Las cuentas pendientes

Los problemas legales de César Coll Carabias, el exalcalde panista de Guadalajara recientemente aprehendido por la Fiscalía General, no llegarán pronto a su fin: las cuentas pendientes que aún lo persiguen por un manejo desaseado de fondos públicos rondan los 100 millones de pesos. 

Fue el 23 de octubre pasado cuando la Fiscalía lo anunciaba: había sido detenido Coll Carabias, el primer presidente municipal del PAN en la historia de Guadalajara, en 1995, y extitular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de 2007 a febrero de 2013 con el exgobernador Emilio González Márquez. 

La Fiscalía lo acusó de desvío de recursos y aprovechamiento indebido de funciones por la contratación de tres empresas en la CEA, por casi 4 millones de pesos (MDP), que no le habrían prestado ningún servicio, según hallazgos de la Contraloría del Estado. 

Estos cargos con los que la Fiscalía lo llevó ante los jueces, sin embargo, palidecen ante la magnitud de otra decena de procesos por malos manejos abiertos contra Coll Carabias por órganos fiscalizadores, y en los cuales no ha podido esclarecer hasta hoy el uso legal de los recursos en juego. 

La gestión del panista en la CEA fue fiscalizada en el ámbito local continuamente por dos instancias: su propia Contraloría Interna, enfocada en los trámites administrativos de menor cuantía; y la Contraloría estatal. 

La CEA no fue inspeccionada en su periodo por la Auditoría Superior del Estado (salvo 2007 y 2008, hoy en su archivo muerto), pero también enfrentó procesos de revisión de la Contraloría estatal en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal. 

Así que de las indagatorias de la Contraloría estatal, la SFP y su órgano interno, la gestión de Coll Carabias recibió observaciones por irregularidades en el ejercicio de los fondos que se cuantificaron en 508 millones 392 mil 609 pesos, tan solo en su gasto de 2009 a 2013. 

Más importante aún es que dentro de estos hay una decena de cargos por 98 millones 333 mil 746 pesos de 2011 y 2012, de la Contraloría estatal y la SFP, que la administración del panista nunca pudo justificar, por lo que persisten al día de hoy como no solventados. 

Los cargos

En esos casi 100 millones de pesos (MDP) erogados por la CEA de Coll Carabias, y en los cuales la Contraloría y la SFP detectaron que su gasto no se ajustó al marco legal, son dos los cargos más importantes: 

Uno por 32 millones 433 mil 213 pesos por haber efectuado pagos en exceso para las obras realizadas, es decir, no sustentados en las mismas; y otro por 27 millones 309 mil 961 pesos en un concepto muy similar: la emisión de pagos improcedentes en obras de 2009 y 2010. 

Estos dos cargos que suman 59 millones 743 mil 174 pesos se generaron en la auditoría JAL/APAZU-CEA/11 de la Contraloría y la SFP en el año 2011, y no obstante, su estatus legal sigue siendo el de no solventada hasta este momento. 

Otros cuatro señalamientos no esclarecidos por el panista cuando encabezó a la CEA, se originaron debido a que no invirtió en obras 30 millones 424 mil 872 pesos que había recibido de la Federación, y no obstante, tampoco los reintegró a la Tesorería federal (Tesofe). 

Otros cargos hacen referencia a anticipos emitidos a contratistas que luego no fueron amortizados en sus pagos finales; incumplimientos en contratos elaborados, entre otros. 

Además de los 98.3 MDP que su gestión heredó como observaciones no clarificadas, existen otras siete (seis del año 2009 y una de 2013) que aún se encuentran abiertas o en proceso, por lo que podrían volverse nuevos dolores de cabeza para el exfuncionario. 

Estos señalamientos suman 71 millones 580 mil 797 pesos y también fueron generados por la Contraloría estatal. 

A todo esto se aúnan las labores de la Contraloría Interna de la CEA, es decir, su propio órgano de control, que emitió 117 observaciones entre 2010 y 2012 por montos de una cuantía mucho menor, pero que  juntas suman 20 millones 970 mil 810 pesos. 

Sobre estos casi 21 MDP se desconoce si fueron solventados o no por la CEA de Coll Carabias, pues hasta antes del año 2013, su proceso de fiscalización interna no consideraba que su Contraloría emitiera un dictamen final, donde determinara si sus señalamientos se habían clarificado o no. 

Fiscalía política

Si bien los resultados de las auditorías a la gestión de Coll Carabias demuestran que sí tuvo deficiencias serias en su gasto aún sin aclarar, la acción en su contra del fiscal Eduardo Almaguer Ramírez quedó ensombrecida desde un inicio bajo la sospecha de un uso político del Ministerio Público. 

Antes de que fuera integrado al gabinete del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, Almaguer Ramírez había fungido como dirigente del PRI en Jalisco y en Guadalajara. 

Los panistas aseguran que se cometieron distintas irregularidades contra Coll Carabias, como el que no se le hubieran notificado las observaciones no solventadas de Contraloría, que el asunto no se resolviera con justicia alternativa, y que no se acatara la suspensión que tenía contra una posible detención. 

El 27 de octubre el exalcalde salió del penal de Puente Grande bajo fianza, pero el golpe mediático y simbólico ya se había dado: uno de los políticos más significativos para la alternancia histórica y el panismo en Jalisco, había pisado la cárcel, y su rostro derrotado en las instalaciones de la Fiscalía había recorrido todos los medios locales. 

“Almaguer se conduce todavía como presidente del PRI en el estado y usa las instituciones de justicia para atacar a Acción Nacional”, dijo Gustavo Macías Zambrano, presidente del PAN, el 25 de octubre. 

La Fiscalía de Almaguer Ramírez, en efecto, no ha actuado contra ningún priista, ni siquiera contra Elisa Ayón, exregidora tapatía destituida de su cargo por el Congreso local el 6 de marzo de 2014, por enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.