La tierra enferma de progreso

Enferma de progreso, la tierra agoniza. El problema no es solo de México. A nivel mundial, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cambio climático está manifestando problemas amenazantes hacia la humanidad; así lo informó en el estudio “Sobre Desarrollo de los Recursos Hídricos 2018”.

Al cambio climático, en el país se suman los proyectos de desarrollo humano, los que han contribuido con el deterioro ecológico de algunas áreas naturales, y que está poniendo en riesgo la biodiversidad de la que goza México, al transformar grandes zonas de reserva en terrenos áridos sin posibilidad de albergue a la vida silvestre y humana.

“La situación que enfrenta nuestro país en materia ambiental nos debe llevar a un profundo análisis sobre el daño que le estamos ocasionado a la tierra y a nosotros mismos en nuestro desmedido afán de progreso”, explica el profesor Fernando Tejeda Alvarado, director de la Organización Especial de Investigaciones (OEI), quien considera que “en este Día Mundial de la Tierra, no tenemos nada que celebrar”.

Por su parte, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) señala que en todo el territorio nacional existen al menos 560 conflictos socioambientales que requieren la intervención urgente del Estado, no solo por el riesgo en el que se encuentran los grupos poblacionales que habitan esos entornos, sino por el impacto que tienen también sobre la biodiversidad del país.

El Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus Morelia, reveló que solo entre el 2012 y 2017, se han detectado 173 conflictos socio-ambientales generados por la industria minera, 86 por disputa del agua, 74 por proyectos de generación de energía y 49 como resultado de proyectos mega-turísticos.

A la lista de estos conflictos se suman también los 38 provocados por la expansión de manchas urbanas, 37 de índole forestal, 35 de carácter agrícola y 34 por residuos tóxicos y peligrosos, entre otros.

En estos conflictos la afectación a asentamientos humanos y de sus recursos locales, ocurre mediante la invasión o desposesión de territorios y propiedades, en muchos de ellos se encuentra implícito el daño de bosques y selvas, contaminación de aire, suelo o agua, disrupción de cuencas y sus sistemas hidrológicos, así como destrucción de fauna y flora.

A nivel global no han sido suficientes, dice la ONU, los progresos legislativos que en materia de recursos hídricos, seguridad alimentaria, biodiversidad, medio ambiente, reducción del riesgo de desastres, asentamientos urbanos y cambio climático se han realizado. A estos problemas se suma la contaminación del agua. De acuerdo al informe de la ONU, desde los años 90, la contaminación del agua no ha hecho más que empeorar en casi todos los ríos de América Latina, África y Asia, y “se espera que la calidad del agua se deteriore aún más en las próximas décadas, lo que aumentará las amenazas para la salud humana, el medio ambiente y el desarrollo sostenible”.

El suelo o la vida

La disyuntiva que vive la humanidad, y que en México se constata con la polarización de los proyectos de desarrollo, que por un lado pretenden un bien para el crecimiento económico, pero que por otro generan daños ecológicos, tiene otro efecto colateral y es que algunas de las protestas en defensa de la naturaleza se ven enmarcadas por la represión y la violencia ejercida por los desarrolladores o autoridades.

Si bien es cierto que en muchos casos de estos conflictos, los agentes –es decir, las empresas- provocadores de esos conflictos han respondido en algunas ocasiones mediante la negociación con los afectados, sin embargo también se ha dado paso a la represión, un modelo que en México ha cobrado fuerza en los últimos años, en donde se ha llegado a la persecución legal y el asesinato de los defensores de la tierra.

Una investigación de Lucia Vásquez de la UCCS, indica que solo entre el 2000 y el 2015 se ha documentado en nuestro país el asesinato de 99 personas defensoras del medio ambiente, cifra a la que se debe agregar al menos a otros siete ambientalistas que han sido ejecutados entre enero del 2016 a abril del 2018.

El caso más reciente es la de la ambientalista michoacana Guadalupe Campanur Tapia, defensora de los bosques indígenas en la Meseta Purépecha, cuyo cuerpo fue encontrado, luego de haber sido secuestrada, cerca de la localidad de Chilchota, con visibles huellas de tortura, lo que fue tomado por grupos locales de defensores de la tierra como una advertencia a su lucha.

