Las gasolineras del narco detectadas por la FGR

Durante las últimas tres administraciones federales la actual Fiscalía General de la República ha emprendido cientos de indagatorias en contra de gasolineras localizadas en distintos estados del país, mismas que estarían vinculadas con organizaciones criminales y, por lo tanto, con la comisión de múltiples actividades delictivas, según registros de la dependencia.

La Fiscalía posee un documento titulado “Delitos relacionados con hidrocarburos en estaciones de servicio (gasolineras) vinculadas a organizaciones delictivas“, con información relativa a los periodos gubernamentales de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como al del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, aunque hasta el año 2021.

De acuerdo con esta información proporcionada vía transparencia (Recurso de revisión: RRA 2324/23), en estos años la Fiscalía emprendió un total de 248 indagatorias contra las gasolineras del país que, según la dependencia, están ligadas con los grupos criminales, considerando los expedientes tanto de averiguaciones previas como de carpetas de investigación.

La dependencia puntualizó que son: “datos que dan cuenta del número de expedientes de investigación iniciados durante el periodo de 2006 a abril de 2021, por delitos en materia de hidrocarburo en estaciones de servicio (gasolineras) vinculadas a organizaciones delictivas, desagregada por entidad federativa, tipo de delito (venta de combustible robado, facturación falsa, robo de combustible a consumidores, negativa con violencia del establecimiento a ser verificada por autoridad competente y lavado de dinero)”.

En su inmensa mayoría, las pesquisas que comenzó la Fiscalía contra las gasolineras vinculadas con grupos delictivos tuvieron por motivo la venta de combustible robado, así sucedió con  204 casos, lo que evidencia la relevancia que pueden estar teniendo las estaciones de servicio para la comercialización final de los combustibles que son extraídos ilegalmente de los ductos del país.

Con respecto al resto de las indagatorias abiertas en este periodo, 37 fueron por robo de combustible a consumidores; cuatro por negativa con violencia del establecimiento a ser verificada por autoridad competente; y tres más por la detección de facturación falsa. El archivo contiene la variable de lavado de dinero, sin embargo, también indica que ninguna investigación se inició por esta actividad delictiva.

Las gasolineras con operaciones criminales que ha indagado la dependencia están concentradas en una decena de entidades federativas, según lo muestra el archivo, y con la siguiente distribución específica:

En el primer lugar aparece el Estado de México, con 122 expedientes; en segundo, Michoacán, con 46 casos; en tercero, Morelos, con 34 indagatorias; en cuarto, Puebla, con 24 investigaciones; en quinto, Baja California, con nueve casos; en el sexto sitio está Zacatecas, con seis expedientes; compartiendo el séptimo escaño aparecen Campeche, Chihuahua y Nuevo León, cada uno de estos con dos pesquisas; mientras que el octavo lugar es para Hidalgo, con una indagatoria de esta naturaleza.

Un archivo ‘único’

A pesar de la importancia que guarda el contar con información confiable sobre las actividades delictivas que se están desarrollando con las gasolineras del país, la Fiscalía no ha vuelto a actualizar la información contenida en el documento titulado “Delitos relacionados con hidrocarburos en estaciones de servicio (gasolineras) vinculadas a organizaciones delictivas”.

Dicho documento fue elaborado originalmente en cumplimiento al recurso de revisión de transparencia RRA 7401/21; sin embargo, cuando en el año 2023 se intentó que actualizara esa información, mediante la tramitación de un nuevo recurso, para abarcar en mayor medida al actual Gobierno de López Obrador, la dependencia respondió que ese archivo es “la única información con la que se cuenta (Recurso de revisión: RRA 2324/23)”.

Aunque estos registros de la Fiscalía indican que las gasolineras del país pueden estar fungiendo como un eslabón relevante en la cadena delictiva del robo de hidrocarburos, particularmente para la comercialización final de los combustibles con un origen ilícito, la dependencia ha señalado que no tiene previsto volver a actualizar estos datos.

Durante el desahogo del nuevo recurso, la Fiscalía argumentó lo siguiente: “dicho documento se realizó como un ejercicio excepcional, único y específico para esa solicitud en particular, lo cual implicó un esfuerzo humano que se tradujo en la elaboración de un documento ad hoc con tales características; situación que no vincula obligatoriamente a esta Institución Federal para conjuntar esos registros cada que sean requeridos por los particulares”.

La comercialización de hidrocarburos con un origen ilícito es una de las actividades penadas por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, según su Artículo 9, que señala: ”Se sancionará a quien: I. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley”.

El castigo previsto oscila entre los cuatro y los 17 años de prisión.

Operativos en gasolineras

Durante el Gobierno del expresidente Peña Nieto, se reportaron algunos operativos para el combate de actos ilícitos en las gasolineras del país. El 12 de julio de 2013, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria difundió información sobre una intervención en Tamaulipas.

“En 2 estaciones de servicio ubicadas en San Fernando donde se identificó la venta de combustible que no fue adquirido legalmente a Petróleos Mexicanos (Pemex) se levantó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República y se logró la detención de 8 personas, el aseguramiento de 2 gasolineras, una pipa con combustible y más de 200 mil litros de gasolina con un valor en el mercado de más de 2 millones de pesos”.