Para operar con las empresas de los Borgio, entre 2010 y 2013 fundaron una serie de compañías bajo prestanombres
Los intereses y negocios comunes de la familia Rodríguez Borgio y sus empresas en relación con Oceanografía, cada vez apuntan más claramente a la hipótesis de que podría tratarse de un caso de delincuencia organizada.
Javier Rodríguez Borgio dirige el grupo GGM con su socio Martín Díaz Álvarez, quienes han insistido en que sus empresas son entes separados y no funcionan como un grupo que incluye a Oceanografía, acusada de fraude.
Sin embargo en el reportaje publicado en Reporte Indigo esta semana se dan evidencias que podrían conducir a la relación existente entre Oceanografía (cuyo socio mayoritario es Amado Yáñez y minoritario Díaz Álvarez) y el Grupo GGM que dirige Rodríguez Borgio.
Además, dos investigaciones radicadas desde agosto del año pasado ante la Procuraduría General de la República (PGR) indican que sí habría una relación entre ambas.
El elemento novedoso de esta parte de la investigación es Víctor Hugo Rosales Angulo, un exempleado de Hacienda que trabaja como operador financiero.
Entre julio del año pasado y enero de este año, Rosales reestructuró la red de compañías que contratan el personal que labora para Caja Libertad, los casinos Big Bola y Grupo Gasolinero Mexicano (GGM).
Excolaboradores de estas empresas que dieron su testimonio a Reporte Indigo bajo condición de anonimato, aseguran que este empresario es “quien le resuelve sus problemas fiscales” y que al interior del grupo GGM de los Borgio, se considera a Oceanografía como “una empresa más”.
Hasta ahora, tanto Martín Díaz como Javier Rodríguez Borgio han admitido tener negocios con Oceanografía, pero no que forman parte de un solo grupo.
La maraña de empresas, registradas en su mayoría por medio de prestanombres, deja ver que Rosales funciona como un operador que va mucho más allá de ser simplemente quien triangula la nómina de las empresas.
Sus vínculos políticos, según él mismo ha dicho en las negociaciones relatadas a Reporte Indigo, llegan hasta Juan Collado, exconsejero jurídico de la presidencia durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari.
Una red de prestanombres
Las declaraciones indican que en los últimos meses 40 millones de pesos en efectivo, de GGM, se recogieron en sus oficinas e ingresaron al circulante bancario
En los pasillos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Hugo Rosales se mueve con soltura, relataron en sus declaraciones a la PGR quienes lo conocen.
Con sus nuevos contactos se presenta como contador, y paga las comidas como su regalo de bienvenida.
Su carta de presentación, coinciden, es haber sacado a varios de sus clientes de serios problemas fiscales.
En algunas de sus cuentas ni siquiera cobra, dice que puede sacar sus ganancias de los montos que logra “arreglar” ante Hacienda.
Para los hermanos Borgio, Rosales es una carta medular que consideran como intocable dentro de su estructura de negocios.
En abril del año pasado la sociedad con Víctor Hugo Rosales, que maneja la compañía Belastin Group, hasta entonces fiscal, ocupó también la operación de todo el personal que trabaja para las empresas de la familia, incluida la caja de préstamo Libertad, los casinos Big Bola y el Grupo Gasolinero Mexicano (GGM).
Este grupo incluye a GGM Shipping y GGM Energy, dueñas de los barcos más importantes de Oceanografía.
Los excolaboradores, que dieron su testimonio a Reporte Indigo, insisten en que Oceanografía forma parte de GGM, y que fue incluida como una empresa más en el esquema de reestructuración de personal que implementaron el año pasado a través de Rosales Angulo.
Ellos no saben si la operación ya llegó hasta Oceanografía –la empresa que administra el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) desde el 28 de febrero pasado– y cuyo socio más visible es Amado Yáñez.
Sin embargo, el testimonio de los excolaboradores indica que en este esquema también se incluyó a Oceanografía, aunque el escándalo y la intervención de la empresa hicieron que no diera tiempo a que se implementara por medio del outsourcing de Rosales aunque los trámites estaban terminados.
Aseguraron a Reporte Indigo que la nómina de Oceanografía se paga hasta ahora por el Grupo Impulsora del Sur, administrado por Fabián Narváez.
Desde abril del año pasado Belastin Group tomó el control del manejo del personal de los trabajadores de Libertad, Big Bola y GGM.
Belastin se define como una compañía que da soporte como despacho externo y se especializa en asuntos del SAT, soluciones de gestión laboral, recursos humanos y consultoría jurídico-laboral.
Para operar con las empresas de los Borgio, entre 2010 y 2013 fundaron una serie de compañías que operan bajo prestanombres.
