La ruina del maíz

Con una estrategia similar a la que utilizó para avalar la entrada de acero chino en territorio mexicano, sin impuestos, desarticulando a los productores nacionales, la Secretaría de Economía del anterior gobierno autorizó la importación de casi dos millones de toneladas de maíz blanco transgénico para consumo humano procedentes de Sudáfrica.

Y no solo eso. Dio facilidades a las grandes empresas harineras trasnacionales ADM y Cargill para comercializar el producto, lo que ha afectado a maiceros de Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Morelos, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Coahuila, entre otros.

Sinaloa es uno de los mayores productores de maíz blanco de México y del mundo, sólo África del Sur y Estados Unidos están por encima.

A pesar de que México no tiene ningún acuerdo comercial con esa nación africana, el maíz transgénico entró con cero arancel cuando por ley debería haber pagado un 194 por ciento de impuestos.

Esta entrada masiva ha dejado en la ruina a los productores que acababan de recolectar dos millones 140 mil toneladas y hoy tienen problema para comercializarlas porque no pueden competir con el importado,  que es más barato.

Esta decisión se justificó con el argumento de que la importación detendría el alza en los precios de la tortilla. Pero ocurrió al contrario, lo que hizo fue dispararlo, porque las empresas ya habían ajustado el coste.

El pretexto fue que compraban maíz mexicano a más de 5 mil 300 pesos la tonelada, pero lo cierto es que solo un pequeño lote cosechado en Jalisco se adquirió a ese precio, el resto estaba a cuatro mil 800.

Más beneficios

Con ello, las harineras incrementaron sus beneficios al pagar menos al productor y vender la harina al tortillero en 9 mil 800 pesos la tonelada.

Así, los inventarios empresariales se llenaron de maíz sudafricano subsidiado, que hoy usan contra los productores nacionales ya que tienen existencias suficientes hasta octubre, fecha de la cosecha de Estados Unidos.

En una palabra, pueden “especular” a diestra y siniestra sin importar el daño causado.

Las consecuencias

La importación del maíz de Sudáfrica causó también daño al erario nacional. Al no cobrar el arancel del 194 por ciento a un millón 337 mil 410 toneladas de grano con un precio promedio de 351 dólares tonelada, las arcas del Estado dejaron de ingresar unos 722 millones 923.6 mil dólares.

Solo el maíz importado en los cinco primeros meses del año significó un 25 por ciento más que en el mismo periodo de 2007, fecha en la que el país se enfrentó a un severo desabastecimiento que disparó los precios de la tortilla. Tal fue la gravedad que el entonces presidente Calderón llamó a todos los agentes económicos a firmar “un pacto de la tortilla”.

Pero además de las pérdidas económicas por no cobrar el impuesto, hay que recordar que los productores nacionales tienen prohibido producirlo genéticamente modificado, es decir, “transgénico”.

Se estima que, hasta 2014, los maiceros podrán tener acceso, por ley, a usar esta biotecnología. Sin embargo, compiten en desventaja en el mercado desde 1998, cuando México comenzó a importar maíz amarillo transgénico para usos industriales y pecuarios.

Por lo pronto, José Guillén, dirigente de la Coalición de Organizaciones Campesinas y Populares (COCP), anticipó que por lo menos seis agrupaciones de productores pedirán amparo contra Sagarpa, Economía y Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) por violar la Ley de Comercio Exterior.

“Necesitamos el concurso y la participación del gobierno para contrarrestar una práctica de comercio, a todas luces desleal”, agregó.

Ante la crisis que ya enfrentan los maiceros, el pleno de la Cámara de Diputados exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a proteger a los productores de maíz blanco.

Para ello llevaron al pleno un punto de acuerdo que solicita, además, que Sagarpa y Economía diversifiquen las fuentes de producción y abastecimiento y que se retribuya el diferencial del precio prometido a los productores de maíz blanco, compensando su costo de producción. También piden restablecer el esquema de agricultura por contrato para proteger a los agricultores y hacer las gestiones necesarias para que el pago del maíz blanco se realice al precio internacional.