La reforma del futuro

La reforma en telecomunicaciones llega a México en medio de litigios entre empresas, juicios contra el gobierno, retrasos en las licitaciones de servicios públicos y falta de conectividad.

Mientras otros países latinoamericanos están preocupados por llegar a las localidades más apartadas y a los puntos más cerrados de los edificios, aquí persisten las mismas preguntas.

¿Querrá Slim una tercera cadena de televisión abierta, MVS conservará la banda de 2.5Ghz, les arrancarán poder a Televisa y TV Azteca?

El ambiente de confrontación que ha caracterizado el debate de las telecomunicaciones refleja falta de política pública hacia los contribuyentes, considera Jorge Fernando Negrete, director de la consultora Mediatelecom. 

Lo secunda Jorge Atton Palma, subsecretario de telecomunicaciones de Chile, quien explica prácticas en su país que reflejan retrasos y desconocimiento en México.

Las modificaciones legislativas deberían poner al día temas que los países vecinos prepararon durante años.

Hasta ahora solo hay silencio. Miembros de la industria y de organizaciones civiles especializadas aseguran que no han tenido acceso al borrador de la reforma y no fueron consultados para elaborarla.

No a la contraprestación

Jorge Atton Palma sonríe al otro lado de la línea de Skype. Se observan detrás de él varios cuadros de su oficina en Santiago de Chile. Ofrece la entrevista a través de su teléfono inteligente, es una llamada en video. 

Explica cómo licitaron en su país la banda de 2.5 Ghz que en México ha llevado a que la empresa MVS vaya a tribunales para evitar un “rescate” de las frecuencias que les concedió el gobierno mexicano en los 80.

“Es un concurso público en el que participa cualquier concesionario, incluso nuevos operadores, y se buscan básicamente por dos conceptos: uno por cobertura de población en el territorio y por tiempo de implementación y en base a eso se dan puntajes”, detalla. 

En Chile están instalando los servicios de red 4G, que existen en México en pocas colonias por iniciativa de los operadores. 

Las condiciones de la licitación chilena no solo buscaron cobertura, sino calidad de señal en espacios cerrados. 

Amplía: “Normalmente lo que se hacía era solo cobertura sobre la población general, territorial, pero además pusimos condiciones técnicas de cumplimiento, niveles de satisfacción dentro de los edificios o de las casas”.

Otra de las reglas para esta licitación fue que en las 600 localidades más apartadas del territorio chileno, donde no hay cobertura de telefonía ni Internet, los operadores que ganaran la concesión debían ofrecer estos servicios en un máximo de 18 meses después de tenerla. 

“Independientemente de que podía ser 4G, 3G u otra tecnología, los precios de esas localidades deben ser iguales que los precios de las capitales regionales”, afirma. 

El año pasado, el debate sobre la banda de 2.5Ghz en México se centró en el pago que el gobierno calderonista exigía a MVS como contraprestación por usar esa franja del espectro radioeléctrico.

La compañía ofrecía 11 mil 164 millones de pesos, cifra similar al precio por habitante que se negoció cuando esa banda fue licitada en Brasil.

El gobierno de Calderón quería 27 mil millones de pesos, igual al costo por el que vendieron el uso de ese espacio en Suecia.

En Chile la situación fue muy distinta. Bajo la concepción de que el gobierno no recuperaría mucho dinero y a cambio obtendría mejores servicios, en zonas más intrincadas y con una cobertura más rápida, apenas obtuvieron 12 millones 470 mil dólares, unos 158 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Atton expone porqué: “No hay acá una subasta pública en cuanto a dinero, el espectro es una concesión que se entrega contra exigencias de servicios. 

“En términos económicos, si tuviéramos que hacer la inversión como Estado habríamos gastado en el orden de 100 millones de dólares para llegar a esas 600 localidades”.

Bajo estas condiciones los que operarán esta frecuencia allá serán Movistar, Claro (nombre de Telcel en Sudamérica) e Intel, principal operador móvil en Chile.

El concurso se realizó en agosto del año pasado y el gobierno chileno dio como plazo un año para que los operadores hicieran la inversión, colocaran las antenas y comenzaran a dar los servicios, pero ya Claro lo tendrá listo en marzo.