De esta forma, Elvag, S.A. de C.V., comenzó a ser la prestadora de servicios y pagadora de Libertad Servicios Financieros, que fue dirigida públicamente por Martín Díaz hasta el pasado 1 de marzo.
Elvag fue fundada en octubre de 2010 ante la notaría 232 y tiene una dirección en Ciudad Satélite, municipio de Naucalpan, conurbado con la Ciudad de México.
Ahora se paga por medio de esta compañía a los 2 mil 892 empleados que Libertad triangula por medio de un operador de recursos humanos.
A pesar de que Libertad tuvo al cierre de 2013 casi 10 mil millones de pesos en activos, prefirió no pagar su propia nómina.
La consultora de Rosales financió la nómina de julio del año pasado por dos millones de pesos.
Por estos servicios, además de cumplir las obligaciones fiscales de compañía y servir como su triangulación en recursos humanos, cobró apenas el 4 por ciento, cuando los estándares para compañías similares rondan entre el 13 y el 25 por ciento por manejo de nómina.
Las declaraciones ante la PGR indican que este bajo cobro de servicios es un claro indicio que Rosales tenía otra fuente de ingreso por parte de la sociedad Borgio-Díaz.
El reporte de ingresos de Elvag ante el SAT, en agosto pasado, del que Reporte Indigo obtuvo una copia, muestra que por los casi 3 mil trabajadores erogaron un IVA de 893 mil pesos y el total de impuestos fueron 1.4 millones de pesos.
La indagatoria también menciona que tanto esta como otras operaciones financieras, se han realizado por medio de una sucursal de Banorte ubicada en el centro de la Ciudad de México.
El vínculo con el personal de esta sucursal, indican las declaraciones, permitieron en los últimos meses que 40 millones de pesos de GGM que se recogió de sus oficinas, en efectivo, ingresara al sistema formal de circulante bancario.
El IMSS los hunde
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó en un comunicado, que ha coadyuvando con la Procuraduría General de la República en la investigación de Oceanografía por presuntos actos de corrupción, y se comprometió a informar oportunamente sobre los frutos de su investigación.
En el escrito, la para estatal informó el incumplimiento en el pago de cuotas obrero-patronales por parte de Oceanografía. También encontraron inconsistencias en los registros, salarios y pagos de la empresa.
“En los últimos años el IMSS ha detectado inconsistencias en los registros, salarios y pagos por parte de Oceanografía y de diversas empresas con ella relacionadas, lo que ha llevado a realizar múltiples actos de autoridad, que han sido objeto de impugnación ante los tribunales por parte de dichas compañías, dice el comunicado, sin especificar qué tipo de actos de autoridad fueron realizados.
Explica que desde el 2010 la paraestatal ha realizado más de 100 actos, 30 tan solo en 2013, pero todavía no se resuelven los 10 juicios contra Oceanografía (y empresas relacionadas), relativos a los ejercicios fiscales de 2007 a 2013.
Big Bola también en el grupo
La misma operación de triangulación de sueldos se dio con los casinos Big Bola, operados por medio de la compañía Comercial de Juegos de la Frontera.
Belastin Group, de Víctor Hugo Rosales, colocó como prestadora de servicios para esta compañía a Doex, creada en diciembre de 2010, también con una dirección en Ciudad Satélite.
Mientras Doex presta los servicios de los mil 800 empleados de Big Bola, la pagadora es Acciones y Oportunidades en Comercialización, creada en mayo de 2012 con dirección fiscal en el centro de la Ciudad de México.
Por el total de empleados de Big Bola, que operan en sus sucursales en todo el país, pagó apenas 140 mil 865 pesos, según los registros del SAT de los que este medio obtuvo copia.
La tercera compañía del Grupo, que se compone de mil 500 empleados entre GGM Gasolineras, GGM Shipping y GGM Energy, pasó al control de la consultora manejada por Hugo Rosales.
La pagadora de GGM, –donde se incluyen al menos los barcos Osa Goliath y Caballo Maya rentados por Oceanografía a Pemex– también es un outsourcing creado a modo.
CJK Developed & Managed paga a los empleados de GGM, según la indagatoria asentada ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), iniciada en agosto.
Esta pagadora se creó en diciembre de 2010, de acuerdo con los datos de su RFC.
En el grupo se incluye a otra compañía con dirección en Campeche, de la que hasta ahora no se había publicado.
Se trata de Voyager Energy de México, fundada en octubre de 2012.
Esta empresa también paga a sus empleados por medio de una tercera, registrada como Devvon, S.A. de C.V. y registrada a ante Hacienda en julio de 2012.
La pagadora de esta nueva compañía perteneciente a la red es Terminal de Negocios, con dirección fiscal en la colonia del Valle, en el Distrito Federal.
