Las fracturas polìticas de la deuda por el Covid-19

La aprobación de una nueva deuda pública por 6 mil 200 millones de pesos (MDP) para el Gobierno de Jalisco tuvo un costo político muy alto para la gestión del mandatario Enrique Alfaro Ramírez, aún cuando se aseguró que la medida contaba con un respaldo importante para llevarse a la práctica. 

La autorización de ese nuevo adeudo, junto a múltiples cambios al Presupuesto de Egresos 2020 estatal, despertó la inconformidad del grupo político que domina a la Universidad de Guadalajara (UdeG), pese a que había estado fungiendo como un aliado fundamental para el gobierno de Alfaro Ramírez. 

El llamado “Grupo UdeG” que tiene por jefe político al exrector de la casa de estudios, Raúl Padilla López, hizo manifiesto su alejamiento del Gobierno estatal al cuestionar de manera pública este 26 de mayo que la deuda se había aprobado sin transparentar el destino que tendrán sus fondos y sin una base técnica que avale la aplicación que se le dará al empréstito. 

“A pesar de que su motivación es legítima, por la forma en que se realizó, la acción del Congreso ha provocado dudas. Un argumento utilizado para justificar el monto del crédito que se pretende conseguir es la tesis de que los ingresos estatales y los recursos federales para Jalisco caerán por un monto de 2 mil 080 MDP; y lo cierto es que, a la fecha, no existen pruebas de que eso va a suceder”. 

Agregó que “otro aspecto que suscita desconcierto es que, del monto del crédito mencionado, 3 mil 600 MDP serán dedicados a combatir la pandemia. El resto se pretende destinar a proyectos de obra que aún no se conocen -pues no se informó al respecto-, y tampoco se saben las razones y los estudios que justifican su necesidad o el alcance de su beneficio público”. 

Se trata, por lo tanto, de 2 mil 600 MDP que ingresarán al Gobierno de Jalisco mediante el crédito aprobado el 22 de mayo, los cuales, según el Consejo de Rectores, están envueltos en opacidad con respecto al fin que tendrán; de ahí que fuerzas políticas de oposición hayan señalado que estos recursos podrían ser ejercidos bajo criterios  electorales. 

“Por lo anterior, resulta lógico que la opinión pública jalisciense se pregunte sobre el destino específico que tendrán los recursos obtenidos por la vía crediticia, puesto que la totalidad de dicha distribución no fue aclarada ni discutida, de manera concreta, en la sesión del Congreso referida”, indicó el Consejo de Rectores de la UdeG. 

Recorte universitario

La ruptura del bloque alfarista con la casa de estudios se hizo evidente desde el momento mismo de la aprobación del crédito, cuando los dos diputados que el Grupo UdeG tiene insertos en el Congreso, Mara Robles Villaseñor, de MC, y Enrique Velázquez González, del PRD, se rebelaron a los designios del gobernador y votaron en contra del crédito. 

Robles Villaseñor, por lo tanto, fue el único voto de la fracción de MC que resultó en contra de la deuda, lo que además hizo evidente que la lealtad de la legisladora está antes con el exrector Raúl Padilla López, que con Alfaro Ramírez, pese a que pertenece a la bancada emecista. 

La inconformidad del Grupo UdeG habría surgido debido a que ese mismo 22 de mayo se aprobaron distintas modificaciones al Presupuesto de Egresos, para recortar 2 mil 080 millones 095 mil 685 pesos del gasto de las dependencias y organismos, lo que alcanzó a la universidad con una reducción de 120 MDP sobre sus fondos, según el dictamen más actualizado. 

De ahí que el Consejo de Rectores también cuestionó los cambios presupuestales.

“Los montos de algunas partidas, previamente autorizados (…), fueron eliminados y/o condicionados a la obtención de recursos mediante la contratación de la deuda mencionada. Algunos de estos casos, por ejemplo, son recursos ya contemplados en el presupuesto estatal y que tenían por destino a la UdeG y a nuestra institución hermana, el OPD Hospital Civil de Guadalajara. En consecuencia (…) enfrentarán un panorama de incertidumbre financiera para solventar parte de sus planes de desarrollo”, se lee.

Aunque inicialmente se pretendía retirarle al Hospital Civil del Grupo UdeG una bolsa de 53 millones 740 mil 944 pesos, en el dictamen final aparece que esta posibilidad se descartó, y por el contrario, se le asignó un alza de 134 millones 261 mil 239 pesos.

Secuelas políticas de la Deuda

Los movimientos telúricos que originó la aprobación de esta deuda por 6 mil 200 millones de pesos no impactaron únicamente al bloque alfarista y su relación con el Grupo UdeG, por el contrario, las representaciones de Morena y el PT también se vieron afectadas. 

En el caso de Morena, la decisión sorpresiva que tomó una de sus diputadas, Patricia Meza Núñez, por votar a favor del crédito, podría costarle su pertenencia al instituto político: este 26 de marzo la bancada morenista anunció que la denunciará ante su Comité Ejecutivo Nacional para que proceda en consecuencia.

“Queremos entender que ella ya tenía una decisión tomada, ella ya tenía previsto abandonar a Morena y ponerse la camiseta naranja (…)  Votó a favor de los 6 mil 200 MDP que el gobernador va destinar a obra pública; que estamos casi seguros va a beneficiar a su amigos y parientes constructores, después de eso recogió sus cosas y ‘sin despedirse’ se fue al lado de MC, donde la recibieron con abrazos”, dice un comunicado del grupo de Morena.

“Estas acciones nos hacen pensar que ella ya tenía un acuerdo con la fracción mayoritaria que responde a las órdenes del Gobernador (…) En lo que corresponde a nosotros daremos cuenta de los hechos a Morena a nivel nacional, para que sea la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que determine su situación dentro del partido”, agrega.

Finalmente, el diputado Oscar Arturo Herrera Estrada, del PT, quien también votó a favor del endeudamiento, enfrenta ya un proceso de expulsión de su partido.

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