Este jueves María Elena Ríos, quien fue víctima de un ataque con ácido, se presentó a declarar por medio de un careo frente a su agresor, el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal.
Así lo informó la propia oaxaqueña, quien detalló que se presentó en el penal de Tanivet en Tlacolula, Oaxaca, para declarar ante el juez José Gabriel Ramírez Montaño.
A casi 5 años, hoy miraré a los ojos a #VeraCarrizal y le diré al Juez #JoséGabrielRamírezMontaño todo el dolor y sufrimiento que me han obligado a vivir, tras este cobarde ataque con #ácido.
📍Estoy aquí, en el Penal de Tanivet, en #Tlacolula #Oaxaca.
🔴 Es #Feminicidio y… pic.twitter.com/BlWr4FNA7a
— • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) July 4, 2024
Ríos Ortiz añadió que luego de casi cinco años de la agresión vería a los ojos a su agresor y, también, declarar ante el juez por todo el ataque que atravesó.
La declaración de María Elena se produce a raíz de la denuncia que interpuso contra el juez José Gabriel Ramírez Montaño, a quien ha acusado de beneficiar a Vera Carrizal.
La también activista señaló que el juez busca una declaración de ella pese al amparo federal que concede la suspensión del juicio oral respecto al intento de feminicidio que padeció.
Incluso, María Elena Ríos también compartió en sus redes sociales un video en el que denunció cómo el juez se ha burlado de sus abogadas durante la audiencia.
“A ver abogada, me está diciendo machista, me está diciendo que yo abuso de usted por ser mujer, por favor, abogada”, se escucha decir al juez en el video.
FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
“No me tache de misógino, de machista porque yo no la estoy atacando a usted por cuestión de género, yo pido que por favor no involucren la perspectiva de género en cualquier incidente que se promueva en el debate o cualquier circunstancia que ustedes noten, porque no es así”, añadió el juez Ramírez Montaño.
Cabe recordar que María Elena Ríos colaboró con la diputada Marcela Fuente Castillo y otras activistas y sobrevivientes de ataques con ácido para promover la Ley Ácida o Ley Malena, que busca clasificar la violencia ácida como una forma de feminicidio.
Esta iniciativa legislativa obtuvo un notable avance el 9 de marzo, cuando la Cámara de Diputados de México aprobó unánimemente sanciones de entre siete y quince años de cárcel para quienes causen lesiones mediante ácido, extendiendo las penas hasta 22 años en casos donde las víctimas sean mujeres, personas con discapacidad o menores de edad.