Antes, en el 2016 fueron asesinados los defensores ambientales Alejandro Nolasco Orta, en Sinaloa, y Salvador Olmos García y Baldomero Enríquez Santiago, en el estado de Oaxaca. A la lista a la que se agrega el asesinato de Isidro Baldenegro López, cometido en 2017 en el estado de Chihuahua, Salvador Magaña en Jalisco y el estadunidense Gordon Storm, en Veracruz.

Además de que se cuentan víctimas de homicidio por defender la tierra y sus recursos, otra manera de escarmiento a fin de limitar las protestas, es encarcelan a los líderes de estos movimientos.

Solo en los últimos 17 años, a por lo menos 106 personas defensoras han sido perseguidas o encarceladas a causa de su protesta contra los grandes proyectos de desarrollo que conllevan devastación ecológica.

Los líderes y asesores que participan en las diferentes resistencias contra la privatización y el despojo de los recursos naturales o la afectaciones ambientales, enfrentan también una estrategia de violencia tales como el secuestro y la privación ilegal de la libertad, así como la fabricación de delitos de prisión oficiosa, de acuerdo con la UCCS.

Esta organización, que toma como referencia información de diversos centros de derechos humanos, se estima que hasta abril de este año existen en nuestro país un total de 350 opositores a mega proyectos que se encuentran presos.

“Mediante este modelo que se generaliza y reproduce por todo el país, los grandes consorcios (mineros, energéticos, turísticos, biotecnológicos y carreteros) que están detrás de los mega proyectos en colusión con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, intentan detener y desactivar las resistencias ciudadanas”, refiere la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.

Zona de Ecocidios

Entre los casos que han revelado ambientalistas consultados por Reporte Indigo, sobre la devastación ecológica que se vive en el país, resalta el del Bosque de la Primavera, una zona de reserva natural amenazada por el crecimiento urbano de la zona metropolitana de Guadalajara; aquí la construcción del macro libramiento vial afecta directamente la zona de amortiguamiento al propiciar la urbanización de la zona.

Otro caso emblemático de la afectación ecológica que está generando la creciente industria alimenticia es el que ocurre en Campeche, en donde la empresa Palma Tica ha deforestado más de seis mil hectáreas de selva para introducir la siembra de palma de aceite, cuyo procesamiento sigue contaminando con desechos tóxicos lagunas y ríos en la zona limítrofe con Tabasco y Chiapas, donde entre los principales efectos sumados a los de la afectación del agua, destaca el daño al hábitat natural del Jaguar.

Los efectos ecológicos de la actividad minera también se registran en la comunidad de Arroyo Agrio, del municipio de Alto Lucero, en donde desde el 2011 se ha venido denunciando la contaminación del agua, con metales pesados, a causa de las pruebas de lixiviación que se realizan al minera extraído en el Cerro de la Paila, donde se insiste en la puesta en operación del proyecto minero Caballo Blanco, por parte de la canadiense Goldgroup Mining Inc.

En la Sierra de Álvarez, del estado de San Luis Potosí, sucede otro de los eventos más devastadores; la empresa Cal Química S.A. de C.V., la que cuenta con una licitación para extraer piedra caliza hasta por 167 años, ha consumido parte de este ecosistema que fue declarado Parque Natural en 1981, afectando no solo a los pobladores de la zona aledaña, sino al hábitat de especies como la paloma de collar, el armadillo, el venado cola blanca, el jabalí, el gato montés y el ratón venado mexicano.

Desarrollo, más devastador que el cambio climático

Aun cuando a nivel global se reconoce al cambio climático como la principal causa de la transformación de los ecosistemas, en México, dichos cambios son principalmente atribuidos a los proyectos de desarrollo, apunta el ambientalista Fernando Tejeda.

A causa de estos proyectos ya se han perdido en los últimos 20 años al menos 15 especies animales y cerca de 38 más se encuentran en peligro de desaparecer, por lo que “de continuar la permisión oficial de proyectos económicos en zonas de reserva ecológica, estaremos condenados a seguir observando la desaparición animal”, añade Tejeda.

De las especies animales que en nuestro país actualmente se encuentran en peligro de extinción, entre ellas se encuentran el jaguar, el gato montés, el mono aullador, el perro de la pradera, la vaquita marina, el pelicano marrón, la mariposa monarca, la tortuga de caja, la ballena gris, el águila dorada, el águila arpía, el ocelote, el tigrillo, el ajolote, el león de montaña y la tortuga marina.