La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que asumió un rol tan destacado en la investigación del caso Ayotzinapa de 2014, se negó en su momento a intervenir en la que ha sido considerada la mayor tragedia que ha sufrido la ciudad de Guadalajara: las explosiones del 22 de abril de 1992.
La petición de que Pemex asuma su responsabilidad por los hechos de aquel 22 de abril recobró fuerza este 2019, luego de que tanto el colectivo de víctimas que encabeza Lilia Ruíz Chávez, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunciaran que así lo solicitarían al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
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El último gran esfuerzo para que Pemex y, en general, el Estado mexicano asumieran la responsabilidad por esas explosiones causadas por la fuga de gasolina hacia el drenaje de Guadalajara, se dio en 1997, cuando dos organizaciones acudieron a la CIDH para denunciar estos hechos: la Asociación Jalisciense de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
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Aquella denuncia recibida por la CIDH el 10 de octubre de 1997 tenía señalamientos directos contra Pemex como “los peticionarios imputan responsabilidad al Estado por la negligencia de empleados de la empresa pública Pemex, a quienes acusan de haber causado un derrame de 1.2 millones de litros de hidrocarburos en el drenaje del Sector Reforma de Guadalajara, lo cual habría desencadenado las explosiones”, se lee en el Informe 17/03 de la CIDH.
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Las autoridades locales también fueron señaladas en esa denuncia ante el organismo internacional. “Los peticionarios imputan a las autoridades del Gobierno de Jalisco ‘directa responsabilidad administrativa, penal, civil y ecológica’ por no haber evacuado a la población civil del Sector Reforma de Guadalajara en los días y horas previos a las explosiones, pues consideran que tenían pleno conocimiento de los ‘riesgos y previsibles contingencias’ que podrían resultar de las emanaciones de las alcantarillas”.
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Los agravios que se le hicieron llegar a la CIDH también hacían referencia a la falta de justicia que había prevalecido sobre el caso, y por el cual nadie nunca recibió alguna condena. “Alegan que el Estado es responsable por la posterior falta de investigación de los hechos y la impunidad, y por actos de represión y hostigamiento contra personas y organizaciones que reclamaban justicia por las explosiones”.
Caso en impunidad
Las denuncias contra el Estado mexicano por las explosiones del 22 de abril llegaron hasta un organismo internacional como la CIDH, debido a que la justicia mexicana se negó a adjudicar algún grado de responsabilidad a los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.
La Procuraduría General de la República (PGR) había consignado a nueve funcionarios básicamente por no haber actuado a tiempo para impedir las explosiones y/o evacuar a la población, su culpabilidad se analizó dentro de la causa penal 70/92. Sin embargo, cuando el juez le solicitó a la PGR que formulara sus conclusiones, sorpresivamente estas fueron no acusatorias, retirando el 5 de enero de 1994 los cargos que originalmente había hecho contra esos servidores públicos.
El cambio de postura de la PGR se debió, según lo justificó el Estado mexicano ante la CIDH, a que “por las pruebas desahogadas durante el proceso quedaron desvirtuados los elementos que en el momento de la consignación de hechos y de las personas detenidas, configuraron los posibles delitos antes referidos”. Es así que el 27 de enero de 1994 el procurador General de la República ratificó las conclusiones no acusatorias.
Con una PGR que se negaba a proceder contra los funcionarios detenidos, el Juez Sexto en Materia Penal que llevaba el caso decretó su sobreseimiento el 28 de enero de 1994, dado que el mismo “quedó sin materia al no existir elementos que sustentaran la presunta responsabilidad de los procesados”.
El Estado mexicano defendió a la petrolera mexicana ante la CIDH al decir “por lo antes expuesto, a Pemex no se le acreditó responsabilidad en los hechos ocurridos el 22 de abril de 1992; el personal de esta empresa, a quien se le imputó, por omisión, hechos presuntamente delictivos, recobró su libertad plena al decretarse el sobreseimiento de la causa penal, acto que quedó firme”
Más aún, el Gobierno mexicano le aseguró a la CIDH que en la metrópoli de Guadalajara existían 21 mil 750 empresas que por su actividad contribuían a incrementar el flujo de desechos en los drenajes, a lo que había que aunar 900 mil vehículos en la urbe, por todo lo cual, “no es posible atribuir a las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex la responsabilidad de toda fuga de hidrocarburos que contamine las aguas de los drenajes”.
Pemex, agregó el Estado mexicano ante la CIDH, asumió una actitud de colaboración con la comunidad afectada con aportaciones para la reparación de daños e indemnizaciones, pese a que “estos actos de solidaridad con los afectados los realizó Pemex de buena fe, toda vez que no estaba obligado jurídicamente para ello”.
El rechazo de la CIDH
Al final, sin embargo, la CIDH determinó que no podía dar trámite a la denuncia de las organizaciones mexicanas debido a que el plazo máximo para su presentación era de seis meses luego de la resolución de sobreseimiento del 28 de enero de 1994. Su acción legal, en cambio, había llegado hasta octubre de 1997.
Siendo así, la CIDH concluyó en 2002 que “el caso es inadmisible por la falta de cumplimiento de uno de los requisitos previstos”. Con este rechazo de la denuncia se perdió la oportunidad de que la CIDH investigara las explosiones del 22 de abril de Guadalajara, con miras a determinar la responsabilidad –o no- del Estado mexicano en esos hechos.
La explicación oficial de la PGR sigue siendo que el poliducto Salamanca-GDL sufrió una perforación de 8 milímetros de diámetro, corroído por una tubería de agua potable que se le instaló encima. Por el orificio escapó la gasolina al Colector Oriente donde sus gases explosivos se acumularon hasta que estallaron.
