La tortura sigue siendo una manera de encontrar a presuntos culpables en México, lamenta el Instituto Federal para Defensoría Pública.
En entrevista, Víctor Parada Picos, subdirector de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la institución, relata el caso de Leopoldo, un adulto mayor quien lleva nueve años encerrado sin recibir sentencia acusado de secuestro y delincuencia organizada en un caso que es parte de las casi ocho mil denuncias por tortura de las que tiene reporte el instituto.
“Se tenía un registro de siete mil 779 casos de tortura (periodo 2020-2021) cometidos en perjuicio de personas representadas por la defensa pública federal. En esa fecha, de este universo de casos, se habían presentado dos mil 271 denuncias y de estas 180 se refieren a casos de tortura o malos tratos cometidos en prejuicio de mujeres representadas por la defensa pública federal mientras que dos mil 091 casos se refieren a casos de tortura cometidos en perjuicio de hombres”, explica el abogado Víctor Parada Picos.
Sobre el caso de Leopoldo, comenta que se trata de un adulto mayor que asegura que su declaración fue obtenida tras una golpiza por parte de policías federales, quienes obtuvieron una orden de aprehensión pero obtuvieron un amparo.
La impunidad en la Defensoría Publica
Víctor Parada Picos, subdirector de área de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública, afirma que está documentado el ataque de los policías contra Leopoldo.
“La impunidad es la regla porque este señor ha denunciado los actos, se le practicaron los dictámenes, se determinó que los policías aprehensores probablemente participaron en estos hechos y se giró orden de aprehensión en su contra. Los policías federales se ampararon contra esta orden de aprehensión y el proceso o la investigación sigue abierta después de cinco años sin que el señor pueda tener acceso a la justicia”
“La realidad es que su caso es como el de muchas otras víctimas en México y lo más triste de este caso es que estos actos de tortura tienen el efecto de mantener a una persona en prisión preventiva por más de 10 años , como es el caso de Leopoldo”, señala.
Este caso es especial porque se trata de una persona que tiene deficiencias de salud y está recluida sin sentencia en Chiapas. El sistema judicial además complica la resolución del caso porque, aunque es originario de Temixco, Morelos, su proceso está asentado en Michoacán.
“El caso yo creo que a todas luces refleja los efectos devastadores que puede tener este sistema de justicia penal sobre las personas, y particularmente sobre un adulto mayor. Estamos hablando de una persona que tiene 67 años, actualmente padece hipertensión, lo cual lo coloca en una situación de riesgo considerando que está en un centro penitenciario dentro de una época de pandemia. También tiene secuelas físicas por los actos de tortura que sufrió, se le dificulta caminar y está perdiendo parte de la vista”, explica el abogado.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) busca la absolución de Leopoldo, o al menos que pueda esperar su resolución de sentencia en libertad, luego de casi una década de encierro y con su proceso de sentencia sin avances.
El experto recuerda que se enteraron del caso de Leopoldo luego de que el procesado fue desoído por otras instituciones del Estado mexicano
“El señor ya había acudido a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y no tuvo un seguimiento puntual, justo por eso le dirigió una carta en un acto de desesperación al ministro presidente (de la SCJN) diciendo que después de haber denunciado su caso, después de que se giró una orden de aprehensión en contra de los policías federales, todavía no tenía acceso a verdad, justicia y reparación como derechos básicos de las víctimas”, explica.
“También fue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No tuvo un resultado favorable y hasta 2019 el señor decide solicitar el apoyo del ministro presidente y es cuando se remite el caso a esta área de la dirección general del Instituto Federal de la Defensoría Pública”, explica el especialista.
Es decir, Leopoldo cuando llegó a la Defensoría Pública había agotado todas las instancias de la jurisdicción nacional y de las instituciones públicas.
“Lo que buscamos con este caso es la absolución del señor y que pueda continuar su proceso de libertad, es decir, antes de que se dicte sentencia. Actualmente estamos esperando que se resuelva una demanda de amparo indirecto en la que se va a determinar si se procede a revisar la medida cautelar de este señor, es decir, que pueda continuar su proceso en libertad esperando una sentencia”, expone.
Además, el caso fue llevado a instancias internacionales para que el Estado mexicano ponga atención en esta historia.
Cuando Leopoldo llegó a la Defensoría Pública había agotado todas las instancias de la jurisdicción nacional y de las instituciones públicas
“También esperamos que el Comité Contra la Tortura de la ONU determine que en este caso el Estado mexicano es responsable de no haber investigado con una debida diligencia estos hechos”, expone Víctor Parada Picos.
“También es responsable de no garantizar al señor el acceso a una investigación, a una reparación y a todas las medidas establecidas”, finaliza.
