[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”1_7rnefe1k” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] La victoria que obtuvo Morena en las urnas el pasado 1 de julio se hará tangible desde antes de que Andrés Manuel López Obrador ocupe el cargo como el próximo presidente de México.
En menos de dos semanas la LXIV Legislatura entrará en funciones y será el Congreso de la Unión, en el cual la bancada de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ tendrá la mayoría absoluta, desde donde el nuevo gobierno buscará empezar a realizar la tan prometida cuarta transformación del país.
Para poder lograrlo, tanto los legisladores de la bancada de Morena, PT y PES como el mismo López Obrador, ya delinearon una agenda legislativa con las iniciativas en las que se comenzará a trabajar a partir del 1 de septiembre y otras que impulsará el político tabasqueño en cuanto tome posesión del cargo que los votantes le confiaron en los comicios pasados.
Luis Humberto Fernández, senador saliente del PT y vicecoordinador de esa misma bancada en la Cámara alta, comenta que los temas en los que se comenzará a trabajar de manera inmediata cuando comience la nueva legislatura son cuatro.
El primero de ellos será determinar la agenda legislativa definitiva, la cual considera que a estas alturas ya se encuentra bastante clara.
Luego vendrían dos cuestiones: implementar la política de austeridad y comenzar con el combate a la corrupción, los principales compromisos de López Obrador a lo largo de su campaña.
Y finalmente concretar los elementos necesarios para que el proyecto del tres veces candidato a la presidencia de la República sea posible a través de la reorganización de la administración pública.
Esto significa llevar acabo modificaciones a la Ley Orgánica de la administración pública que crearán las secretarías como la que encabezará Alfonso Durazo.
Entonces más que allanar el camino, es desarrollar una funcionalidad institucional en el marco de la ley y en la división de poderes”, explica Fernández.
En una segunda etapa, el ahora presidente electo, también buscará impulsar una serie de cambios desde la silla del águila. Acción que para llevar a cabo tendrá que esperar hasta el 1 de diciembre.
Sin embargo, López Obrador ya parece tener su plan bien definido, pues ya dio a conocer las primeras 14 iniciativas que mandará en cuanto se convierta en la cabeza del Poder Ejecutivo.
La lista se encuentra conformada por cambios como eliminar el fuero presidencial y modificar el artículo 108 de la Constitución para agregar que éste también pueda ser juzgado mientras se encuentre en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Así como suspender por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos.
En materia de austeridad se buscará elaborar la ley reglamentaria al artículo 127 constitucional, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República.
“Todo lo relacionado con el combate a la corrupción y con la austeridad republicana. Eso va a tener prioridad”, aseguró López Obrador al salir del evento en donde se reunió con los diputados y senadores electos de los tres partidos que integraron su coalición, misma que lo llevó al poder.
Cumplir las promesas de AMLO
Los dos principales compromisos que hizo Andrés Manuel López Obrador ante la ciudadanía durante el proceso electoral y una vez que fue nombrado presidente electo fueron erradicar la corrupción en el país y aplicar medidas de austeridad al interior del gobierno.
Por ese motivo y para no perder legitimidad ante la ciudadanía, los legisladores de Morena, PT y PES que conformarán la LXIV Legislatura que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y que tendrán mayoría en ambas Cámaras ya alistan una serie de iniciativas para que cuando el tabasqueño asuma su cargo como primer mandatario de la nación pueda comenzar a trabajar de inmediato sobre estos temas.
Por ahora, Ricardo Monreal, quien se perfila para ser la persona que coordinará a la bancada de su partido en el Senado y Mario Delgado, quien presuntamente sería su homólogo en la Cámara de Diputados, son los que más han abundado en estas cuestiones.
En el evento donde López Obrador se reunió con los senadores que conformarán la siguiente Legislatura, el exdelegado de la Cuauhtémoc, aseguró que se buscará acabar con el parlamentarismo mediocre y frívolo que se ha dado hasta ahora.
El presupuesto actual que los órganos de dirección del Senado han planteado a la Secretaría de Hacienda es de 5 mil 200 millones de pesos, por lo que Monreal explicó que aplicando una política de austeridad profunda, se podrían disminuir más de mil 500 millones de pesos del presupuesto, y señaló que incluso ya se lo propusieron a Carlos Urzúa, quien sería el próximo secretario de Hacienda.
Aunado a esto, Ricardo Monreal indicó que en cuanto los próximos legisladores asuman su cargo, se eliminará la póliza de seguros de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado y el fondo de ahorro para ellos y otros altos funcionarios.
Por este motivo hizo un llamado a los poderes públicos, a los organismos autónomos, a las entidades federativas, a los municipios, a los congresos locales y a las universidades públicas para que actúen en consecuencia.
“Disminuyamos todo el costo del gobierno para invertirlo en beneficio de la población, esto no puede esperar más”, lanzó.
Por su parte, Luis Humberto Fernández explicó que para disminuir sueldos a funcionarios públicos no sería necesario llevar a cabo una reforma Constitucional.
