El Estado de México y la Ciudad de México son las dos entidades donde más casos de despojo se han cometido en todo el país al ocupar, al igual que en 2015, los dos primeros lugares en la incidencia delictiva de este ilícito en el 2020.
De las 28 mil 586 carpetas de investigación que abrieron durante el año pasado, entre los dos estados sumaron 8 mil 504 denuncias, es decir, más del 30 por ciento del total.
Aunque del 2015 al 2019 la Ciudad de México ocupó el primer lugar y el Edomex el segundo en este delito, en el 2020 la situación se revirtió.
Lo anterior luego de que el estado gobernado por Alfredo del Mazo registrara 4 mil 559 carpetas de investigación, es decir, un promedio de 12.4 diarias.
Mientras que la entidad encabezada por Claudia Sheinbaum tuvo 3 mil 945, un promedio de 10.8 por día.
En total, desde el 2015, la Ciudad de México tiene 21 mil 598 denuncias en estos seis años, mientras que el Edomex tiene 21 mil 520.
Presencia de grupos organizados
El 22 de septiembre pasado, el diputado local de la Ciudad de México, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, presentó una iniciativa para que también se castigue a quien cometa el delito de despojo en la capital del país de manera intelectual, aunque no se participe físicamente.
En ella explica que el incremento del delito de despojo en la Ciudad de México registrado en las últimas décadas se debe a varios factores, entre los que destaca el interés de apropiarse de inmuebles que por su ubicación representan un punto con alta plusvalía.
En los últimos años, el despojo de inmuebles en la Ciudad de México ha llegado a un punto en el que se observan un conjunto de prácticas sistemáticas que permiten deducir la existencia de grupos organizados, cuyo objetivo es el de identificar y ocupar el mayor número posible de predios o inmuebles no habitados
Menciona que estos grupos que se dedican a despojar a personas de sus inmuebles y actúan de forma reiterada, llegan a ser en ocasiones únicamente los autores materiales del delito, ya que existe una red de personas que recurren a ellos con la finalidad de que se apoderen de forma transitoria de los inmuebles.
“Operan con el objetivo de realizar obras de alto impacto comercial o de vivienda; conociéndolos popularmente como ‘cárteles inmobiliarios’”, señala.
Sin embargo, estas personas que están detrás no son castigadas, ya que la Ley refiere la culpabilidad de quien comete el acto, pero deja poca certeza para quien lo organiza, paga o incita a que terceros ocupen un predio ajeno.
Dueños sin pruebas del despojo
Existen casos de despojo donde las víctimas carecen de las herramientas para denunciar y poder recuperar su patrimonio.
Esa situación es regular en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en donde los desarrolladores inmobiliarios aprovechan la falta de documentos de propiedad para despojar predios, afirman representantes de la organización 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez.
Darío Martínez, miembro de la plataforma, dice que en los últimos cinco años, la asociación ha documentado 16 casos de despojos y desalojos.
Y en menos del 2 por ciento, los habitantes han logrado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicie una carpeta de investigación que permita que exista la posibilidad de recuperar su propiedad.
El activista detalla que hay dos casos que recién ocurrieron en 2020, el de Nápoles 35 y Puebla, en ambos, los despojadores actuaron de manera similar.
“Por situaciones distintas, los inquilinos heredaron su vivienda o se quedaron como posesionarios por habitar ahí desde hace varios años, pero un día llega un notario, con una orden de desalojo de un juez porque hay alguien que dice ser el dueño, pero es irregular, porque nunca antes hubo una notificación o aviso”, explica.
En muchos casos, los presuntos dueños son desarrolladores inmobiliarios que van operan a través de fideicomisos, dice.
También existen casos como el del edificio Gaona, en donde los que llegan sin orden judicial y con cargadores agreden a los vecinos que se oponen al desalojo ordenado por un supuesto dueño.
Sin ayuda legal
Sergio González, también miembro de la plataforma, afirma que los desarrolladores aprovechan que los habitantes de los predios no tienen documentos para acreditar la propiedad, un problema regular en la ciudad.
La Sexta Encuesta de Servicios Notariales de la Ciudad de México del Colegio de Notarios del 2016, da un panorama de la carencia de documentación de propiedad de vivienda en la capital: del total de capitalinos dueños de una casa, solo el 45 por ciento tiene cómo acreditar que es suya.
Por lo cual, los habitantes no tienen elementos para acudir al Ministerio Público y denunciar el despojo, dice González.
“Carecen de los mecanismos, no tienen los documentos para acreditar la propiedad o no cuentan con los recursos para llevar a cabo las demandas o los juicios. Muchos de los habitantes originarios de la colonia Juárez tienen un ingreso medio o bajo y no les permite pagar abogados”, señala.
Por lo tanto, relata, los edificios despojados se convierten en coworking o los rentan bajo el modelo de hospedaje de aplicaciones móviles como Airbnb.
Esta problemática, señalan ambos entrevistados, es producto de la gentrificación que llega con los negocios de alto impacto a colonias como la Roma o la Juárez que terminan desplazando a los habitantes originarios.
