La subcontratación ilegal de trabajadores le cuesta al fisco 500 mil millones de pesos: Mónica Fernández
Hay cinco millones de trabajadores en el país que están subcontratados en esquemas que no les garantizan los derechos laborales
Rubén ArizmendiLa presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, denunció que, de acuerdo con algunas estimaciones, el outsourcing o subcontratación ilegal le cuesta al Fisco alrededor de 500 mil millones de pesos cada año, la mayoría de estos recursos, por concepto de evasión de Impuesto Sobre la Renta.
Al inaugurar los trabajos del Parlamento Abierto en materia de outsourcing o subcontratación laboral que realiza el Senado de la República, la legisladora por MORENA agregó que, datos de la Secretaría del Trabajo, arrojan que cinco millones de trabajadoras y de trabajadores en nuestro país están subcontratados bajo esquemas que no les garantizan los derechos laborales previstos por la ley como salud, vivienda y el ahorro para el retiro.
Desde el punto de vista empresarial, agregó, outsourcing ilegal también representa una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones y actúan conforme a la legislación laboral, por ello, la necesidad de revisar el marco legal de la subcontratación en México.
Por su parte, los titulares de la Secretaría del Trabajo, del IMSS y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante su participación en este Foro coincidieron en señalar que “la fiesta se acabó” por el bien de todas y todos los trabajadores de México, en referencia al outsourcing ilegal.
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Santiago Nieto Castillo, quien encabeza la UIF, manifestó que no se puede como país, como sociedad o como Estado que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción del Estado Social de Derecho, “mantener una política de outsourcing ilegal, tolerado desde las autoridades”.
Coincidió con la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, en el sentido de que la subcontratación ilegal ha generado una evasión fiscal de 21 mil millones de pesos tan solo por parte de unas seis mil empresas que cometieron prácticas de outsourcing abusivo el año pasado.
Nieto Castillo planteó la posición de la UIF en torno al tema, al señalar que es necesario combatir las operaciones de lavado de dinero y cualquiera de sus delitos predicados, incluyendo los vinculados con corrupción, al que se asocia a las empresas fachada, conteniendo los temas de defraudación fiscal que se asocian a las empresas que facturan operaciones simuladas y que se vinculan en ambos supuestos a casos también de outsourcing ilegal.
ALERTA DE TRAMPA
La secretaria del Trabajo destacó que hoy se estima que cerca de cinco millones de trabajadores se encuentran en esta práctica ilegal de subcontratación, por lo que criticó que por estas acciones se precariza el mercado laboral, además de que se afectan a los empleados porque se les priva de prestaciones laborales y de la antigüedad en sus empleos.
Hizo un llamado a los legisladores a “no caer en la trampa” en la regulación de la subcontratación que busca otorgar los mínimos derechos laborales y expuso que, desde 2012, no se realizó ningún tipo de inspección para detectar las malas prácticas, de las “empresas de papel”.
Sobre el mismo tema, Zoé Robledo señaló que, por la práctica de la subcontratación, solo en diciembre del año pasado 14 mil 553 compañías despidieron a toda su plantilla de empleados, por fortuna muchas de estas fueron detectadas y en enero empezaron a contratar otra vez a su mismo personal.
Como dato, el director del IMSS resaltó que los 21 mil millones de pesos anuales de evasión, significarían para la institución el equivalente a construir 14 hospitales de segundo nivel y 210 clínicas de primer nivel de atención.
Yo prefiero que los trabajadores en este país tengan mejores hospitales, mejores servicios y cada vez haya menos empresarios presumiendo sus aviones, sus yates, sus autos, sus relojes, porque además lo hacen con un descaro que simplemente eso sí calienta.
Robledo subrayó que la subcontratación también afecta a los empresarios, tanto a aquellos que sí cumplen con la subcontratación legal, pero quedan en desventaja contra aquellos que no, como aquellos que lo hacen de forma ilegal y después enfrentan demandas.
“También hay una afectación importante a los ingresos públicos y en particular a los del IMSS por el subregistro (las empresas no reportan el salario real de los empleados) y también por la subcontratación porque no ingresan los montos por la vía de cuotas que corresponderían a los salarios de los trabajadores y esto genera una afectación histórica en los ingresos del Seguro Social”, explicó.
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Zoé Robledo se refirió al outsourcing bueno y malo. El primero, dijo, puede ayudar con reglas establecidas y a las que se deben fortalecer; sin embargo, las malas “cuando hay abusos, engaños, simulaciones y arbitrariedades, no se pueden permitir.
Siguiendo la lógica del colesterol bueno y el malo, ahí hay otro ejemplo de cómo una misma situación, cuando tenemos esta cara -disculpen la expresión- del agandalle, de los vivales, dañamos a todos los demás, a todos los que pueden estar haciendo un uso correcto.
Este Parlamento Abierto es el segundo que se realiza en el Senado, luego de que fue aprobado el dictamen correspondiente por mayoría el pasado 3 de diciembre en comisiones sobre la regulación del “outsourcing” o subcontratación laboral.
En esta segunda versión de Parlamento Abierto, representantes del Gobierno federal, del sector empresarial, líderes sindicales y académicos, podrán opinar y deliberar en torno al dictamen que fue aprobado en comisiones unidas en diciembre pasado y, en su caso, podrá ser modificado con las aportaciones que realicen los nuevos participantes.
