Cargando con su polémica cena en un restaurante cinco estrellas, Emilio Lozoya intentó una vez más aplazar la fecha límite para presentar el sustento de sus declaraciones que implican en actos de corrupción a funcionarios de las últimas dos administraciones federales.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República le plantó cara por primera vez en más de un año, por lo que hoy vence el plazo para hacer valer sus dichos y mantener su criterio de oportunidad
Para sortear la fecha límite del 3 de noviembre, la defensa legal de Lozoya Austin pidió una prórroga de 60 días para recabar los sustentos necesarios, siendo la sexta ocasión que solicita una medida de este tipo desde que fue repatriado desde España en julio de 2020.
Tras ser detenido en la nación ibérica, a inicios de año, el exdirector de PEMEX solo accedió a su traslado luego de que la FGR le ofreció acogerse al criterio de oportunidad (facultad que tiene el Ministerio Público de no ejercitar la acción penal).
Apenas pisó México fue vinculado a proceso por cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita, pero Lozoya recibió “trato especial” al jamás ingresar al Reclusorio. Primero se reportó que padecía gastritis, por lo que sería internado en un hospital y, al recibir el estatus de testigo colaborador, pudo recorrer a placer la Ciudad de México, sin salir de ella. Como se ha documentado en imágenes que lo captaron en centros comerciales y de recreación.
Habiendo interpuesto una denuncia de hechos contra 17 personas, incluyendo los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña, por su presunta participación en tramas de corrupción desde el sector energético, Lozoya había evitado presentar el sustento que corroborara sus acusaciones. Ahora la FGR decidió pedir el cierre de la investigación complementaria, teniendo como única diferencia el episodio de su salida a cenar pato pekinés a mediados del mes pasado.
El juez de control determinó que el exdirector de PEMEX se presentara en el Reclusorio Norte para la audiencia, por lo que pisará una instalación penitenciaria por primera vez desde que inició su proceso.
Las imágenes de Lozoya causaron tal indignación que, incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino para declarar que se trataba de una “imprudencia o provocación” de su parte, así como apresuró la investigación al considerar que la FGR “se está tardando”. Siendo que, de las casi dos decenas de señalados, hasta el momento solo se ha vinculado a proceso al exsenador panista Jorge Lavalle, a quien se dictó prisión preventiva justificada en abril.
Previo a la audiencia, Reporte Índigo entrevistó a Martha Hernández Rangel, abogada litigante, quien comenta que todo dependerá de que Lozoya Austin pueda robustecer o no los dichos que hizo contra los demás exfuncionarios.
“Necesitarán forzosamente el testimonio de ellos, esa entrevista con ellos o, a lo mejor, un video. ‘Aquí se ve cuando les entregué comprobantes de transferencias’. Alguna situación para comprobarlo. En el nuevo sistema, como se maneja, no basta solamente el dicho. Basta porque es el mínimo del estándar probatorio para llegar hasta esta etapa, para que lo mantengan vinculado a proceso. El estándar probatorio es muy bajo, pero para la etapa intermedia y la de juicio, no”
En este sentido, explica, con la FGR solicitando el cierre de la investigación complementaria, seguirá la etapa intermedia para seguir el proceso del exdirector de Pemex. Es decir, la depuración de las pruebas, tanto por la Fiscalía General como por la defensa de Lozoya, que puedan pasar por el juez de control, así como la determinación de los tipos penales que se le imputarían.
Sustento de declaración de Lozoya, imprescindible
Reporte Índigo consultó a otras fuentes jurídicas sobre la situación a la que se expondrá Emilio Lozoya cuando acuda a la audiencia programada a las 9:30 de la mañana. Con la petición de mantenerse en el anonimato, explicaron que todo dependerá en que el exfuncionario público pueda sustentar de manera concreta y fehaciente la información que proporcionó al Ministerio Público, puesto que ninguna investigación puede prolongarse por más de seis meses.
En caso de que Lozoya cumpla con este procedimiento, explicaron, podrá mantener su criterio de oportunidad y mantener las condiciones que la Fiscalía General le ha permitido hasta el momento. En tanto que se deberán iniciar los procesos correspondientes en contra de los otros señalados en su denuncia de hechos y, además, él deberá seguir colaborando con las autoridades, estando disponible para testificar en los eventuales juicios cuando así sea requerido.
En caso contrario, suponiendo que Lozoya no pueda sustentar sus dichos de acuerdo con los requerimientos ordenados por la ley, esto significaría el fin de estatus como testigo colaborador y, por tanto, de su criterio de oportunidad, por lo que se seguiría con su proceso penal y, dado que ya fue vinculado a proceso y hay un antecedente de fuga, el juez encargado podría justificar una medida cautelar como la prisión preventiva.
De ocurrir este escenario, agregan las fuentes, la pérdida del criterio de oportunidad de Lozoya no afectaría a otros casos, refiriéndose específicamente al de José Luis Lavalle Maury, siendo que él ya se encuentra vinculado a proceso y enfrenta su propia causa penal abierta a partir de la investigación que la Fiscalía General hizo con la denuncia de Lozoya. Este escenario es probable en caso de que la FGR emprenda acción legal contra cualquier otro de los señalados.
Así, el caso con el que López Obrador confió que el fiscal general Alejandro Gertz Manero “hará historia”, pende de la solidez de los elementos que la defensa de Lozoya pidió otros 60 días de plazo para entregar a las autoridades.
Todo esto a año y medio de su regreso a México, lapso en el que, más que avances judiciales, se han acumulado filtraciones, videoescándalos, cuestionamientos y hasta cuentas de restaurantes de lujo.