Las ‘fugas’ en la ley

Un negro historial

Lorena Martínez habla mientras mueve sus uñas largas y rojas, perfectamente arregladas.

La elección de su ropa, combinada en verde y crema, su cabello sin una sola hebra fuera de lugar, sus labios recién pintados, contrastan con el sentido directo de su explicación.

Cuando la pipa de Gas Express Nieto explotó enfrente del hospital materno infantil de Cuajimalpa, el nombre de esta empresa no le era ajeno a la procuradora federal.

En 2013, la dependencia impuso multas por 50 millones de pesos a las empresas distribuidoras de gas LP, de esas, 4 millones 200 mil pesos correspondieron a la firma Gas Express Nieto.

Tan solo el año pasado, por su oficina pasaron historias de litigios, que sumaron 16 millones de pesos en sanciones.

Al mismo tiempo que Gas Express Nieto acumuló durante los últimos años 134 litigios en contra de acciones de la autoridad, siguió ganando contratos de gobierno, muchos por adjudicación directa, para surtir gas en hospitales, estancias infantiles, guarderías.

“No lo entiendo”, dice la procuradora federal del consumidor, sin esa ceremoniosa jerga retórica de muchos políticos.

No duda en hablar abiertamente en contra de ellos: “yo sí lo puedo decir, tienen un negro historial”, asegura sin que se mueva un milímetro de la posición erguida en que se mantiene durante la entrevista. 

Detrás de ella sobresale un escudo nacional en madera con la leyenda “procuradora”.

La relación difícil de Profeco con Gas Express Nieto “y otras empresas” tiene su punto clave en un método que consiste, coloquialmente, en “perseguir en la calle” a las pipas y verificar que su contenido corresponda a lo que está pagando el usuario.

Este método tiene sus resultados, dice Martínez con una sonrisa, al tiempo que acomoda el crucifijo verde que cuelga de su cuello, en combinación con sus aretes.

Profeco ha detectado, en esta revisión a media vía pública, que la mitad de los surtidores de gas tienen irregularidades.

Las más comunes son que los tanques estén pesando menos de lo que es vendido al usuario.

Pero esta tarea tiene sus limitantes. Muchas de las compañías no permiten que se les revisen sus plantas y prefieren pagar la multa de 250 mil pesos e irse a un litigio antes que dejar que la Profeco revise sus instalaciones.

“Hemos identificado que en las plantas no se cargan los kilos que deben ser y esto afecta en que el consumidor no recibe exactamente lo que está pagando.

“Eso es muy común. Recibimos quejas de que la familia compra un tanque que debería durarles un mes y dura solamente 15 días porque el tanque de gas llegó sin los kilos que debería ser”, cuenta.

Pero sus “sanciones ejemplares” siguen siendo muy baratas.

Martínez dice con orgullo que el año pasado rompieron récord en multas: sumaron 176 millones de pesos entre todas las gaseras que operan en el país, donde aún se surte en muy pocos sitios mediante instalaciones de suministro directo con gas natural.

El récord es cierto, ya que en 2013 habían impuesto 50 millones de pesos de multa.

De estas multas, 20 millones fueron para Gas Express Nieto, “una compañía que si bien es cierto que tiene presencia nacional es una de las más sancionadas”.

Al tiempo que explica, hojea una larga tabla de Excel con el nombre de la empresa y una interminable lista de multas de 250 mil pesos, las más baratas que impone Profeco, por no permitirles el acceso a las plantas.

“Nos han obligado a hacer las verificaciones prácticamente esperando los camiones a la salida. Es una lucha titánica a ver quién puede más.

“Eso trae una sanción, se impone y luego nos vamos a los litigios de las sanciones y es la empresa con el mayor número de litigios con nosotros”, relata la procuradora.

La práctica de esta compañía es buscar todos los recursos de la ley para defenderse. “Es válido, pero me parece que es no es una práctica comercial sana, yo diría que el que nada debe nada debería de ocultar. Es una empresa que busca las mañas jurídicas para salir por la tangente”.

Multas incobrables

El caso de Gas Express Nieto es una vía para explicar un problema endémico al que se enfrentan los funcionarios de Profeco diariamente; las multas son muy baratas y los mecanismos para cobrarlas son ineficientes.

Martínez relata que cuando fue delegada de la institución que hoy dirige, hace 25 años, la ley establecía el arresto administrativo como una posibilidad para hacer valer las órdenes de verificación, consideraba la posibilidad de poder imponer sanciones más elevadas.

Actualmente el panorama es más difícil, ya que la reincidencia de una compañía se acotó a un año, cuando antes se consideraba al cometer una nueva infracción, sin límite de tiempo.

“Por eso litigan cada multa, porque el litigio en los tribunales nunca dura menos de un año, pueden durar dos o tres años y cuando finalmente se resuelve ya prescribió el tiempo de la reincidencia”, explica la procuradora.

Medidas más estrictas

Profeco ya elaboró el borrador de una nueva Ley de Protección al Consumidor, que entraría a su revisión en el Congreso con el próximo paquete de reformas.

El talón de Aquiles de la institución, que cambiaría con esta nueva iniciativa, consiste en que las multas que impone Profeco son cobradas por los estados o a veces los municipios. “No las cobran a tiempo o simplemente no las cobran. Hemos planteado la necesidad de que la Profeco cuente con una facultad, como la tiene el (Instituto Mexicano del) Seguro Social para cobrar las multas y garantizar que se hagan efectivas”, adelanta.

Desde su experiencia como exalcaldesa del municipio de Aguascalientes, Martínez afirma que la capacidad de hacer efectivas las multas a nivel de los municipios es muy complicada.

Dice: “Tienen estructuras administrativas muy chiquitas, apenas se dan abasto a cobrar sus propias multas, de tránsito, por ejemplo, con el personal que tienen no les da para hacer efectivas este tipo de sanciones. Le apuesto a que debe ser una facultad ejercida por la Profeco”.

La nueva regulación incluiría multas que lleguen a los 10 millones de pesos, incorporando la reincidencia sin límite de tiempo o no menor de cinco años, la incorporación del arresto administrativo, la clausura definitiva de establecimientos por prácticas reiteradas comerciales.

Con la misma postura incólume, Martínez llega al lenguaje coloquial. 

Se queja de que “hoy lo que tenemos es una suspensión comercial, como una medida de apremio, sólo puede ser por 90 días, después abren, les volvemos a caer y se las volvemos a suspender, pero eso implica doble chamba”.

Tres pasos para romper la ley

1. No permitir que la autoridad entre a verificar sus plantas
2. Dejar que les impongan una multa
3. Litigar durante años