La violencia se imprime en la prensa

La violencia contra los periodistas no cesa y los ataques contra medios de comunicación siguen aumentando. 

Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), México es el país de América Latina que padece la situación más grave en términos de libertad de expresión.

Ello, “pese a los esfuerzos políticos en el último año del sexenio presidencial que concluyó y a las promesas del que inicia”, indica la SIP.

Según el informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en los últimos 12 años los crímenes contra periodistas se han vuelto brutales.

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El diario Zócalo ha decidido autocensurarse para proteger a sus trabajadores
Una informadora mexicana sigue desaparecida y ha habido ataques contra El Siglo de Torreón, el Canal 44  y el Diario 
de Juárez

La violencia contra los periodistas no cesa y los ataques contra medios de comunicación siguen aumentando. 

Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), México es el país de América Latina que padece la situación más grave en términos de libertad de expresión.

Ello, “pese a los esfuerzos políticos en el último año del sexenio presidencial que concluyó y a las promesas del que inicia”, indica la SIP.

Según el informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en los últimos 12 años los crímenes contra periodistas se han vuelto brutales.

En el sexenio de Vicente Fox fueron asesinados 66 periodistas y en el gobierno de Felipe Calderón esta cifra se elevó a 127, casi el doble.

Tan sólo en los últimos seis meses se han registrado dos asesinatos de reporteros, la desaparición de una periodista y una serie de ataques contra El Siglo de Torreón, el Canal 44 y el Diario de Juárez.

Por tal motivo, la SIP informó que considera enviar una misión especial para reunirse con Enrique Peña Nieto. 

Al presidente de la República le demandarán una solución a los ataques y a las amenazas que siguen perpetrándose contra los comunicadores en el país.

La misión se plantearía, como propósito principal, conocer las acciones que el gobierno federal está llevando a cabo para garantizar el ejercicio periodístico.

De acuerdo con Armando Castilla Galindo, vicepresidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información en México, no se sabe si la actual administración apoya o no el mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas avalado el sexenio previo.

Jaime Mantilla, presidente de la SIP, por su parte, sostuvo que la violencia coacciona más que los poderes autoritarios: “Es peor que los poderes autoritarios, por que no calla la boca con leyes, sino con tiros y asesinatos”, precisó el presidente del diario ecuatoriano Hoy.

Autocensura de Zócalo

De hecho este lunes, en el último día de la reunión de la SIP, otro medio mexicano hizo pública su decisión de autocensurarse.

“En virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado”.

El editorial de cuatro párrafos apareció publicado ayer y precisa que la decisión se tomó para “velar por la integridad y seguridad de más de mil trabajadores”.

Recientemente el portal Ojinaga Noticias informó su cierre luego de que Jaime Guadalupe González Domíngue, director y reportero de esta publicación, fue acribillado. Se trata del primer periodista del año y del sexenio que es asesinado en un claro “atentado contra el periodismo”.

Más apoyo y recursos

Después de tres días de analizar el estado que guarda la libertad de prensa y de expresión, la SIP concluyó que la violencia y el acoso gubernamental son “elementos de constante acoso contra el ejercicio del periodismo”.

En el encuentro donde estuvieron presentes periodistas de más de 20 países de América Latina y El Caribe se destacó que el gobierno de Felipe Calderón destinó 42 millones de pesos a la protección de familiares de periodistas amenazados de muerte por el crimen organizado.  Ahora se espera “un fondo de 129 millones de pesos del gobierno de Peña Nieto para la protección a los derechos a periodistas”, según Castilla.

La SIP recordó que recomendó la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Federalización de los Delitos cometidos contra Periodistas, así como la reforma del artículo 73 fracción XXI de la Constitución, que permite a las autoridades federales atraer los delitos contra la libertad de expresión.

Denunció que en los últimos 10 años no se han resuelto ni siquiera el 5 por ciento de los homicidios contra periodistas en México. Por tal razón se urgió a fortalecer la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas, dependiente de la PGR, para lograr revertir el alto grado de impunidad en el país. Al cierre de la plenaria del organismo, los directivos de la SIP resolvieron solicitar a las autoridades indagar a fondo la violencia contra periodistas en Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz, los Estados donde más ataques se han registrado.

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