Las dos manos amigas

Los migrantes que viven en el parque central Miguel Hidalgo están muy agradecidos con unas mujeres que los visitan todos los días. Las monjas de la congregación Misioneras de Cristo Resucitado son de las pocas personas que aún ayudan a los migrantes en Tapachula.

Un par de horas después del mediodía llegan al parque en una camioneta blanca cargada de bolsas de plástico con frijoles negros y arroz. Distribuyen estos granos entre los migrantes, también les entregan una pieza de bolillo y rellenan sus botellas con agua.

Desde hace un mes,las monjas piden cooperación mediante su congregación Caritas y la Comisión Episcopal mexicana para alimentar a los migrantes centroamericanos que se encuentran atrapados en Tapachula.

“Nosotros hemos estado viendo la situación de cada uno de ellos, casi no comen y hay muchos niños que tienen más de 7 meses en Tapachula en los que no hay respuesta de esa alimentación”, dice Sor Virginia de Jesús.

Sor Virginia de Jesús cuenta que su congregación quiere montar un campamento de emergencia para todas las personas que esperan trámites migratorios en Tapachula, pero necesitan financiamiento del gobierno para lograrlo.

“Se bañan en el río, tienen infecciones en la piel, los niños están enfermos de la tos. Se mojan en las noches por la lluvia y no tienen ropa para poderse cambiar. Solamente nosotras les traemos de comer y durante el día no llega otra institución. Necesitamos un lugar para que toda esta gente tenga algo estable mientras se resuelve su situación migratoria en el país”, narra la religiosa que los visita desde hace un mes en el parque.

Además, la monja narra que existe un rechazo por los migrantes en Tapachula. Las personas de la ciudad les dicen a las religiosas que gastan dinero en alguien que no lo necesita.

“Muchas personas centroamericanas nos han dicho que van y piden y los ofenden, los maltratan y los discriminan… es una situación muy difícil. No se ve presencia de gente de Chiapas que dé algo de comer”, concluye Sor Virginia de Jesús.

Los migrantes también reciben ayuda de otras personas en Chiapas, pero el formato de este apoyo es muy distinto. Antonio Armas Hernández, presidente de la Asociación de Establecimientos de Entretenimiento de Tapachula (ASEET), emplea mujeres hondureñas, guatemaltecas y cubanas para que bailen en su cabaret El marinero.

Este lugar es un barco internacional a la orilla de la ciudad lleno de cuerdas y timones. Veinte mujeres cubanas se pasean entre hombres de todas las edades con pequeños trajes de marineras o sirenas. Algunas suben al escenario y se quitan la ropa al ritmo del último reguetón.

Pocos clientes piden privados o bailes en las piernas. La mayoría de hombres quedan absortos ante la protagonista del escenario que a veces es una cubana negra con senos discretos y en otras ocasiones una mexicana con extensiones rubias que cubren la mitad de su cuerpo.

“Las mujeres locales prefieren no trabajar en este giro y el personal al que nosotros recurrimos es al extranjero que viene en búsqueda de una oportunidad y que está tratando de colocarse en un trabajo que sea bien remunerado y en este caso tratamos de dar una equidad en el sentido de los sueldos para que puedan establecerse y tener una vida tranquila en Tapachula”, cuenta el dueño del lugar en entrevista.

Armas Hernández agrega que El Marinero está registrado ante el gobierno local como una empresa empleadora para los migrantes. El dueño ayuda a sus trabajadores a conseguir documentos migratorios.

La mitad de los empleados son de Tapachula y la otra mitad son extranjeros. La gente local trabaja en cocina, como meseros, seguridad y la mayoría de bailarinas son extranjeras.

El dueño asegura que en El marinero no hay trata de personas y que no se permite el trabajo sexual, sin embargo, las mujeres pueden llegar a un acuerdo con los clientes afuera del lugar.

“Nosotros hemos tenido esa disponibilidad para estar cerca de la fiscalía del estado que nos ha dado cursos de capacitación para que no haya trata, abuso sexual y laboral. Desde ahí partimos para generar las condiciones básicas necesarias para que la persona trabaje con toda la certeza jurídica”, agrega Armas Hernández.