El primer paso para elevar diversos programas sociales impuestos por la actual administración a rango constitucional ya se logró, sin embargo aún falta un largo camino por recorrer antes de que esto se convierta en una realidad.
El martes pasado, entre críticas del partido Movimiento Ciudadano, del PRD, del PRI y con el total rechazo del PAN, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con mayoría calificada de 385 votos a favor, 49 en contra y 18 abstenciones, las reformas al artículo 4º de la Carta Magna propuestas por el Ejecutivo federal.
De acuerdo con la minuta que ahora se encuentra en manos de los senadores para su análisis, de lograrse las modificaciones, el Estado “garantizará la entrega de una apoyo económico a quienes tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley, prestación para la cual tendrán prioridad los menores de 18 años, así como indígenas en esta condición que tengan hasta 64 años, los afromexicanos y quienes estén en situación de pobreza”.
No hay manera de manipular. Es un derecho que pueden pedir todos los adultos mayores o jóvenes estudiantes sin importar dónde viven, si le gusta el PRI, el PAN o el PRD
De igual manera, se determina que “las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir del Estado una pensión no contributiva en los términos que fija la ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años”.
El documento también señala que “habrá un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a familias en condición de pobreza para garantizar, con equidad, el derecho a la educación”.
Aunado a esto, la minuta indica que “se creará un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar con el fin de que haya extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de estos servicios”.
El día de ayer, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aprovechó su conferencia mañanera para agradecer a los diputados que aprobaron las modificaciones al artículo 4º constitucional y para asegurar que con estos cambios finalmente se podrá alcanzar un estado de bienestar para todos los mexicanos.
“Les agradezco mucho porque esto es justicia y bienestar y apoyo al pueblo y a los más vulnerables; pasará al Senado y se logrará la mayoría para que pase a las legislaturas locales y se apruebe.
“Es un avance importante para garantizar el estado de bienestar, y como es reforma constitucional no podrán darle marcha atrás. Lo más importante de todo es que en la Constitución había derechos como letra muerta y ahora se garantizarán”.
Ante este panorama, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la UNAM, dice que pesar de las buenas intenciones con las que se está promoviendo esta reforma, hay dos temas muy importantes que no se están tomando en cuenta con la seriedad que merecen: el impacto presupuestal que estos cambios significan para las finanzas del país y el riesgo que se corre en materia electoral.
Estas preocupaciones también las comparten legisladores de diversas bancadas.
Para Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara baja, esta reforma al artículo 4º de la Carta Magna no pasa ningún blindaje.
“Lo que necesitamos es que haya reglas de operación, padrones universales, verificación y que se atienda a la población desprotegida”.
Además, el panista guanajuatense asegura que no es con prebendas como se va a solucionar la pobreza en el país, por lo que dio a conocer que su bancada va a entregar una propuesta de avanzada para poder solucionar el problema.
Hoy necesitamos reconocer que la pobreza y la desigualdad requieren un tratamiento multifactorial y tiene que ver con educación, salud, vivienda, agua, alimentación, seguridad social y una economía que redistribuye el ingreso familiar
Por su parte, René Juárez Cisneros, coordinador del PRI, dice que es fundamental garantizar la viabilidad de estos programas sociales.
“No queremos que todo quede en promesas, buenos deseos o derechos de papel. Si no garantizamos su aplicación, todo quedará en un sueño, en un frustrante populismo constitucional del que millones de mexicanos ya están cansados. Estamos de acuerdo con esta propuesta, pero consideramos es insuficiente”.
Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Movimiento Ciudadano, considera que en esta reforma que aprobaron hay dos tipos de riesgos: que se pueda traducir en cooptación política y la viabilidad económica para garantizar el pago de estos recursos a la población beneficiada.
Con lo anterior coincidió la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, quien asegura que el Gobierno Federal deberá ser muy transparente en su actuación y en la aplicación de todos los programas sociales.
Debe de haber reglas claras, debe de tener muy claras las reglas de operación y los padrones de beneficios que deben estar a disposición de todos, solamente así se podrá dar certeza
Contrario a todo ello, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, rechaza el riesgo de que se pudieran utilizar para lucrar políticamente.
“No hay manera de manipular. Es un derecho que pueden pedir todos los adultos mayores sin importar dónde viven, si están en una ciudad o en el campo, si están en Yucatán o en Chihuahua, si le gusta el PRI, el PAN o el PRD, no tiene nada que ver eso. Si tienen más de 68 años tienen derecho a su pensión. Lo mismo que los jóvenes de preparatoria. Si están en una preparatoria pública tienen derecho a su beca”, asegura.
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Presupuesto en riesgo por programas sociales
En la minuta que se envió al Senado para su discusión y probable aprobación, se establece que los recursos para los programas sociales integrados a la Carta Magna no podrán disminuir nunca.
“El monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos; de apoyo económico para las personas que tengan una discapacidad permanente; de pensiones para personas adultas mayores y de becas para estudiantes que se encuentran en condición de pobreza no podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior”, indica el documento.
