La timidez legislativa

El Poder Legislativo responde con tibieza sobre las oscuras prácticas del Poder Judicial. No los acusan, pero tampoco los defienden. Lo mejor es voltear para otro lado.

Y es que siempre conviene tener al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de su lado. O tener a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los partidos nunca saben cuándo se les podrá ofrecer la buena relación.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, responde lacónico que, de ser ciertas las redes de familiares y políticas en torno a magistrados y ministros, se debe de investigar.

Y en caso de que a algún partido le interese –la propia respuesta exime al PAN- está en la total libertad de presentar una iniciativa para que se acote o castigue las redes de poder.

“Todos debemos estar sujetos al estricto cumplimiento de la Ley, y en estos casos el análisis que procede es el legal: verificar si alguno de estos supuestos está fuera del cumplimiento de la ley.

“De no ser así, y en caso de que alguien tuviera una propuesta de reforma en lo futuro, pues deberá de hacerse por las vías institucionales, estableciendo reglas claras y siendo muy escrupulosos en que esas reglas sean cumplidas a cabalidad”, dijo Anaya.

Sin embargo, ya existe la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y también un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública y ambas determinan prohibiciones para la contratación de familiares.

Además de que establecen –de manera muy general- criterios de ética y transparencia precisamente para evitar las coaliciones de juzgadores con el poder político.

Reporte Indigo ha publicado una serie de reportajes sobre la larga lista de familiares del presidente del TEPJF, José Alejandro Luna Ramos y su compadre, el también magistrado Pedro Esteban Penagos López. En esta red está también el ministro de la SCJN, Sergio Armando Valls Hernández.

Los tres son de origen chiapaneco e iniciaron su carrera en el Poder Judicial al mismo tiempo. Los tres tienen componendas con líderes de los partidos PRI, PAN y PRD.

En el PRI, se intentó consultar a un par de legisladores que declinaron dar su opinión sobre el tema. Por su parte, el expriista y hoy converso senador perredista, Manuel Camacho Solís, instó a que se respete la Ley.

Dijo que se tendría que investigar el caso, pero no dijo quién debe de investigarlo.

“Me parece que si se está actuando con lo que establece la Ley, pues es poco lo que se puede avanzar. Pero creo que en este momento sí se tiene que hacer una revisión a fondo, porque a todos les conviene y por el propio prestigio del Poder Judicial”.