predio específico en Zapopan que, según sus análisis, podría aprovecharse con estos fines. El comunicado del legislador así lo expone:

“La propuesta consiste en que el Gobierno municipal de Zapopan construya sobre tan solo el 15 por ciento de este terreno (La Martinica), cuatro cuerpos de edificios para contar 100 departamentos de vivienda de dos recámaras, un baño en 57 metros cuadrados y con renta aproximada de 2 mil 500 pesos por departamento, que podrá construirse con un crédito de la banca de fomento por 46 millones de pesos, y será pagado en menos de 30 años aproximados quedará pagado el crédito y el edificio seguirá siendo propiedad municipal; así la gente podrá tener acceso a rentas más accesibles en una vivienda digna“.

El diputado declaró aquel día: “El que el Gobierno entre como jugador en el mercado inmobiliario es para regular vivienda con perspectiva social, que le garantice a las y los zapopanos acceso a una vivienda de alquiler barata de acuerdo a su ingreso, y que le permita elevar su calidad de vida y le garantice su dignidad”.

Las expectativas derrumbadas

Debido a que en mayo pasado el Senado de España aprobó su Ley de Vivienda, que ordena el establecimiento de límites máximos para el precio de los alquileres en ese país, se esperaba que el jefe de la bancada de Morena en  Jalisco presentara una propuesta legislativa de mayor calado para atender esta problemática en el estado.

De ahí que su planteamiento, que omite por completo alguna modificación sobre la regulación de las rentas que ya prevé el Código Civil del Estado, haya recibido críticas en el sentido de que se quedó muy corto en sus alcances, particularmente tras las altas expectativas que había generado con sus protestas públicas en esta temática (suele usar una playera que dice: “pinches rentas caras”).

Los rangos máximos para el costo de las rentas de viviendas que ya contempla el Código Civil del Estado, y que podrían modificarse –de quererlo- desde el Congreso estatal, parecen estar fuera del radar de las autoridades locales, pues apenas este 1 de junio de 2023, el director del IIEG de Jalisco, Augusto Valencia López, le aseguró al medio Notisistema que resultaba inviable establecer topes tanto para la renta como para la venta de viviendas.

“Se podría intentar establecer algún esquema legal para topar las rentas, pero me parece que tendría mucha vulnerabilidad legal. No me parece que sea una estrategia adecuada, porque terminaríamos en tribunales con una alta probabilidad de invalidar las normas que buscan establecer precios”, declaró el funcionario ante ese medio.

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