La violencia y un presunto desfalco rompen el remanso de San Cristóbal de las Casas

La violencia del crimen organizado que se ha expandido en Chiapas y, particularmente en el municipio de San Cristóbal de las Casas, ha tenido como trasfondo un presunto desfalco multimillonario señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Además de la incapacidad que ha mostrado el Gobierno del mandatario Rutilio Escandón Cadenas para detener el crecimiento de los grupos delictivos en el estado; en ese municipio la situación ocurre mientras la autoridad municipal no ha podido comprobar el destino de un solo peso de las Participaciones Federales en la Cuenta Pública 2021, según el órgano fiscalizador.

La ASF señaló en su informe respecto a la entidad: “La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 274,928.7 miles de pesos (274 millones 928 mil 699.66 pesos) que representó el 100 por ciento de los recursos fiscalizados al municipio mediante las Participaciones Federales a Municipios en ejercicio fiscal 2021; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada“.

Y complementó: “En el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por no disponer de los registros contables, presupuestales y documentación justificativa y comprobatoria de las operaciones, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 274,928.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de la muestra auditada”.

Se trata de millones de pesos que fueron transferidos al Gobierno municipal que encabeza Mariano Díaz Ochoa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Así lo advirtió la Auditoría: “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 274,928,699.66 pesos (274 millones 928 mil 699.66 pesos) más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de las Participaciones Federales a Municipios, por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas con los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2021 en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.

Hace unos días, el 17 de abril de 2023, San Cristóbal de las Casas se volvió noticia nacional ante las imágenes que inundaron las redes sociales, y que mostraban escenas de una balacera protagonizada por grupos delictivos que se habría mantenido por al menos ocho horas, y que causó que personas corrieran para alejarse de los disparos y los comercios bajaran sus cortinas.

Por el momento, sin embargo, no hay ninguna garantía de que el Gobierno municipal de Díaz Ochoa haya dirigido los recursos públicos al ámbito de la seguridad. El órgano fiscalizador advirtió:

“El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. En conclusión, el municipio no realizó en general, una gestión adecuada de las Participaciones Federales a Municipios 2021, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio”.

“Los Motonetos”

Aquella la balacera en San Cristóbal de las Casas del 17 de abril se detonó a partir del asesinato de Jerónimo Ruiz, un dirigente del mercado de artesanías de ese municipio, pero a quien también se le atribuían presuntos vínculos con “Los Motonetos”, una supuesta organización delictiva en Chiapas.

La violencia de aquel día, desplegada por sujetos que portaban armas largas, se tradujo también en viviendas incendiadas y en la instalación de varios bloqueos en las calles de ese municipio turístico.

En respuesta a esos hechos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que: “A través de la Fiscalía de Distrito Altos, inició la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Gerónimo “N”, en hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de Las Casas”.

También comunicó: “La Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones correspondientes con apego al Protocolo de Homicidio, con el propósito de fincar responsabilidades y que este hecho y ningún otro quede impune”.

Chiapas, bajo alerta

Durante la administración del gobernador Escandón Cadenas, los grupos delictivos asentados en Chiapas se han fortalecido, una situación que ha sido alertada por múltiples organizaciones sociales e instituciones de carácter religioso, como la propia Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Unos días antes de que se desatara el episodio de violencia en San Cristóbal de las Casas – el 4 de abril de 2023–, esa Diócesis había emitido un pronunciamiento, dirigido, entre otras instancias, a los tres niveles de Gobierno, en el que destacó la “presencia del crimen organizado” en la entidad. Así lo expuso:

“En este tiempo hemos escuchado fuertemente como un grito en el desierto la situación de violencia estructural e institucionalizada con la presencia del crimen organizado, la proliferación de grupos armados, algunos haciendo la tarea de grupos de choque”.

Y complementó la Diócesis: “Esta realidad de inseguridad se agudiza en algunos sectores de la población amenazada por grupos del crimen organizado para incursionar en el manejo y la comercialización de armas de fuego que resultan de uso exclusivo del Ejército mexicano. Situación que pone en alto riesgo a los habitantes ya que estos grupos se enfrentan por la disputa del control territorial”.