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"Fue un operativo planeado para vaciar el Zócalo, donde hubo gente aplastada, pisoteada"
La CNDH envió a un equipo de abogados médicos y a los penales federales a donde fueron trasladados los once detenidos
Los presos del 20 de noviembre seguirán siendo incómodos para el Gobierno del Distrito Federal (GDF).
Familiares y amigos marcharán hoy a las cuatro de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, frente a las oficinas de Miguel Ángel Mancera.
Otro motivo para poner a prueba a los cuerpos policiacos de la ciudad y a las instituciones impartidoras de justicia.
Los familiares y algunos integrantes de la sociedad, entre ellos grupos de los denominados anarquistas, no se dan por vencidos ante el encarcelamiento de once en penales de máxima seguridad.
Por ello lanzaron una convocatoria en calidad de urgente para recopilar videos, fotos, testimonios, cartas y cualquier otro documentos que sirva como prueba que permita conocer lo que verdaderamente ocurrió la noche del 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México.
“Envíe su información y si es posible anexe una ficha técnica indicando tipo de testimonio, lugar, fecha y hora del suceso; implicados (en caso de que se conozcan)” especifica la convocatoria que además invita a enviar dichas pruebas a la dirección materiales20novMx@gmail.com .
Organizaciones civiles como el Comité Cerezo, dedicados a la defensa y difusión de los Derechos Humanos, en voz de Francisco Cerezo puntualiza que el papel del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera no es nuevo, pues desde que asumió el cargo dio muestra de este tipo de represiones.
El activista dio a conocer que durante la jornada del 20 de noviembre en la manifestación de apoyo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa fueron detenidas en total 26 personas.
De ese total de 26, entre el sábado y domingo fueron liberadas 15 personas detenidas en la zona aledaña al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuatro fueron trasladadas a reclusorios y once no llegaron a la cárcel.
Los cuatro enviados a prisión fueron liberados luego de pagar una fianza de 50 mil pesos.
Los otros once fueron capturados en los disturbios del Zócalo, estos son quienes corrieron otra suerte pues ya están presos en cárceles de máxima seguridad: tres mujeres en Nayarit y ocho hombres en Aldama, Veracruz, acusados de asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín.
Sembraron el miedo
“Juntamos diez testimonios de civiles, gente X que acudió al Zócalo y quienes refieren que fueron aplastados, pisoteados por la policía”, puntualiza Francisco Cerezo, de la organización Comité Cerezo.
Dice que después del operativo del 20 de noviembre, el gobierno cumplió uno de sus principales objetivos, el de sembrar el miedo entre la gente, la sociedad civil, que ese día se solidarizó con quienes vinieron desde Guerrero a manifestarse.
A raíz de ese miedo, es que es muy difícil convencer a las personas para que acudan a presentar su denuncia por lo que experimentaron esa noche en la plaza de la Constitución y calles aledañas por donde fueron perseguidos.
Para muestra, refiere el episodio del directivo de la Red por los Derechos de la Infancia, Juan Martín Pérez García, cuyo testimonio deja muy mal parada a la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), pues luego de ser golpeado él y su familia por los granaderos acudió a pedir auxilio a una camioneta con persona de esa dependencia. No tuvo respuesta.
“En ese sentido, la CDHDF también fue partícipe”, ataja.
“La Comisión Nacional se descalifica”, acotó.
Sin embargo, la CNDH anunció que envió a un equipo de abogados y médicos a los penales federales a donde fueron trasladados los once detenidos de la marcha del 20 de noviembre, quienes enfrentan cargos por motín, intento de homicidio y asociación delictuosa.
El Comité Cerezo es una de las organizaciones que se ha dedicado a llevar un puntual seguimiento de las listas de los detenidos y la evolución de cada uno de los casos.
Desafían con más marchas
Las detenciones masivas como la que ocurrió ese día, dan margen a la confusión que impide con prontitud conocer los verdaderos nombres de los detenidos a sus familiares.
Tal el es caso del chileno detenido durante la protesta, Laurence Maxwell Ilabaca, del cual se reportaron cinco nombres diversos debido a que la Policía no supo cómo se escribía.
En medio de este clima de confusión que aún se vive, el Comité Cerezo no tiene los elementos de prueba suficientes para afirmar que durante la manifestación del 20 de noviembre hubo una operación para infiltrar a elementos del Ejército vestidos de civil como provocadores.
“Aunque han circulado algunas fotos en Internet no las podemos tomar como pruebas, y de los testimonios recopilados no hay quién nos pueda demostrar que vieron a militares vestidos de civil metiéndose a la movilización. Lo que sí es que fue un operativo planeado para vaciar el Zócalo, donde hubo gente aplastada, pisoteada”.
De ahí la convocatoria a la población abierta para que envíe materiales que puedan ser entregados a los abogados que defienden a los once que están presos en cárceles federales.
La marcha de hoy es tan solo una prueba más de las muchas que vienen para policías y granaderos de la Ciudad de México.
Luego de esta ya se anuncia otra movilización para el jueves, afuera de las oficinas del GDF, para exigir la libertad de otros presos políticos, los de San Bartolo Ameyalco.
