La versión de los reprobados

El cese de más de 800 elementos de los cuerpos de seguridad del área conurbada de la capital de Jalisco en los últimos días es sólo una primera fase. 

Tan solo en el municipio tapatío las bajas fueron de 137 elementos; en Zapopan fueron 389; Tlajomulco de Zúñiga despidió 182 policías. Tlaquepaque y Tonalá inhabilitaron a 36 y 80 elementos, respectivamente.

En Guadalajara, por lo menos unos 300 permanecen desarmados con la incertidumbre de perder su trabajo y con el riesgo de trabajar, así dice César González, excomandante de esa corporación.

“Le instauré una queja al director de la Policía de Guadalajara porque está poniendo en riesgo la integridad física, la seguridad de nosotros al tenernos desarmados en distintos servicios”, señala el elemento que fue despedido desde el 1 de diciembre pasado.

Además afirma que indiscriminadamente todos elementos fueron notificados de su baja, pero no recibieron los resultados de las cinco pruebas aplicadas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

“Algunos fueron presentados al departamento jurídico, otros fueron notificados en sus bases, otros en sus patrullas fueron notificados y en ese momento desarmados. A otros que no estaban trabajando fueron a notificarlos a sus domicilios”.

Lo que extraña a los uniformados que se manifestaron el pasado martes 8 de enero es que en la notificación de su cese de funciones no se especifique cuál de las cinco pruebas fue la que no aprobaron. Las pruebas aplicadas son psicológicas, toxicológicas, físicas, médicas, socioeconómicas y de polígrafo.

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza no ha entregado resultados específicos a ningún elemento cesado de sus labores. 

“En ningún momento me han entregado exámenes. No han ido informando si has pasado un examen u otro”.

Édgar, policía activo de Zapopan, afirma que por lo menos en la prueba de polígrafo los elementos son presionados psicológicamente antes de aplicarla.

“Los compañeros, todos están preocupados por su estabilidad laboral. Queremos ver dónde partimos ya que varios exámenes, por ejemplo el polígrafo, sentimos que somos coaccionados antes de aplicarlo”.

Por esta situación y alegando la incapacidad del personal del centro de evaluación los elementos exigen que se les evalúe de nuevo, destaca César González.

“Estamos tratando de que se nos revalore de nuevo, porque consideramos que las personas que están en el Centro Estatal de Control de Confianza no tienen la capacidad, son inexpertos, novatos.

“El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza lo echaron a andar al vapor y contrataron a las personas que no eran las indicadas para hacer este tipo de exámenes.

“Que se nos haga una revaloración, en esa revaloración estamos pidiendo personal académico de la Universidad de Guadalajara, del ITESO. Que participen ellos en esas funciones”.

Tras 17 años de servicio el ayuntamiento tapatío ofreció un finiquito “de risa” a César González, despedido a inicios de diciembre de 2012.

“Tengo desde el 1 de diciembre sin trabajo. No se me otorgó ni la quincena de diciembre, ni la última de noviembre, ni mi aguinaldo, no se me otorgó nada.

“Me ofrecieron un finiquito de risa, 80 mil pesos me daban por 17 años de trabajo, entonces no los acepté y hablé con el síndico del Ayuntamiento de Guadalajara exigiéndole que si me iba a liquidar lo hiciera conforme a mi derecho”.

Édgar, policía de Zapopan desde hace 15 años, señala que el proceso de evaluación y entrega de resultados no ha sido transparente.

 “Todo se ha manejado bajo un sigilo total. Ese es precisamente nuestro motivo por el cual manifestarnos por una transparencia, por una legalidad.

“Queremos seguir sirviendo a la ciudadanía, hemos dedicado más de 15 años a esta labor, a ser policías.  Somos ahorita una materia inerte para ellos, que ya no sirve para nada y eso está mal. Somos el elemento humano que sirve a la sociedad”.

Para este elemento activo, el ayuntamiento zapopano actúo de mala fe notificando el cese en el fin de semana de Reyes: “Zapopan informó a los elementos que estaban siendo inhabilitados el sábado para no darles tiempo, entonces ahí se ve que no existe buena fe por parte del municipio”.

A pesar de eso, el pasado martes el alcalde Héctor Robles Peiro los recibió en la sala de cabildo para escuchar sus exigencias.