De acuerdo con Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, el costo de estos programas va a ser de inicio de 300 mil millones de pesos, una cifra que además deberá aumentar ya que la población beneficiada se encuentra en aumento, dice su homólogo de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla
“Una vez que estos programas se vean reflejados en el presupuesto van a crecer mucho más. Si se considera la transición demográfica, va a crecer muchísimo más la población en edad de envejecimiento, por lo que se debe ser muy cuidadoso con la progresión geométrica con la que debe ser calculado el tema de las pensiones”.
Además, el diputado emecista, asevera que este gasto impedirá atender otras problemáticas igual de graves.
“Lo que antes se gastaba en otras cosas, ahora se tiene que gastar en esto, a nosotros nos preocupa que baje la inversión productiva y que desincentive el crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no hay distribución del ingreso”.
Aunado a esto, Francisco Burgoa, comenta que aunque se respeten los montos establecidos para los apoyos, el país no tiene la capacidad para soportar los gastos.
“En estos momentos México no puede soportar, aunque se incluya en el presupuesto del próximo año, el gasto que implica incluir los programas sociales en la Carta Magna”.
Esta idea también la comparte el priista René Juárez Cisneros, quien cuestiona cómo se van a asegurar los recursos.Cómo vamos a garantizar los recursos si hoy la recaudación fiscal enfrenta problemas. Se estanca la inversión en infraestructura tanto privada como pública. Los mercados se desploman. El precio del petróleo cae. Nuestra moneda se devalúa. Los empleos decrecen y, para colmo, el coronavirus es ya una realidad
Arma de doble filo
La propuesta presentada por Andrés Manuel López Obrador como una prioridad a la Cámara de Diputados para reconocer como un derecho plasmado en la Carta Magna el acceso al sistema de salud para el bienestar, puede agravar la crisis por la que atraviesa el Insabi.
Actualmente, además de presentar deficiencias en su intento por sustituir lo que fue el Seguro Popular, el Instituto de Salud para el Bienestar ha sido incapaz de brindar atención médica gratuita a la población y ha presentado desabasto tanto en medicamentos como en personal.
“Si de por sí una política de Estado no se está cumpliendo actualmente como se debe, darle una mayor fortaleza a nivel constitucional puede ser una arma de dos filos donde el problema puede agravarse”, señala Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la UNAM.
No queremos que todo quede en buenos deseos o derechos de papel. Si no garantizamos su aplicación, todo quedará en un sueño, en un frustrante populismo constitucional
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Blindaje obligado
Una de las principales preocupaciones que ha desatado la reforma al artículo 4º constitucional propuesta por el Ejecutivo federal es que los programas sociales se puedan utilizar con fines electorales.
Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la UNAM, asegura que lo que se está haciendo con estos cambios es llevar una política gubernamental del partido en el poder a la Constitución
“Actualmente en la ley ya están enmarcados todos los derechos a los que estos programas buscan dar acceso.
No tendría que ser necesaria una reforma a la Constitución para hacerlos realidad como parte de una política de gobierno. Si se habla de garantizar el derecho a la salud, el artículo 4º constitucional ya lo prevé, por lo tanto lo que el Estado debe de implementar son acciones para hacer efectivos todos estos derechos que actualmente ya están plasmados en la Carta Magna
Por su parte, la organización Transparencia Mexicana explica que el gran reto del Gobierno Federal es dotar de reglas claras y candados a los programas sociales.
“Están muy sueltos. Y en la discrecionalidad suelen reaparecer las prácticas clientelares y la compra y coacción del voto que lastimaron tanto a nuestra democracia. Hay que ponerles reglas ya a todos los programas y transparentar minuciosamente cada peso que ahí se invierte o se entrega a las personas”.
Además la organización recalca que los programas sociales no son de un gobierno.
“Desde hace más de 100 años son un derecho consagrado en la Constitución y en la Ley General de Desarrollo Social, por lo tanto, lo que se debe evitar a toda costa es que la población mexicana piense que el gobierno le está dando algo que ya le pertenece”.
Otro factor que el académico de la UNAM señala que causa preocupación son los tiempos en los que podría entrar en funciones la reforma en caso de que se apruebe.
“Se debe tomar en cuenta que el próximo año son las elecciones intermedias, momento en el que ya se podría estar implementando esta reforma constitucional, la cual puede interpretarse como un riesgo electoral ya que los beneficiados sería la población en edad de votar: adultos mayores y jóvenes.
Una de las inquietudes respecto a la reforma al artículo 4º constitucional es que entre en vigor en el 2021, fecha en que se celebrarán las elecciones intermedias
Doble moral
Para el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, el hecho de que los legisladores de partidos como el PRD, MC, PAN y PRI votaran a favor de la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo federal y luego la criticaran por los riesgos que representa, es una decisión que de fondo tiene tintes electorales, pues con tal de quedar bien con los votantes tomaron la decisión de aprobarla.
“Es una situación de doble moral por parte de quienes votan a favor y al mismo tiempo están criticando, porque si vas a decir que está mal, para qué votas a favor. Esto representa una irresponsabilidad política ante los ciudadanos que votamos por ellos. Porque lo que se busca es una oposición responsable, no una que esté viendo estos temas desde un punto de vista de conveniencia política”.
Ya estamos viendo un incremento en la población de la tercera edad, por lo que es muy importante la progresión geométrica con la que debe ser calculado el tema de las pensiones
