[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”1_vskfcllr” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] La reciente asignación de notarías públicas de Jalisco a funcionarios y parientes de políticos, incluido un primo del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, es producto de la alianza de facto entre panistas y priistas que ha hundido en el amiguismo el reparto de esos cotizados nombramientos.
Los distintos funcionarios del gobierno estatal del PRI que acaban de recibir una notaría de manos de su jefe, el gobernador Sandoval Díaz, no hubieran podido obtenerla sin la reforma que en 2012 impulsó el gobierno del PAN de Emilio González Márquez para debilitar la Ley del Notariado.
En efecto, anteriormente el artículo 9, fracción XI de esa Ley prohibía que los funcionarios activos pudieran hacerse de una notaría, para proteger así la equidad en la competencia por las mismas. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2012 el panista González Márquez publicó el decreto 24158/LIX/12 que eliminó esa restricción.
Peor aún, desde el 20 de enero de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de esa reforma emilista “en la porción que deroga la fracción XI del artículo 9 de la Ley del Notariado”, según su resolución en la acción de inconstitucionalidad 65/2012.
Sin embargo, tras 4 años de esa sentencia, la Ley del Notariado sigue sin ser reformada para reincorporar el candado que dejó fuera el gobierno del PAN de González Márquez, lo que sigue permitiendo el reparto de las notarías como premio político por el gobernador en turno.
El actual mandatario priista, Sandoval Díaz, no sólo no ha promovido la corrección de la Ley para volver a prohibir que funcionarios puedan obtener notarías, sino que ha sacado raja política de ello, concediendo esos títulos a tres de sus subalternos, uno de ellos su primo:
Luis Gerardo Sandoval Fernández, su primo y director de Mejora Regulatoria; Carlos Márquez Rico, director del Registro Público de la Propiedad; y Martha Gloria Gómez Hernández, subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno (SGG).
El escenario pudo ser peor, pues aún el titular de la SGG, Roberto López Lara, intentó conseguir una notaría, pese a que buena parte de la evaluación de aspirantes recae en su propia dependencia, terminó por dimitir tras las críticas por el conflicto de interés que estaba generando.
Reforma ilegal
La Corte declaró la invalidez de la reforma emilista que eliminó los candados en la Ley del Notariado, debido a que fue expedida por el Congreso violando su propia reglamentación, por lo que “atenta contra los principios de seguridad jurídica y deliberación parlamentaria”.
La principal irregularidad se tejió de esta forma: El 14 de septiembre de 2012 el Congreso había aprobado un cambio al artículo 28 de esa Ley sin ninguna relación con el ámbito de los candados, mediante un decreto que terminaría volviendo al Legislativo tras recibir observaciones del gobernador, González Márquez.
El “albazo” vino cuando la Comisión de Puntos Constitucionales presentó ante el pleno del Congreso un nuevo dictamen que, en apariencia, atendía exclusivamente a las observaciones del gobernador, pero no era así, pues se le había incluido subrepticiamente el cambio al artículo 9, para dar pie al uso político de las notarías.
La Corte concluyó que ese nuevo dictamen aprobado el 25 de octubre de 2012 había tomado por sorpresa a los legisladores, pues lo votaron sin tener conocimiento de que contenía la derogación de la restricción a funcionarios para acceder a notarías.
Dijo la Corte sobre la Comisión: “Tal proceder además de que no se ajustó a lo dispuesto en los artículos 213 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 26 del propio reglamento, habida cuenta que, lejos de limitar su actuación a atender sólo las observaciones formuladas por el Ejecutivo (…) también incorporó la derogación de referido precepto (en el art. 9)”.
Incluso, que “de las constancias de autos no se desprende alguna que demuestre que los diputados previo a la sesión recibieron copia del dictamen de Decreto 24158/LIX/12, y, por ende, que tuvieron conocimiento de su contenido”.
Para proteger la equidad en la competencia los funcionarios no podían hacerse de una notaría, pero en 2012 se eliminó esa restricción
La Corte calificó como “prácticas irregulares” que generan “inseguridad jurídica“, el hecho de que “con el pretexto de ‘perfeccionar’ cierta normatividad, la Comisión respectiva sin justificación alguna incorpora en un dictamen la derogación de un numeral que no tiene relación con las observaciones realizadas por el gobernador”.
Algunos beneficiarios del reparto de notarías con ligas PRI-PAN
>Roberto Mendoza Cárdenas Ex diputado priista.
>Eugenio Ruiz Uribe Hijo del ex alcalde priista de Guadalajara, Eugenio Ruiz Orozco.
>Ángel Zamora Estrada Hijo del senador del PRI con licencia, Arturo Zamora Jiménez.
>Fernando Guzmán Pérez Peláez Panista, ex secretario general de Gobierno de González Márquez.
Premio político
La impugnación contra la reforma emilista fue promovida por un grupo de diputados del PRI al advertir que había una violación a las formalidades legislativas, y que las notarías se volverían “premios políticos” en manos del gobernador; la ironía es que son ahora los priistas los que sacan provecho de ese decreto panista.
La impugnación contra la reforma emilista fue promovida por un grupo de diputados del PRI al advertir que había una violación a las formalidades legislativas, y que las notarías se volverían “premios políticos” en manos del gobernador; la ironía es que son ahora los priistas los que sacan provecho de ese decreto panista.
Los priistas habían argumentado ante la Corte que el permitir que funcionarios accedieran a las notarías “es violatorio del derecho de igualdad”, pues “además de desnaturalizar la intención del legislador (en cuanto a fortalecer la profesionalización de dicha actividad), se generó una situación de desigualdad respecto de aquellos aspirantes que no se han desempeñado en algún cargo público pues, según refieren, dicha patente representa un premio político para los ex funcionarios públicos”.
Además de que “genera que aquellas (personas) que no se encuentran en ese supuesto (ser funcionarios) no tengan la certeza de que obtendrán la patente de notarios por méritos profesionales propios, sino por los vínculos políticos que pueda llegar a tener; máxime que las personas que llegaran a tener una patente pudieran no ser verdaderos profesionales de la actividad notarial.”
Y que “se veda el derecho de la sociedad de contar con profesionistas con capacidad, eficiencia y honorabilidad (…) pues permite que dicha patente sea un premio político a favor de personas que no tengan las cualidades y calidades necesarias para aspirar a dicho encargo“.
