Las irregularidades reveladas del INM
La muerte de al menos 39 migrantes en un incendio en una estación provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, recrudeció la crisis migratoria y reveló las entrañas de los contratos y empresas contratadas por el Instituto Nacional de Migración
Linaloe R. FloresObligado por su propio marco jurídico a “proteger” a las personas extranjeras aseguradas en territorio mexicano, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha adecuado de manera provisional en todo el país cientos de inmuebles como estancias para personas migrantes. No se trata de albergues ni de oficinas. Son espacios con celdas y cerrojos.
Fue en una estancia como esas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un incendio mató al menos a 39 migrantes la noche del pasado lunes, lo que recrudeció la crisis migratoria y colmó las historias de fracaso de millones de personas en su intento por llegar a Estados Unidos a través del territorio mexicano.
Reporte Índigo revisó los contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet de los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y lo que va de 2023 del INM para localizar los gastos para las“estancias provisionales”.
La empresa de seguridad privada en el INM de CD. Juárez incurrió en NUEVE irregularidades ¿Cuántas “estaciones” migratorios estarán en las mismas condiciones?
— Ignacio R. Morales Lechuga (@irmoralesl) April 1, 2023
En esos años, en los que Francisco Garduño Yáñez ha estado al frente del organismo, en 442 contratos solo aparecen ocho con esa identificación y se refieren a un solo gasto: su limpieza. Suman 7 millones 4 mil 716 pesos.
En cambio, la deportación de personas aseguradas en México representó una erogación de más de mil 286 millones pesos que se llevó la empresa ETN Turistar de Lujo del empresario mexiquense Roberto Alcántara a través de siete contratos.
Los servicios de alimentos también sobresalen en la lista de contrataciones del INM. Representaron más de mil 696 millones que se llevaron las empresas Operadora de Comedores Saludables S.A. de C.V., Escore Alimentos S.A. de C.V., Coordinación de Distribuciones y Servicios Logísticos S.A. de C.V., Café Bersa S de RL de CV, Praderas del Grijalva y Operadora Maribran S.A. de C.V.
Las irregularidades
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó la noche del jueves 30 que la seguridad en la estación de Ciudad Juárez en donde fallecieron los 39 migrantes estaba a cargo de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa que apenas el 19 de febrero pasado renovó su permiso por un año ante esa misma dependencia.
En la PNT se encuentra el contrato CS/INM/021/2022 con vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022 por 165 millones de pesos para el servicio de seguridad de los inmuebles del instituto en 23 entidades federativas, entre ellas Chihuahua.
Si bien esa compañía será investigada por la tragedia pues estaba a cargo de la estación de Ciudad Juárez según la información oficial, no es el único contrato que operó de manera irregular en el INM. La limpieza de las estancias también quedó a cargo de una empresa con mal comportamiento.
La mayor parte de los contratos que el organismo firmó entre 2019 y 2022 para limpieza de estancias estuvo a cargo de Asbiin S.A. de C.V., que mediante subcontratación limpió las oficinas de 30 entidades públicas, entre ellas, Palacio Nacional donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La empresa encargada de la seguridad en las instalaciones de INM era Camsa, por lo que las autoridades comenzaron el proceso para retirarle el permiso e imponerle una multa por diversas irregularidades. pic.twitter.com/0wbOUQmbp1
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 30, 2023
La firma, posicionada como proveedora importante de la administración pública federal, incurrió en malas prácticas al grado de quedar inhabilitada el pasado 20 de enero por la Secretaría de la Función Pública. Desde febrero de 2021, una denuncia ante la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, había alertado que la compañía recurrió a papeles apócrifos para acreditar su experiencia y después, para conseguir un contrato, volvió a presentar documentación falsa.
En esa empresa el INM confió seis de ocho contratos para limpiar sus estancias migratorias. Le dio 5 millones 465 mil 143 pesos.
Más allá de la desgracia, el siniestro de Ciudad Juárez reveló las condiciones en las que quedan los migrantes cuando son asegurados en México. En apariencia el único bien mueble que había dentro de la celda donde fallecieron los 39 eran unas colchonetas que sirvieron para iniciar y propagar el fuego, según la versión oficial.
La mayor parte de esos artículos también se adquirieron con una empresa que en septiembre del año pasado fue inhabilitada por la SFP por mal desempeño: Nefesh S.A. de C.V. Entre septiembre y noviembre de 2019 el INM le compró colchonetas y cobertores para los extranjeros presentados y alojados en las estaciones migratorias por 172 millones 413 mil 825 pesos.
Nefesh S.A. de C.V. fue inhabilitada por tres meses a partir de septiembre de 2022 por anomalías en contratos con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
A Home Focus SA de CV, el INM también le compró colchonetas para los extranjeros presentados por 8 millones 812 mil 500 pesos mediante un contrato que duró del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.
Con el Centro de Lavado Integral Especializado de Oaxaca S.A. de C.V. y una proveedora física llamada Ivette Shantal Pastrana Hernández estas colchonetas se mandaron a sanitizar en 2019.