“Estimamos que en el segundo trimestre de 2013 vamos a tener la cobertura total de 4G nacional”, se congratula Atton, quien considera que con este paso entrarán a los niveles de conectividad que necesitan. 

Muchas de sus redes 3G en Chile están saturadas, ya que cada vez más usuarios tienen teléfonos inteligentes, envían y reciben más información. 

Esta concesión va a permitir que los chilenos tengan en el mismo contrato servicios de Internet, voz sobre Internet y televisión en línea por 25 dólares mensuales, mientras los servicios de 3G no superarán los 12 dólares, casi la mitad de lo que cuestan hoy en México.

Falta de política pública

La diferencia entre los conflictos políticos en torno a las telecomunicaciones que persisten en México y los avances en Sudamérica radican en que no han existido políticas públicas que valoren la convergencia.

En opinión del especialista Jorge Fernando Negrete, director de la consultora Mediatelecom, la administración de Felipe Calderón “fue incapaz de construir una visión estratégica, amplia, robusta, clara y precisa del sector de telecomunicaciones”.

Armaron un eslogan que buscaba la competencia, convergencia y cobertura, pero no pasó de ahí.

“Hubo acciones en materia de competencia, pero poco ordenadas, caóticas y que retrasaron mucho más las inversiones en el sector”.

La convergencia de servicios, clave en el futuro de telecomunicaciones, no fue prioridad en el gobierno pasado.

La estrategia se basó en el acuerdo de convergencia delimitado en el gobierno de Vicente Fox, incluso repite párrafos textuales.

A diferencia del caso chileno, en México en ningún momento se ha mencionado exigencias del gobierno para que los operadores lleguen a zonas rurales ni mejoren los servicios de datos al interior de las edificaciones.

Tampoco se habla de la convergencia, la cual consiste en que una señal que originalmente fue pensada para televisión abierta ahora podrá pasar por dispositivos móviles o por la computadora.

“Hablamos de cuádruple play. Una gente normal podría tener en una sola factura su sistema de televisión por cable, Internet, teléfono de casa y telefonía móvil”, recalca Negrete. 

A su parecer, los gobiernos anteriores no vieron cómo la tecnología podía convertirse en una herramienta de transformación social, que permite hacer cursos a distancia, buscar en línea información que mejora la vida de las zonas marginadas porque les da acceso a un mundo más amplio que su propio contexto.

Ahora el gobierno de Enrique Peña propone establecer el acceso a banda ancha como derecho constitucional, pero tampoco ha delimitado qué condiciones de cobertura, calidad ni tiempo de implementación exigirán a los operadores.

En opinión de Negrete la política implementada durante el gobierno anterior construyó “un ambiente muy emocional, totalmente mediatizado, poco técnico, donde disminuyeron las inversiones, no se ofreció convergencia, no se ofrecieron servicios de telecomunicaciones a los usuarios, no hubo un impacto de las tecnologías de la información en la economía  medible, real”. 

En esta visión que parece futurista, pero a la que le falta menos de un lustro, el usuario común podrá usar su celular para pagar en un restaurante, para que su refrigerador le indique qué le falta comprar, para que su auto esté conectado a Internet. 

En todo ello se usa espectro radioeléctrico; para 2017 el tráfico de datos será 25 veces mayor que hoy. 

“La televisión abierta como la conocemos va a cambiar, a más banda ancha la gente pasa más tiempo viendo computadora y bajan los ratings de televisión. 

“Las empresas de televisión tienen que meterse al sector de telecomunicaciones y a la televisión de paga para poder suplir los ingresos que están perdiendo porque su modelo de negocios ya se transformó”, afirma Negrete. 

A esto atribuye el especialista que las empresas de televisión abierta estén comprando compañías que ofrecen televisión restringida o asociándose con telefónicas, como hizo Televisa con Iusacell. 

En esta visión, la reforma de telecomunicaciones debe reenfocarse hacia servicios convergentes y televisión digital, ya que según el reporte más reciente de la empresa de medición de consumo en línea ComScore, en México aumentó en un 47 por ciento el número de videos vistos por Internet en los últimos años.