La violencia silenciosa

En México, 15 de cada 100 quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) están relacionadas con el abuso en contra de mujeres embarazadas.

Y de acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Jalisco está entre las entidades con el mayor número de quejas por violencia obstétrica, solo por debajo del Estado de México y Veracruz.

Apenas el mes pasado, la Comisión de Desarrollo Humano y Familia en el Congreso Local —presidida por la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez— realizó una mesa de trabajo de expertos en el tema, con el propósito de escuchar opiniones en relación a la posibilidad tipificarlo como un delito.

“Los casos de violencia obstétrica que se presentan contra mujeres en estado de gestación y durante el parto, se convierten en una conducta recurrente, lo que hace urgente legislar en la tipificación de una figura delictiva que inhiba estas prácticas para lograr lo que se considera el parto humanizado”, detallaron los legisladores.

Y es que el tema toma proporciones distintas si se toma en cuenta que Jalisco ocupa el tercer lugar en violencia comunitaria contra las mujeres, de acuerdo al Estudio de Implementación del Delito de Feminicidio.

Con un porcentaje de 33.9 por ciento, Jalisco está por arriba de la media nacional, donde las mujeres pueden sufrir distintas agresiones de tipo sexual, física o intimidación.

La violencia de este tipo en la entidad ha sido medida a pesar de las nulas intenciones políticas por tipificarla.

Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) de las recomendaciones hacia las áreas de salud emitidas por ese organismo 25 por ciento acreditaron violaciones a los derechos humanos en atención obstétrica.

Este tipo de violaciones detectadas por la CEDHJ en su mayoría derivaron en la muerte del producto o  recién nacido.

“De eso casi nunca se habla, pero la violencia que viven las mujeres durante los procesos de embarazo y de parto son tremendas. Van desde el lenguaje, la forma en que (los médicos) se dirigen a ellas, lo que les dicen en el momento del parto si ellas externan algún tipo de dolor, de grito y demás, y de manera ofensiva les dicen ‘pues eso no gritaste en el otro momento y por qué lo hace ahora’.

“Y una mujer estando así, en tal vulnerabilidad ¿cómo se defiende? Eso es violencia, eso es violencia obstétrica”, expresó Guadalupe Ramos Ponce, académica, activista y experta en temas de violencia contra las mujeres, en entrevista con Reporte Indigo.

La académica indicó que ha costado muchísimo trabajo que se aprueben las legislaciones sobre temas de derechos de las mujeres.

“Son temas que no les interesan (a los diputados), no están en la agenda pública, no están en la mesa de la discusión. Cuando los pasan y cuando los discuten es por una cuestión coyuntural”, aseveró Ramos Ponce.

Ayer, durante la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el tema de la violencia obstétrica volvió a asomarse al debate nacional.

En Jalisco, la Ley de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia reconoce distintos tipos de violencia hacia el sector femenino, como la laboral o los feminicidios, pero no existen mecanismo legales actualmente para que una mujer pueda ser defendida en caso de sentirse violentada en el tratamiento obstétrico.

Un informe elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) detalla que la violencia obstétrica se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud públicos y privados, y consiste en cualquier acción u omisión por parte de este personal, que daña a la mujer tanto de forma física como psicológica.

“También se puede dar en la ausencia de servicios de salud reproductiva o su nulo acceso, un trato hacia quienes reciben este servicios de forma cruel, inhumano o degradan, además de la medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre los procesos reproductivos”, agrega.

En México, la Ley General no incluye la violencia obstétrica y a nivel local únicamente Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz, cuentan con definiciones de violencia obstétrica en sus leyes respectivas. Pero únicamente en Veracruz, Chiapas y Colima está tipificada como delito.

En febrero de este año, Jalisco abrió el debate para tipificar la violencia obstétrica, sin embargo, aún se encuentra en trámite.

Lo que sí se permite en el estado es la esterilización forzada, pese a que —de acuerdo con GIRE— esto implica la violación al derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación.

Las cifras oscuras 

Cifras oficiales, obtenidas por Reporte Indigo vía transparencia, revelan que en el estado del 2010 hasta mayo de 2014 se presentaron alrededor de 70 quejas de parte de pacientes obstétricas que recibieron un trato inadecuado.

De acuerdo con el Sistema de Detección de la Voz del Usuario de los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG), el 2010 fue el año que más registro, con 20 quejas ante la institución.

Por otro lado, un registro independiente de la Gerencia de Calidad de los HCG detalla que estas quejas podrían ser más que las declaradas en el sistema anterior, pues en la misma temporalidad la gerencia da cuenta de 181 quejas.

En esta recopilación, fue el pasado 2014 cuando se registraron el mayor número de quejas para el área ginecobstetricia de los HCG, especificando que fueron 61 los pacientes que se quejaron por mal trato por parte de la institución.

Por su parte la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco (Camejal) respondió a este medio que no existen registros de este tipo de violencia en sus expedientes, puesto que no hay definición de la misma.

Los intentos

>Fabiola Loya, entonces diputada local por Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa ante el Congreso 

Local, la cual buscada adicionar diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y del Código Penal.

>La exlegisladora priista Bertha Rodríguez Ramírez presentó otra iniciativa del mismo tipo, pero que buscaba reformar no sólo la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, sino también a la Ley de Salud del estado.