El círculo de la tragedia
En el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), 138 mil 330 personas al año fueron presentadas y deportadas en promedio. En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador esa cifra aumentó a 150 mil 213, según las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
El aumento de personas repatriadas en este gobierno coincide con el acuerdo migratorio alcanzado en junio de 2019 con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles a México. El 31 de mayo de ese año, Trump amenazó con imponer un impuesto base de cinco por ciento en todos los productos importados de México que iría en aumento hasta llegar al 25 por ciento, si los grupos de migrantes no eran detenidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reaccionó con medidas más fuertes en la frontera sur que incluyeron un despliegue de la Guardia Nacional.
En ese panorama, los números de detenciones de personas en situación migratoria se incrementaron de 228 mil 115 en 2021 a 444 mil 439 en 2022. También, en ese marco, otros cientos han encontrado la muerte.
El hombre a cargo del INM
Francisco Garduño Yáñez fue nombrado comisionado en el Instituto Nacional de Migración (INM) el 16 de junio de 2019, 11 días después de que el Gobierno federal firmara un acuerdo migratorio con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles a México.
Doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Juárez, hasta ese momento se había desempeñado como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social federal.
Garduño Yáñez se integró desde 1972 a la administración pública. Se sumó a la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Ese año, la autoridad electoral validó el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en la presidencia de la República. El equipo de López Obrador alegó fraude, organizó movilizaciones en todo el país y se erigió como “gobierno legítimo”. Garduño Yáñez fue coordinador de ese movimiento en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.
En 2019, en el INM Tonatiuh Guillén López había presentado su renuncia después de un año en el cargo. El presidente expuso en una conferencia mañanera: “Ahora estoy proponiendo para que lo sustituya Francisco Garduño, él se va a hacer cargo del Instituto Nacional de Migración. Esto tiene que ver con la estrategia que se está aplicando para mejorar el servicio de migración en el país, y le tengo toda la confianza”.
Casi cuatro años después, Garduño Yáñez es el funcionario que debe brindar explicaciones sobre el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 39 personas fallecieron y otras 28 resultaron con heridas de gravedad. Además, está obligado a aclarar lo que se observa en 32 segundos de un video difundido en las redes: los migrantes se quedaron encerrados en una celda mientras el fuego creció y el humo se expandió ante la displicencia de tres agentes del INM que se fueron del sitio.
40 migrantes fallecieron tras un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, #Chihuahua; un video muestra como elementos de seguridad no hicieron nada… los dejaron encerrados #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/oJOpVpFsUL
— Azucena Uresti (@azucenau) March 29, 2023
Los senadores Emilio Álvarez Icaza, quien fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Kenia López Rabadán, exigieron su renuncia inmediata. A esta petición se sumó el grito de: “¡Justicia!” de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los derechos humanos afuera de la Secretaría de Gobernación la tarde del miércoles 29.
En los mecanismos de transparencia, se encuentra que Garduño Yáñez percibe 150 mil 336 pesos como sueldo bruto y 105 mil 228 como neto. Hay un faltante: su declaración patrimonial. Ni en Declaranet —la base en la que ese documento debe ser publicado para la consulta ciudadana— ni en la Plataforma Nacional de Transparencia el patrimonio del comisionado del INM se encontraba hasta el cierre de este texto.
En un boletín, el INM informó que Garduño Yáñez ofreció a la FGR una colaboración institucional que incluye “el plano de la estación migratoria” y “el organigrama del personal” para entregar “toda prueba documental o circunstancial, testimonial, pericial”. Informó además que el comisionado está dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República sobre el fallecimiento de 39 personas en una instalación del instituto que dirige.
#CasoMigrantesMéxico | Familiares y compañeros de los agentes del INM detenidos por el incendio en Ciudad Juárez, se manifiestan denunciando irregularidades y piden investigación a las altas autoridades responsables. pic.twitter.com/Lqwmgj9Svc
— Randy Correa (@RandyCorreaVE) March 31, 2023
El aumento de las quejas
De 2019 a 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) se convirtió en la tercera autoridad con más quejas por violación a los derechos humanos solo superado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
En ese periodo, el número de quejas creció casi 200 por ciento. En 2019 el instituto recibió 714 señalamientos y en 2022 fueron dos mil 141, una diferencia de dos mil 67, según una revisión de los informes anuales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El año en el que hubo un incremento mayor en los señalamientos fue entre 2021 y 2022 con 72.8 por ciento. De enero a diciembre del año pasado, el INM recibió 2 mil 141 quejas, 902 acusaciones más que en el mismo periodo de 2021.
El INM tuvo más acusaciones por atentar contra los derechos humanos que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría del Bienestar y la Guardia Nacional, de acuerdo con las cifras registradas por la CNDH.
Se trata de señalamientos de actuaciones negligentes o agresivas por parte de los funcionarios públicos del instituto en contra de los derechos humanos de personas que iban en camino rumbo a Estados Unidos. Las formas y los escenarios se desgranan. Hay quejas registradas por maltrato a ecuatorianos, afrodescendientes, salvadoreños, venezolanos o guatemaltecos.
Los sitios donde ocurrieron estas anomalías son en su mayor parte las estaciones migratorias, pero también las mismas rutas que los migrantes siguen a pie.
La última queja registrada está relacionada con el accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021 en Chiapa de Corzo, Chiapas, en el que murieron 56 migrantes y 113 resultaron heridos. Provenían de Guatemala, República Dominada, Ecuador, Colombia y El Salvador.
