El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha combatido jurídicamente decenas de resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para impedir la entrega de la información pública que ha sido solicitada por los ciudadanos, según se corrobora en registros de ese organismo.
Una de las funciones que tiene el instituto consiste en atender los recursos de revisión que tramitan los ciudadanos cuando las dependencias les niegan información, para verificar que las respuestas que obtuvieron estén ajustadas al marco legal; en caso de que no sea así, entonces el organismo revocará dichas respuestas para garantizar el derecho de acceso a la información de los solicitantes.
Sin embargo, los registros del organismo proporcionados vía transparencia, muestran que el Gobierno de López Obrador, mediante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ha impugnado hasta ahora 43 de estas resoluciones del Instituto, es decir, 10 veces más que las que fueron combatidas por el Gobierno del expresidente del PRI, Enrique Peña Nieto (cuatro).
Estas impugnaciones contra las resoluciones del Instituto se denominan “Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional”, y se presentan por la Consejería Jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice al respecto, en su Artículo 157:
“Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado ‘Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional’, en el presente Título, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional”.
En estas 43 impugnaciones que ha interpuesto el Gobierno de López Obrador para neutralizar las resoluciones del Instituto, están involucradas varias dependencias de la administración pública federal.
“La Secretaría de Salud, en 22 expedientes; la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en nueve; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuatro; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en dos; y todas las siguientes instancias con un caso cada una: el Centro Nacional de Control de Energía; el Centro Nacional de Inteligencia; la Oficina de la Presidencia de la República; Prevención y Readaptación Social; la Secretaría de la Función Pública; y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Folio: 330031323000670).
En 13 expedientes ya existe una determinación de la Suprema Corte, con estos resultados: en 10 casos “se modifica resolución del INAI”; en dos casos “se confirma resolución del INAI”, y en el restante “se desecha el recurso de revisión, queda firme la resolución del INAI”.
Asuntos impugnados
Entre los asuntos específicos que han sido impugnados por el Gobierno de López Obrador ante la Suprema Corte para impedir la entrega de la información, se encuentran las pruebas de control de confianza de su gabinete, pues fueron solicitadas por un ciudadano ante la Secretaría de Seguridad.
“Solicito los resultados de las evaluaciones de control de confianza de las servidoras Rosa Icela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa (recurso RRA 842/23)”.
Otro ciudadano le solicitó información al Centro de Investigación y Seguridad Nacional sobre el plantón que instaló López Obrador en la Ciudad de México antes de ser presidente.
“Solicito copia simple de los informes, reportes, tarjetas informativas, documentos monográficos y semanales en torno a la crisis electoral del 2006, el plantón en Reforma en 2006, el desafuero del hoy presidente en 2005 (RRA 1489/19)”.
Un ciudadano le solicitó información a la Secretaría de Salud sobre la adquisición de vacunas durante la pandemia por cada proveedor y el monto pagado.
“La cantidad de vacunas no aplicadas y que se encuentran en almacenes. (…) Estatus de las vacunas entregadas a México por la ONU a través del mecanismo COVAX (RRA 2395/22)”.
Un asunto vinculado con la Oficina de la Presidencia de la República también impugnado nació de esta solicitud: “Requiero todos los oficios firmados por el Secretario Particular del Presidente durante 2021 (RRA 3282/22)”.
Otro expediente impugnado derivó de una solicitud en la que un ciudadano le requirió a la Secretaría de la Función Pública, las declaraciones patrimoniales del periodo 2010-2022, de 42 miembros específicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (RRA 6190/22).
También resaltan estos casos de la Secretaría de Hacienda que llegaron hasta la Corte: uno, con esta solicitud sobre Pegasus: “Requiero toda la información que tenga la UIF del programa Pegasus (RRA 9556/21)”; y otro, en el que se piden los acuerdos del periodo 2012-2020 de la UIF que “eliminan personas de la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda (RRA 06843/20)”.
El sabotaje
El presidente López Obrador se ha pronunciado abiertamente por desaparecer al INAI, para transferir sus funciones hacia otra instancia. El Instituto, sin embargo, no ha podido sesionar desde el 1 de abril, por la negativa de la bancada de Morena en el Senado a nombrar los tres comisionados que le faltan al organismo (los recursos pendientes de resolución ya superan los cuatro mil 500).
“Nosotros sostenemos que ese instituto de la transparencia no sirve para nada, que lo crearon para simular que se combatía a la corrupción. (…) Entonces, ¿cómo se resuelve? Como lo estoy planteando: que la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece a un poder independiente, que es el Poder Legislativo, se haga cargo de esa función de la transparencia y que ese organismo desaparezca”, dijo el presidente el pasado 28 de abril.
