La Fiscalía General de la República (FGR) inició una serie de investigaciones para detectar si los señalamientos en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero están vinculados a empresas que pudieron ser favorecidas durante su administración.
OHL, Mota-Engil y Grupo Higa fueron las principales constructoras que obtuvieron más contratos y, por ende, recibieron el mayor monto en recursos públicos de la anterior administración federal.
En el caso de OHL, la FGR detectó que cuando Peña Nieto encabezó la administración del Estado de México recibió una concesión millonaria para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario, a pesar de que el gobierno de la entidad no tenía competencia para dicha adjudicación, pues se trataba de una carretera federal.
La FGR detectó que OHL fue favorecida con una concesión millonaria para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario, mediante un proceso irregular
El Gobierno federal hizo un llamado a las autoridades del Estado de México para explicar el otorgamiento de la concesión pero la respuesta nunca se presentó. Ya en 2012, con Peña Nieto en el poder, se le dio carpetazo a la petición.
#Entérate | AMLO aseguró que en cuanto a investigaciones a expresidentes, él considera que es mejor “mirar hacia adelante”, pero que no puede pedirle a la @FGRMexico parar las indagatorias contra Enrique Peña Nieto https://t.co/8AX9BITVxW
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 3, 2022
Además de las irregularidades en la concesión del contrato, se detectó sobrecosto del Viaducto Bicentenario y que la propuesta entregada en su momento era la menos rentable.
OHL México fue señalada en 2019 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de haber financiado con 186 millones de pesos una campaña negra en contra del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso electoral 2017-2018.
El caso Mota-Engil y otros más beneficiados en administración de Peña Nieto
Por su parte, Mota-Engil es la única de las constructoras señaladas que se mantiene activa con contratos exorbitantes de obra pública por alrededor de 50 mil millones de pesos con la Cuarta Transformación.
Apenas el pasado 16 de junio, la empresa obtuvo un contrato multianual para el mantenimiento, rehabilitación y operación de las autopistas Jala-Compostela-Las Varas y Tepic-Compostela, en el estado de Nayarit, por 12 mil 417 millones de pesos, el más alto en la historia de los registros de CompraNet.
Mota-Engil también salió a relucir en 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la puso en la lista negra de empresas ‘factureras’, y actualmente participa en la construcción del Tramo 1 del Tren Maya, con una adjudicación de 15 mil 538 millones de pesos, y del Tramo 2, con cuatro mil 23 millones de pesos que recibió mediante adjudicación directa.
En 2019 la empresa Mota-Engil se incluyó en la lista de ‘facturaras’ de la Unidad de Inteligencia Financiera
Mientras tanto, la empresa Grupo Higa fue señalada de recibir tratos preferenciales por parte de la administración federal que encabezó Peña Nieto al recibir contratos por alrededor de 35 mil millones de pesos para la construcción de hospitales, puentes y caminos.
ICA es otra de las constructoras que indagan las autoridades federales y que en el sexenio del mexiquense tuvo que cambiar de director general después de que sufrió una caída de 41 por ciento en sus ingresos en su negocio de construcción y tenía adeudos por 54 mil 163 millones de pesos.
La constructora, que tuvo bastante actividad con las administraciones panistas, fue relegada por OHL e Higa, durante la administración peñista.
En 2015, ICA solo ganó un concurso para la construcción de la presa Santa María, en Sinaloa, en contraste con OHL México, que obtuvo tres de las licitaciones más valiosas de la entonces administración federal: la concesión de la carretera Atizapán-Atlacomulco con un costo proyectado de cinco mil 900 millones de pesos; la construcción de los primeros 36 kilómetros de la línea de trenes de pasajeros Ciudad de México-Toluca y la autopista elevada de 13.5 kilómetros entre Ciudad de México y Puebla con un valor de 10 mil millones de pesos.
Actualmente el Gobierno federal es el principal cliente de ICA en materia de construcción, pues su participación es protagónica en las refinerías de Dos Bocas y Tula, la construcción del Tren Maya, la coquizadora en Salina Cruz, la presa Santa María y el puente Nichupté.
Tradeco libre
Por último, Tradeco, que trabajó con las administraciones federales panistas, también fue incluida en el listado de la FGR. Sin embargo, a pesar de las solicitudes de información de la dependencia, la realidad es que no se han encontrado elementos para proceder con alguna causa judicial.
Tradeco construyó instalaciones en las bases militares de Santa Lucía, Estado de México, e Ixtepec, en Oaxaca; además de un parque eólico para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también en Oaxaca, durante los sexenios panistas.
La empresa, de capital mexicano, estuvo fuera de los concursos federales de obra pública durante casi la mitad de la administración de Peña Nieto.
Tradeco participó en la licitación de la pista 2 del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que se construía en Texcoco, pero fue descalificada, al igual que en el concurso para nivelar y limpiar el terreno de la obra insignia de Peña Nieto.
Tras la sequía de obra pública, Tradeco actualmente se ha enfocado en sus operaciones internacionales.
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