“Para bajarle el sueldo a los altos funcionarios del gobierno no se requeriría de una modificación a la Carta Magna porque estamos hablando de personal de confianza. Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro de que al personal de base no se le va a reducir el sueldo, por lo que únicamente se tendría que modificar la partida dentro del presupuesto para el 2019 y crear un nuevo tabulador de sueldos y remuneraciones para que las nuevas contrataciones estén basadas en esas cifras”, comenta.
Por su parte, el morenista Mario Delgado, ha dicho desde el año pasado que el tema de la austeridad es fundamental para el país. Incluso propuso una ley de salarios máximos para que efectivamente sea el presidente de la República el que más gane, pero que tenga un salario más modesto.
“No se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre; hay mucha falta de legitimidad en el ejercicio del gasto público, hay muy poca transparencia; hemos visto que este gobierno no se ajusta el cinturón, solamente la gente”, afirmó.
Para lo que se refiere al combate a la corrupción, hay todavía muchos obstáculos que superar. Empezando por la transformación de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía
Realidad que se ha convertido en una traba para poder nombrar también a quienes serían el Fiscal Anticorrupción y Electoral.
De acuerdo a lo que indica la Constitución actualmente, el Fiscal General de la República sería el encargado de nombrar a los otros dos fiscales, sin embargo, hasta que la Ley Orgánica de este nuevo órgano autónomo no se apruebe, la institución no puede cobrar vida.
“La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República”, señala el artículo 102 Constitucional, el cual los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, han tratado de que se reforme para garantizar la independencia y autonomía de estos nombramientos y que hasta el momento han fracasado, pues López Obrador ha dicho que eso no sucederá.
Las iniciativas desde el poder
Para concretar la cuarta transformación del país, Andrés Manuel López Obrador dio a los futuros legisladores una lista con 14 iniciativas que, en cuanto tome posesión del cargo como presidente de la República, pondrá a consideración del Congreso.
La lista comienza con las modificaciones al artículo 127 Constitucional para garantizar que ningún funcionario público gane más que el propio presidente.
También se incluye la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual forma parte actualmente de la Secretaría de Gobernación y que una vez que se vuelva independiente dirigirá Alfonso Durazo.
Otro de los temas a tratar será la elaboración del proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar el artículo 108 de la Constitución para agregar que pueda ser juzgado el presidente en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Asimismo suspender por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos.
En cuarto lugar viene la reforma a la ley para incluir dentro de los delitos graves acciones como el robo de hidrocarburos, la corrupción y el fraude electoral.
“Para llevar a cabo estos cambios se requeriría una reforma Constitucional, sin embargo, no creo que nadie tenga ninguna objeción en modificar algunos delitos como el robo de hidrocarburos para convertirlos en graves. Estamos hablando de un beneficio tan claro que nadie se va a oponer a eso. Por lo tanto no creo que se convierta en un problema”, comenta Luis Humberto Fernández.
Elaborar la Ley de Ingresos y del Presupuesto del 2019 bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda será otra de las prioridades.
El traslado del Estado Mayor Presidencial para que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional será otro tema que quedará en manos de los próximos legisladores.
A esto se suman una iniciativa para revocar la Reforma Educativa, revertir el reciente decreto de privatización del agua, garantizar que haya educación pública gratuita en todos los niveles escolares y eliminar las trabas para las consultas populares junto con la revocación de mandato.
López Obrador también solicitó como otras prioridades revisar qué reformas son necesarias para aumentar el salario mínimo en la zona fronteriza. Mientras que para llevar a cabo su plan de austeridad republicana, pidió realizar los cambios necesarios en leyes, reglamentos o decretos para reducir la estructura del gobierno.
“Implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados”, explicó.
En este apartado también se incluye el tema de los delegados que se asignarán a cada estado de la República, y que de acuerdo con el senador saliente Luis Humberto Fernández, no debe representar ningún problema.
“El nombramiento de los delegados no implica ningún problema porque es un acto de delegación, es decir, que el presidente en el uso de las facultades que le da el artículo 89 no requiere de ninguna forma una acción legislativa porque lo único que se está haciendo es delegando una función que está descrita en la Constitución.
Por ello para suplir a las secretarias en cada estado no se requeriría ninguna reforma, ya que los delegados son del orden federal; son enviados del presidente y las facultades de los estados no se tocan ya que no están incluidas en la Carta Magna, sino en las constituciones de cada una de las entidades.
Lo único que se tendría que atender es el tema legislativo: crear la unidad ejecutora de gasto y sobre de eso instaurarlos.
Quien haya dicho que se trastoca o altera la actividad de los gobernadores es absolutamente falso porque las actividades federales están normadas en la Constitución Federal y las facultades de los mandatarios de cada estado dependen de sus Constituciones locales”, explica el vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo en el Senado
Finalmente la cuestión de las aeronaves del gobierno, incluida la venta del avión presidencial, tampoco deberían causar problemas de acuerdo con Fernández.
“La venta del avión es una desincorporación; es un acto administrativo, no tiene mayor problema, pues no se requiere del involucramiento del poder legislativo”.