En los próximos días se espera que también sea citada por la Procuraduría del Estado, la titular de la Sedue, Brenda Sánchez, por haber ordenado el cierre de este establecimiento
En casi tres meses el Casino Revolución no ha podido por la vía procesal tumbar la clausura que le impuso el Municipio de Monterrey por carecer de permisos, pero ahora recurre a la vía penal para presionar a las autoridades municipales.
Los propietarios de este centro de apuestas presentaron una denuncia penal en contra de los funcionarios de la administración que encabeza la alcaldesa Margarita Arellanes que participaron en el cierre de este establecimiento realizado el pasado 17 de septiembre.
En la denuncia, interpuesta ante la Procuraduría de Justicia del Estado, que encabeza Adrián de la Garza, los funcionarios municipales son acusados por abuso de autoridad por los abogados de esta casa de juego.
La semana pasada, en calidad de indiciado, compareció ante el Ministerio Público el inspector de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, quien estuvo a cargo de la diligencia que derivó en el cierre del Casino Revolución.
El inspector municipal se presentó con el Ministerio Público del Estado y se acogió a los beneficios del Artículo 20 Constitucional para rendir su declaración de manera escrita.
En los próximos días se espera que también sea citada por la Procuraduría del Estado, la titular de la Sedue, Brenda Sánchez, por haber ordenado el cierre de este establecimiento que carece de permisos de uso de suelo para operar como centro de apuestas.
Los abogados del Revolución pretenden usar a su favor en el proceso una resolución municipal firmada durante la pasada administración de Monterrey, en la que el Ayuntamiento se declara incompetente para vigilar la operación de este casino, por ser una atribución federal.
La resolución habría sido firmada por el exdirector jurídico de Monterrey y hoy diputado local del PAN, Adrián González, y sirvió para revocar la clausura que había impuesto la Sedue a este casino en el 2011.
La defensa legal del Casino Revolución está a cargo de la empresa Players Palace, S.A. de C.V., operadora de la permisionaria Palacio de los Números, dueña del permiso federal que utiliza este centro de apuestas regio.
Los socios que aparecen en el permiso de Segob, disponible en internet, son Eduardo Luis Laris Rodríguez y Ramón Manuel Aznar González.
El pasado 17 de septiembre el Municipio de Monterrey clausuró provisionalmente las instalaciones del Casino Revolución, alegando que no contaba con permiso municipal para operar bajo el giro de casa de apuestas.
Ese día la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey impuso los sellos también al Casino Crown, ubicado en San Jerónimo.
El casino Revolución cuenta con una licencia para operar como restaurante bar, con videojuegos y billar, que otorgó en el 2009 la administración que encabezaba el entonces alcalde, Adalberto Madero.
Este centro de apuestas no fue cerrado en febrero de este año, durante el operativo municipal en el que se cerraron 10 casinos de Monterrey, porque contaba con una suspensión vigente concedida en el 2008 por el magistrado José Alonso Solís Navarro, el mismo que ordenó en el 2011 la reapertura del Casino Royale.
El Municipio de Monterrey colocó sellos de clausura definitiva al Revolución el pasado 22 de octubre.
El Casino Revolución, a través de la empresa Players Palace, S.A. de C.V., ha presentado dos juicios de amparo en contra del cierre, pero hasta el momento ninguno ha prosperado en el Poder Judicial de la Federación.
Los recursos son presentados por la empresa en la que aparece como socia María Eugenia Garza Villarreal, hija del empresario Rogelio “El Diablo” Garza, dueño de clubes de table dance, quien fue ejecutado en el 2009.
Como abogados acreditados en los juicios aparecen Miguel Ángel Miyar Laris, representante legal de la empresa Palacio de los Números; Adriana Lazcano y Sulay Reyes.
El primer juicio de amparo, el 1610/2013, fue admitido el pasado 1 de octubre por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, pero el Juez negó la suspensión provisional que solicitaban los casineros para levantar los sellos impuestos.
El Juez federal en este proceso rechazó también otorgar la suspensión definitiva, por lo cual los propietarios del Casino Revolución interpusieron una queja ante un Tribunal Colegiado que actualmente está en proceso de resolver.
El 19 de noviembre pasado, otra vez la operadora del Casino Revolución presentó una segunda demanda de amparo en el mismo Juzgado –proceso radicado bajo el número 1802/2013- en el que se negó también la suspensión provisiona a la quejosa.
El Juez fijó para el pasado 25 de noviembre una prueba de inspección solicitada por los casineros, pero ésta no se pudo desahogar porque las maquinitas no pudieron ser encendidas por sus dueños.
El juicio está actualmente en un Tribunal Colegiado, y serán los magistrados los que decidan en los próximos días si se ordena retirar los sellos de clausura a este centro de apuestas, o confirman la sentencia en primera instancia a favor del Municipio de Monterrey.