El Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que está encargado de vigilar las actuaciones de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, ha interpuesto 49 denuncias penales contra jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales por diversos delitos durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con registros del Consejo proporcionados vía transparencia, durante el Gobierno que encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto, se presentaron 30 de estas denuncias, mientras que bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se han interpuesto otras 19 por delitos tales como Enriquecimiento ilícito, Peculado e inclusive por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En específico, el delito más denunciado por el órgano anti-corrupción del Poder Judicial federal ha sido el Enriquecimiento ilícito, contra el cual se han interpuesto 11 denuncias; seguido por Falsificación de documentos, con 10 denuncias; por Ejercicio ilícito de servicio público, con nueve denuncias; después está Contra la Administración de Justicia, con seis denuncias; así como Robo, con cinco casos; y Peculado, con tres denuncias.
🔵 El sistema de justicia de #Jalisco se ha mantenido con focos rojos durante el gobierno de @EnriqueAlfaroR. Las denuncias en contra de funcionarios, jueces y magistrados, por corrupción, se acumulan sin señales de cambio.https://t.co/SkQdHliZ6U
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) July 12, 2023
Por su parte, los siguientes delitos han sido denunciados solo en una ocasión durante la pasada y actual administración: Abuso de Autoridad, Falsedad de declaraciones judiciales, Hostigamiento sexual, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, finalmente, Uso de documento falso Federal.
El Consejo de la Judicatura ha interpuesto 10 denuncias contra Magistrados, otras 10 contra Oficiales administrativos (también de Servicios y Mantenimiento; y de Partes); así como ocho contra Jueces; siete contra Secretarias y Secretarios; cinco contra Actuarios Judiciales; dos contra Analistas; dos contra “Asesor SPS”; dos contra Delegados Administrativos; una contra una Administradora Regional; una más contra un Jefe de departamento y, finalmente, otra contra un Técnico Administrativo.
De acuerdo con la adscripción de los funcionarios judiciales que fueron denunciados por el órgano, estas 49 acciones jurídicas se distribuyen de la siguiente forma: 15 denuncias fueron contra funcionarios judiciales que laboran en la Ciudad de México; seis contra funcionarios judiciales de Baja California; cuatro se ubicaron en el Estado de México; con tres aparecen tanto Coahuila como Michoacán; con dos aparece cada uno de los siguientes estados: Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo; Sonora; Veracruz y Yucatán; mientras que con una denuncia aparece cada uno de los siguientes estados: Chiapas, Guerrero, Morelos y Sinaloa.
La información fue proporcionada directamente por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo, cuyas facultades se puntualizan en la respuesta otorgada: “Debe precisarse que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, tiene como atribuciones, entre otras formular denuncias y querellas a fin de que sean presentadas ante la autoridad competente”, según lo establecido en el “Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo (Folio: 330030423002043)”.
Las indagatorias
Aunque han sido decenas de denuncias las que se han interpuesto desde el Consejo de la Judicatura contra los miembros del Poder Judicial de la Federación que han actuado indebidamente, solamente una de ellas han derivado en una condena.
De hecho, la mayor parte de las carpetas de investigación que ha emprendido el Ministerio Publico contra funcionarios judiciales, a consecuencia de las denuncias del Consejo, se encuentran en su etapa de Integración, así sucede con siete de cada 10 casos (el 69.38 por ciento).
#Mañanera Sobre las cuatro denuncias en contra de magistrados del @TFJA_Mex_Ofi explicó el secretario de @SEGOB_mx, @adan_augusto que ninguna denuncia es por actos de corrupción y señaló que dos de los implicados han dejado ya el puesto. @Notimex pic.twitter.com/eI3yetYCXF
— Fernando Rivero M (@FerchoRivero) May 11, 2022
En específico, los registros proporcionados muestran que 34 carpetas de investigación se encuentran en dicha etapa de Integración; mientras que de otras cinco el Ministerio Público determinó el “No ejercicio de la acción penal (NEAP)”; tres se encuentran con Amparo; dos en Reserva; una está en Archivo temporal; una está Consignada; una está en Etapa complementaria; una está en Instrucción y, como ya se indicó antes, solo una cuenta con sentencia condenatoria.
La Misión que se atribuye el Consejo, actualmente presidido por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, consiste en: “Garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial”.
Crítica presidencial
Entre los cuestionamientos que ha lanzado el presidente López Obrador contra el Poder Judicial federal, algunos han estado dirigidos específicamente contra el Consejo de la Judicatura.
El 1 de marzo de 2023, cuando se le pidió su opinión sobre un amparo que se habría concedido favorable al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el presidente López Obrador aprovechó para atacar a la SCJN.
“Es parte de la decadencia del Poder Judicial, no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. (…) Antes, cuando estaba el ministro Arturo Zaldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se les respetaba su autonomía, pero vigilaban, del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Ese organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado.
“Antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra.
declara que son autónomos, que puedan hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.
